Resguardo Guayaberos de Barrancón

De SMT - ONIC
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Descripción geofísica

Localización geográfica

Está ubicado en la parte central del municipio de San José del Guaviare, en el departamento de Guaviare. Limita al norte con el resguardo El Refugio, al oriente con el resguardo La Fuga y al occidente con el departamento de Meta[1].

Geología estructural

En el área se presenta plataforma sedimentaria con control tectónico parcial[2].

Geomorfología

Relieve

En la zona se encuentran sistemas aluviales, llanura aluvial de desborde de los ríos andinos[3]. Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran:

  1. Depósitos de sedimentos aluviales heterogéneos.
  2. Los materiales más gruesos se encuentran cerca de la cordillera[4].

Modelado

En la zona se encuentran:

  1. Planicies aluviales de pendiente media plana, con bancos, meandros, cauces abandonados, diques y cubetas de desborde.
  2. Terrazas con pendiente media plana con presencia de diques y cauces abandonados[5].

Ocurren procesos de modelado por:

  1. Inundaciones periódicas.
  2. Aluvionamiento.
  3. Escurrimiento difuso leve[6].

Los procesos secundarios son:

  1. Socavamiento leve.
  2. Disección incipiente.
  3. Encharcamiento de suelos.
  4. Desbordes ocasionales[7].

Se encuentran paisajes de:

  1. Planicie aluvial con inclinación menor al 7% y drenaje imperfecto a excesivo.
  2. Planicie aluvial con inclinación menor al 7% y drenaje pobre a muy pobre[8].

Hidrografía

Cuencas

El resguardo está en la cuenca del Medio Guaviare[9]. La escorrentía de la zona es de 1500 a 2000 mm anuales[10]. Se presentan ambientes sedimentarios y vulcano clástico con buenas posibilidades hidrogeológicas[11].

Sistemas lóticos

En el resguardo se encuentran el río Guaviare y los caños Bejuco y La Fuga.[12]

Sistemas lénticos

No hay presencia de sistemas lénticos representativos.

Climatología

Clima

El resguardo está entre los 0 y los 800 metros sobre el nivel del mar[13] y se caracteriza por los siguientes elementos:

  1. La temperatura es mayor a 24°C.[14].
  2. La precipitación anual es de 2000 a 3000 mm anuales[15].
  3. El periodo lluvioso es en los meses de abril a noviembre[16].

Zonificación climática

El clima en la zona es cálido a muy húmedo[17].

Amenazas naturales

El resguardo tiene baja amenaza por remoción en masa y baja amenaza sísmica. Se presentan inundaciones frecuentes[18].

Descripción biótica y ambiental

Características biofísicas

Zonas de vida y biomas

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, el área del resguardo corresponde a la zona de vida de bosque húmedo Tropical (bh-T)[19]. Respecto a los biomas, según el Módulo de Información Geográfica del Observatorio de Territorios Étnicos y el Mapa de Ecosistemas Continentales, Marinos y Costeros de Colombia, el área pertenece al Zonobioma Húmedo Tropical y a los Helobiomas de la Amazonía y Orinoquía. Es importante destacar que en la zona se encuentran ecosistemas que han sido transformados en agroecosistemas mixtos y agroecosistemas ganaderos semi-intensivos e intensivos[20].

Áreas para la conservación y traslape con áreas protegidas

El resguardo no se traslapa con áreas protegidas.

Nota: Es fundamental tener en cuenta que los ecosistemas naturales del área han sido transformados, de allí que las iniciativas, prácticas tradicionales de conservación y manejo ambiental de los recursos naturales en la zona son importantes, y contribuyen a preservar las condiciones de vida y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas.

Biodiversidad

Introducción

En el territorio del resguardo la bioversidad de flora y fauna es alta; hay gran variedad de plantas silvestres y especies de animales que habitan los ecosistemas que aún conservan su estructura y composición primaria[21].

Fauna

Especies de fauna representativas del resguardo:

  • Mamíferos: araguato (Alouatta seniculos), armadillo (Dasypus novemanctus), chaqueto (Dasyprocta fuliginosa), chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris), churuco (Lagothrix lagothricha), danta (Tapirus terrestris), gurre o cachicamo (Dasypus sp.), lapa (Agouti paca), mico maicero (Cebus apella), mico tití (Saimiri sciureus), perro de agua (Lontra longicaudis), ulaman (Eira barbara), tigre (Panthera onca) y venado (Odocoileus virginicus).
  • Reptiles: cachirre (Paleosuchus trigonatus), iguana (Iguana iguana), tortuga matamata (Phrynops nasuta), tortuga morroco (Geochelone denticulata) y tortuga tereca (Podocnemis unifilis)
  • Aves: gallinetas, guacamaya (Ara sp.), gaviota, loro, pato aguja (Anhinga anhinga), pato real, paujil (Crax mitu) y pava (Opistoconus hoatzin).
  • Insectos: hormiga culona.
  • Peces: bagre, cherna, guerebe, palometa, cachama, mojarra, ñamú y sapuara[22].

Flora

Especies de flora representativas del resguardo: Entre las especies de flora registradas para el resguardo y consideradas de gran importancia por la comunidad del mismo se encuentran: pusui o manaca (Euterpe precatoria), moriche (Mauritia flexuosa), wichire (Attalea regia), seje (Jessenia polycarpa), ucuqui o makí (Pouteria ucuqui), cumare (Astrocaryum chambira), bejuco de yaré (Heteropsis jenmanii), cabo de hacha (Aspidosperma spruceanum), majagüillo (Bocageopsis multiflora), cedro (Cedrela sp.) y Gualanday (Jacaranda caucana)[23].

Uso de los recursos naturales renovables

En su plan de vida, la comunidad del resguardo consolidó el listado de las especies de flora y fauna importantes para su uso tradicional. La base de su alimentación es la yuca (yuca dulce y yuca brava); a partir de esta preparan fariña, casabe, almidón para diferentes alimentos y para la preparación de la chicha de yuca. También consumen pescado y lo preparan muquiado, con ají en quiñapira, al igual que los demás animales de caza, como cachirre, danta, oso, lapa, mico, tortuga, matamata[24]. Las especies identificadas con fines medicinales, la comunidad considera que son abundantes a excepción del yopo que, a pesar de ser necesario para las prácticas tradicionales con los payés, es escasa dentro del resguardo y actualmente de poco uso ritual. Consideran abundante el Wichire, el cual se utiliza para alimentación, vivienda y elaboración de artesanías (esteras, escobas, utensilios de cocina)[25]. Las especies de ucuquí y bejuco de yaré las clasifican como escasas, con tendencia a ser extintas; El yaré que es la materia prima clave para la elaboración de artesanías, se encuentra en condición similar, debido al agotamiento del bosque y básicamente porque no se conocen formas de recuperarlo[26]. En época de verano, la comunidad suele frecuentar la laguna La Rompida donde se puede hacer buena pesca, se cogen huevos de tortuga y se puede pernoctar como es la tradición, para coger abundante pesca y moquear[27]. Por último, las fuentes de agua para la comunidad son sitios o espacios claves dentro de su cotidianidad, pues de ellas depende parte de la seguridad alimentaria (pesca y marisca); son sitios donde se desarrollan las actividades diarias, vías de comunicación y aprovisionamiento de agua para consumo[28].

Impacto ambiental

Proyectos

El resguardo está afectado por el bloque/contrato Crudos, operado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); por el bloque/contrato Río Ariari, operado por Petrominerales mediante modalidad de contrato Evaluación Técnica con ANH y por el contrato/bloque Crudos Pesados operado, por ANH en modalidad de contrato área especial ANH[29]. De acuerdo al Mapa de Área Petrolera en Resguardos, de abril del 2011, este está declarado como área de hidrocarburos, susceptible a afectaciones dentro y en áreas adyacentes[30].

NOTA: Este análisis se hizoe al sobreponer el Mapa de Áreas Petroleras dentro de Resguardo con la ubicación del resguardo según mapa del Sistema de Información Geográfico del Observatorio de Territorios Étnicos Recuperado de http://www.etnoterritorios.org/mig/map.phtml

Contaminación

El río Guaviare está afectado por la erosión en sus riberas y la contaminación por el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento. Los caños Bejuco y La Fuga (Laguna la Rompida) están contaminados por químicos. Para la agricultura se realizan actividades de socola, tumba y quema; en las viviendas se eliminan las excretas y aguas servidas a campo abierto, y en general los residuos sólidos se queman o disponen a campo abierto[31].

Cultivos de uso ilícito

El resguardo pasó de 0 hectáreas de coca, en el 2010, a 1 hectárea, en el 2011[32].

Planes de manejo y ordenamiento ambiental territorial

En el plan de vida se ha realizado una zonificación ecológica señalando espacios de asentamientos humanos (viviendas y espacios comunitarios); espacios de agricultura tradicional (Chagra indígena); cultivos en patios; espacios naturales de recolección de productos (frutos silvestres y otros) para subsistencia; espacios o sitios de caza y pesca de subsistencia[33]. El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete se encuentra inmerso o rodeado de figuras de ordenamiento y conservación de diferentes niveles, siendo el resguardo una de estas. En el área del resguardo, el uso y manejo debe enfocarse hacia la garantía de la existencia de la diversidad cultural y ambiental. El territorio es propiedad privada comunitaria de los indígenas y no puede ser enajenado ni embargado. Los recursos naturales que encierra deberán ser aprovechados a través de sistemas ecológicamente sostenibles y, en principio, según los usos y costumbres de las comunidades. De igual forma, el área protegida apoya la iniciativa de las comunidades indígenas que se oponen al desarrollo de actividades de minería y siembra de coca con fines comerciales[34].

Sistemas de organización y formas de gobierno

Gobierno propio y ley de origen

Ejercicio de soberanía sobre el territorio

El pueblo Jiw es de tradición semi nómada, sus formas de vida y relación con el entorno son determinadas por los desplazamientos alrededor del territorio, motivo por el cual éste constituye un lugar fundamental para la reproducción cultural como pueblo indígena, debiendo ser protegido en su totalidad para garantizar la movilidad. No obstante este carácter migratorio de los pueblos, como consecuencia de los procesos de colonización, conflicto armado y explotación extractiva de sus territorios, los Jiw han debido cambiar el uso tradicional del territorio, ubicándose en comunidades estables y debiendo transformar sus patrones de subsistencia y asentamiento[35]. A pesar de la transformación paulatina en pueblo sedentario, el territorio sigue concibiéndose como espacio de movilidad; un lugar protegido y regulado por las Autoridades Tradicionales o Curacas, encargados de la interlocución con los seres espirituales de la naturaleza[36] y el mantenimiento del equilibrio territorial.

Autoridades tradicionales: transmisión de autoridad y conocimiento sobre el territorio

Las Autoridades Tradicionales del pueblo Jiw o Curacas son aquellas personas que poseen el conocimiento de las plantas medicinales; mediante la comunicación con los seres espirituales de la naturaleza y especialmente con su Dios creador, los chamanes adquieren el conocimiento y poderes necesarios para ejercer el rol de sanadores[37]. Mediante la interlocución espiritual con seres sobrenaturales, los Chamanes regulan el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza; el pueblo Jiw concibe las enfermedades como castigos por el uso inadecuado de los recursos naturales, malestares que también pueden tener implicaciones en la estructura y armonía social de la comunidad[38]. Es importante anotar que en las prácticas curativas el Chamán utiliza plantas como el Tabaco, la Coca, el Yagé y el Yopo, estas dos últimas se entienden como maléficas, cuyo uso proviene de castigos por parte de los seres sobrenaturales para limpiar o purificar[39].

Instituciones políticas y sociales indígenas

Autoridades y representantes indígenas: elección o designación

El resguardo se organiza políticamente mediante la figura de cabildo, estando sujetos a la autoridad del Capitán, quien es poseedor del conocimiento tradicional[40] y representa a la comunidad ante instituciones públicas y privadas que tienen incidencia en el territorio. El resguardo Barrancón cuneta con Capitán y Secretario, no existe otro órgano que contribuya al fortalecimiento de la comunidad, por lo que la mayoría de labores recaen sobre esta Autoridad, quien representa a la población de los cinco sectores del resguardo: Palmeras, Escuela, Rincón Palmeras, Emilio y Ruben[41].

Espacios y acciones de reclamación y reconocimiento de derechos

El resguardo, representado por sus Autoridades Indígenas, hace parte de los procesos organizativos adelantados por la Asociación de Autoridades Indígenas del Guaviare (CRIGUA II), organización de carácter regional que surgió hace más de tres décadas con el propósito de representar y ser garante de derechos de las comunidades indígenas del Departamento[42]. No obstante, en el año 2011, obtuvo el reconocimiento del Ministerio del Interior como Asociación de Autoridades Tradicionales y/o Cabildos Indígenas[43]. CRIGUA II ha encaminado sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la construcción y consolidación de Planes de Vida, así como la formulación de una política pública con enfoque diferencial en los componentes de salud y educación, en éste último mediante la construcción de currículos propios y creación de Instituciones Educativas Indígenas[44]. El CRIGUA II ha proyectado además procesos de concertación y diálogo entre las Autoridades del resguardo y la administración municipal para el manejo y ejecución de los recursos del Sistema General de Participación (SGP)[45].A su vez, CRIGUA II representa a la población del Departamento ante otras instancias como la Organización de Pueblos los Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC)[46]. La OPIAC ha encaminado sus acciones al fortalecimiento organizativo, educativo, cultural y del ejercicio de la gobernabilidad, orientando sus acciones desde la Ley de Origen y el Derecho Propio[47]. Es importante anotar además, que CRIGUA II presentó una propuesta al Ministerio de Educación Nacional para la formulación del Proyecto Etnoeducativo del pueblo Jiw, propuesta que fue aprobada y se encuentra en ejecución. Según CRIGUA II, “esta propuesta reconoce la capacidad autónoma de los pueblos indígenas y sus organizaciones para la formulación e implementación de proyecto etnoeducativo, el cual, articulado plenamente con los planes de vida de la comunidad, llevaran sin lugar a dudas a generar un modelo de educación capaz de interpretar las necesidades y requerimientos de la población indígena tanto en el conocimiento científico occidental como la recuperación de las tradiciones culturales ancestrales y un pedagogía autóctona, que responda a las características sociales, lingüísticas y culturales del pueblo JIW”[48].

Jurisdicción especial indígena

Según la tradición cultural del pueblo Jiw, las faltas cometidas por los seres humanos se ven reflejadas en la aparición de enfermedades; el uso inadecuado de los recursos tiene repercusiones en la salud de la comunidad y puede desencadenar desequilibrios y desintegración social[49]. “El tipo de soluciones que ofrece el sistema judicial propio de este pueblo indígena registra: Calabozo, trabajo comunitario, trabajo obligatorio (limpiezas, arreglo de caminos y de cementerios), expulsión del territorio, rezos, soplos, ayunos y dietas, curaciones, baños, consejos, ortigada, desprecio, brujería, venganzas familiares, multas”[50].

Relación con actores e instituciones no indígenas Autoridades e instituciones estatales y privadas Las autoridades del resguardo, en el marco de los procesos de negociación y gestión con entidades públicas y privadas que hacen presencia en el territorio, han entablado relaciones con dichas instituciones buscando generar procesos de reivindicación y concertación en el manejo conjunto de los espacios en los que comparten jurisdicción. Es importante entonces mencionar la relación entablada con las siguientes entidades: Alcaldía Municipal de San José del Guaviare: el gobierno municipal es la entidad territorial encargada de la administración del presupuesto del Sistema General de Participaciones (SGP) asignado a los resguardos indígenas. De otro lado, la Alcaldía ha formulado en el Plan de Desarrollo para los años 2012 a 2015, una serie de estrategias encaminadas al fortalecimiento, inclusión y participación de los pueblos indígenas presentes en el territorio. De las líneas de acción y estrategias propuestas es importante destacar las iniciativas creación de la oficina de asuntos indígenas del municipio, la consolidación de una política pública de participación, el apoyo a la formulación de Planes de Vida y de Salvaguarda1. Así mismo se plantea generar espacios de concertación con la Autoridades Tradicionales para la implementación de programas con enfoque para garantizar la soberanía alimentaria. Finalmente es importante anotar la intención de consolidar y fortalecer el comité indígena municipal y la celebración de encuentros de saberes entre los diversos pueblos que habitan en el municipio[51]. Corte Constitucional: en el año 2012 la Corte Constitucional profirió el AUTO 173, en el cual ordena medidas de protección urgente para la población Jiw, quienes se encuentran en grave riesgo por los efectos del conflicto armado; han estado expuestos a situaciones críticas relacionadas con el conflicto armado. Es así como la Corte ordena la creación de un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia como medida de garantía de derechos y pervivencia de este pueblo[52]. En este documento también se aborda la problemática del resguardo por el uso de 6 hectáreas del territorio indígena por parte de las Fuerzas militares quienes instalaron allí una base de operaciones. La Corte ordena la movilización de dichas instalaciones, así como la plena indemnización a la comunidad, de otro lado ordena al Ministerio de Defensa donar un terreno equivalente al utilizado para la ampliación del resguardo[53]. Agencia Nacional-Petrominerales: según información aportada por el Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN) y la Organización Indígena de Antioquia (OIA), el resguardo se encuentra afectado por la adjudicación de licencias y concesiones para la extracción de hidrocarburos; la Agencia Nacional tiene en concesión el Bloque Crudos, a su vez la compañía Petrominerales tiene jurisdicción sobre el Bloque Río Ariari para evaluación Técnica con la Agencia Nacional de Hidrocarburos[54]. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA): en el año 2010 la CDA formuló un proyecto de establecimiento de 30 hectáreas de chagras. La iniciativa tiene como objetivo la garantía de seguridad alimentaria, además del apoyo al fortalecimiento cultural y territorial del pueblo Jiw[55]. Ministerio del Interior-Ministerio de Defensa Nacional: en el año 2011, ante la solicitud de la institución en mención, el Ministerio expidió certificación en la que ratifica la presencia del resguardo en los predios de influencia de interés para la ejecución del proyecto “Superposición de la Escuela de las Fuerzas Especiales e infantería de Marina en el Resguardo Indígena Barrancón”. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio insta a la institución a iniciar los procesos de consulta previa con las autoridades del resguardo[56].

Relaciones interétnicas

Según información consignada en el Plan de Vida, la comunidad mantiene relaciones con el pueblo Tukano, con quienes realizan intercambios de productos agrícolas, piscícolas y artesanales. Así mismo se anota la relación con el pueblo Nukak Makú, desplazados por el conflicto armado, quienes habitan en cercanías del resguardo[57]. De otro lado se anotan las problemáticas relaciones con la población colona por el aprovechamiento desmedido de los recursos naturales[58]. Finalmente la comunidad asegura ser receptora de un gran número de familias desplazadas de diferentes zonas del Departamento y la región, por lo que solicitan de forma urgente la ampliación del resguardo[59].

Actores armados

El Departamento del Guaviare ha sido un escenario de confrontación permanente entre los grupos armados ilegales y de éstos con el Estado. A partir de la década del ochenta del siglo anterior inició el proceso de consolidación de la guerrilla de las FARC en el territorio, mediante la presencia del Frente 1 y motivados por las ideales condiciones de la región para el establecimiento de cultivos de uso ilícito. Durante ésta década y el principio de los noventa hubo un incremento de la violencia debido a las disputas territoriales entre la guerrilla y los narcotraficantes, cada uno defendiendo los cultivos de coca. Como respuesta a la ola de violencia, el Gobierno Nacional tomo medidas como el despliegue de fuerza pública en la región, restricciones de movilidad y la fumigación masiva de cultivos[60]. Entre los años 1999 y 2001, los grupos paramilitares incursionaron en el territorio, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) iniciaron campañas militares a través del Bloque Héroes del Guaviare, situación que generó múltiples enfrentamientos entre este grupo y los Frentes 1 y 7 de las FARC. Como consecuencia de dichas pugnas por el control de la tierra el negocio del narcotráfico, las FARC recibió apoyo de los Frentes 44 y 39 del Meta y 16 del Vichada, a su vez, las AUC obtuvieron soporte del Bloque Centauros[61]. A partir del año 2002, con el inicio de la política de Seguridad Democrática, se efectuó un despliegue militar con el objetivo de recuperar el territorio del dominio de los grupos armados; dicho proceso tuvo como resultado la disminución de actividades de la guerrilla y entre los años 2004 y 2006 la desmovilización de gran parte de los integrantes de los grupos paramilitares. No obstante en este mismo año, 2006, fue evidente la creación de nuevas estructuras paramilitares como Los Cuchillo, Los Llanero y Erpac consolidadas por los previamente desmovilizados y algunos narcotraficantes de la región[62]. El aislamiento de gran parte del territorio del Departamento, así como la mínima presencia del Estado y las acciones permanentes de los grupos armados, convierten al Departamento y el Municipio de San José del Guaviare en una zona de guerra y confrontación, teniendo como consecuencia altísimos índices de violencia y desplazamiento forzado[63].

Resguardos fronterizos

No Aplica.

Uso, vocación y potencialidades de los suelos

Suelos

Características de los suelos

La mayor parte de los suelos amazónicos son pobres en nutrientes y tienen un bajo potencial de retención de elementos (calcio, potasio y fosforo). El bajo contenido de nutrientes se debe a dos causas: altas temperaturas y precipitaciones y la historia geológica de la región. La intensa meteorización y lavado (lixiviación) a través de millones de años, ha removido los nutrientes de los minerales que forman los materiales parentales del suelo. Los suelos amazónicos también tienen una muy baja capacidad de retención de los nutrientes, que se originan de la descomposición de la materia orgánica. Esto se debe, en parte, a la alta concentración de aluminio e hidrogeno, que ocupan los espacios en que los nutrientes deberían ser retenidos. El aluminio comprende un alto porcentaje de los minerales del suelo. El hidrogeno proviene de los ácidos orgánicos formados en la materia orgánica de la capa superior del suelo.[64]

Condiciones actuales

Intervención: Presencia de cultivos ilícitos en el departamento del Guaviare, el área de ocupación de estos cultivos presenta un incremento según los datos recopilados para el año 2011 (6839 ha) con respecto al año 2010 (5701 ha).[65] Además el municipio de San José del Guaviare donde se ubica el resguardo, se encuentra entre los diez municipios del país con mayor área sembrada de coca (1877 ha) según análisis para el año 2011.[66]

Vocación y recursos alternos

Utilidad

Las fuentes disponibles no aportan información suficiente para establecer las características del resguardo.

Recursos minerales

No hay reportes de explotación minera (oro, plata o platino) para el departamento del Guaviare.[67] Aunque en la parte oriental del departamento hay unas pocas solicitudes vigentes de actividad minera.[68]

Importancia, uso y aprovechamiento actual

Prácticas productivas-UAF

Autóctonas, Agrícolas y Pecuarias: En la etnografía tradicional los Jiw son descritos como un grupo seminomada ribereño de sabana, cuyo sistema agrícola se basaba en la explotación selectiva y estacional de distintos ambientes. Construían chagras en las galerías cercanas, abandonadas posteriormente para dedicarse a la recolección, la caza y la pesca. Como resultado de la expansión de la frontera agrícola así como de los constantes flujos migratorios en el área, se han trasladado hacia el bosque húmedo tropical, reduciendo considerablemente los periodos dedicados a las actividades extractivas y modificando su patrón de asentamiento y subsistencia. Actualmente complementan la horticultura de tumba y quema con actividades como el jornaleo, el intercambio de productos comerciales y la venta de artesanías. Por lo general siembran en la chagra yuca de varias clases (Manihot spp.), plátano (Musa spp.), piña (Ananas comosus), batata (Ipomoea batata) y algunos frutales; practican la ganadería, la pesca, la caza y cría de especies menores con fines comerciales. Su economía integra patrones tradicionales y formas propias de la economía nacional. La preparación de terrenos y algunas veces la siembra, se lleva a cabo mediante el convite o únuma, convocado por el jefe del asentamiento.[69] Unidades Agrícolas Familiares (UAF): En todas las cifras se ha asumido que la totalidad de los territorios de los resguardos son de uso agropecuario o que están en condiciones de ser explotados para producir bienes. Este es un supuesto exagerado que no tiene en cuenta la cultura y tradiciones productivas, ni descuenta en los territorios colectivos las áreas protegidas o no aptas para la actividad productiva y tampoco descuenta los lugares sagrados o en donde está prohibida la actividad económica. Si se introduce, como corresponde, esta restricción, el cuadro de tenencia efectiva de tierra por parte de las comunidades indígenas varía considerablemente y no se podría hablar de ninguna forma equivalente a la mediana o gran propiedad. Predominando el microfundio y la pequeña propiedad con menos de una UAF (5 hectáreas).[70]

Plan de desarrollo

Impactos en los territorios indígenas

Dentro del plan de desarrollo municipal se estipula un programa de acción denominado Municipio Indígena el cual tomaría acciones ante las diversas problemáticas que afectan a dichas comunidades, incluye un subprograma que pretende garantizar la seguridad alimentaria al interior de los distintos resguardos presentes en el municipio promoviendo proyectos productivos tradicionales o de etnodesarrollo.[71]

Estrategias de conservación

Las fuentes disponibles no aportan información suficiente para establecer las características del resguardo.

Planes de vida

El Plan de Vida formulado por la comunidad indígena que habita este resguardo se basa en los siguientes componentes:

  • Territorio
  • Cultura e identidad
  • Autonomía, Autoridad y Organización
  • Autonomía alimentaria

En el apartado de Autonomía alimentaria se menciona un proyecto que busca el fortalecimiento y recuperación del sistema de producción tradicional de las chagras.[72]

Demografía

Estructura, densidad y distribución poblacional

Censos y proyecciones

La población del resguardo Barrancón pertenece al pueblo Jiw (también denominados Guayabero, Mitua, Canima, Cunimia). El censo DANE del 2005 reportó 617 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Jiw, que representan el 0,04% de la población indígena de Colombia. El pueblo Jiw se concentra en el departamento del Guaviare, en donde habita el 36,6% de la población, seguido de Meta y Putumayo. Estos tres departamentos concentran el 74,7% de la población de este pueblo.

Pueblo Indígenas autoreconocidos en el censo del 2005 Porcentaje población indígena nacional
Jiw (Guayabero, Mitua, Canima, Cunimia). 617 0,04%

El Instituto Colombiano de Reforma Agraria por medio de la Resolución 068 de 1988 constituyó el resguardo Barrancón y adjudicó a la comunidad 2.500 hectáreas. La población del resguardo según:

  • Resolución de constitución número 068 de 1988 –INCORA-: la comunidad se encontraba conformada por 119 personas agrupadas en 24 familias.
  • El Censo Nacional de 2005 del DANE: reportó 242 indígenas en el resguardo.
  • Proyección estadística a 2012 –DANE-: se estima que para este año la población indígena del resguardo asciende a 286 personas.

La densidad población con respecto al año en el que se constituyó el resguardo correspondía a 21,00 hectáreas por habitante, y con base en la proyección poblacional del DANE para el año 2012, esta densidad es de 8,74 hectáreas por habitante.

Poblamiento y distribución espacial de la población

El pueblo indígena Jiw habita en el territorio del resguardo que se les asignó, y se encuentran distribuidos en ocho asentamientos a lo largo del río Guaviare, ejerciendo jurisdicción en 40.925 hectáreas pertenecientes al departamento del Guaviare. La comunidad indígena del resguardo Barrancón se encuentra asentada en la margen derecha del río Guaviare, en el municipio de San José del Guaviare. Los indígenas Jiw modificaron su patrón de asentamiento nómada por el sedentario. Sus asentamientos se realizan en terrenos altos con relación a las aguas del río para evitar las inundaciones y sus casas forman un óvalo, en cuyo centro se encuentra una construcción con techo que funciona como espacio de trabajo. Asimismo, hay una construcción especial para las mujeres menstruantes y embarazadas, denominada pe il aba en dialecto Guayabero. Anteriormente, los grupos indígenas Guayabero vivían en casas de unos 30 metros de largo por 18 de ancho, cerradas y en forma ovalada, denominadas malokas. Estas viviendas tenían cuatro aberturas pequeñas para ingresar y albergaban de tres a ocho núcleos familiares, donde cada núcleo familiar conservaba un sitio en el cual ubicaban sus chinchorros, fogón y los instrumentos de trabajo. Éstos constituían la propiedad familiar. En la actualidad, el tipo de construcción de la vivienda guayabero ha sufrido considerables cambios, todos éstos por su relación con la población blanca. Es así como cada vivienda tiene una superficie de aproximadamente 26 metros cuadrados, y algunas están divididas en dos cuartos, con áreas bien diferenciadas en su utilización: una funciona como dormitorio y otra sirve como cocina[73].

Sistemas de parentesco

Parentesco

La comunidad del resguardo pertenece al pueblo Jiw (también denominados Guayabero, Mitua, Canima, Cunimia), uno de los rasgos culturales característicos de este pueblo es su estructura comunitaria, en la cual el parentesco constituye su principio de identidad. La población Jiw se halla repartida en varias comunidades y cada una de éstas se subdivide en clanes autónomos, con una particularidad, todos los miembros de los clanes son parientes entre sí. Las familias del pueblo Jiw son extensas y conviven en una misma casa abuelo, padres, hijos, tíos. Sin embargo cuando el grupo familiar es bastante numeroso, las hijos casados se separan conformando una nueva unidad familiar. El sistema matrimonial es complejo, ya que la población está compuesta por grupos migratorios que forman clanes, por lo que preferiblemente las uniones se hacen entre personas de un mismo clan, entre primos cruzados bilaterales, con comportamientos monogámicos y endogámicos[74].

Movimientos migratorios y desplazamientos

Migración y desplazamiento

Si bien el conflicto armado constituye una de las principales amenazas para la pervivencia del pueblo Jiw, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009; la débil prestación de servicios básicos a cargo del Estado en las comunidades indígenas implica, además de una violación a los derechos fundamentales de las mismas, un factor adicional de vulnerabilidad que en el marco de situaciones de conflicto incrementa el riesgo al que se ven expuestas. En términos generales, la prestación de servicios básicos en las áreas rurales de los departamentos de Guaviare y sur del Meta es precaria. Dado que es principalmente allí donde se ubican los resguardos y asentamientos del pueblo Jiw, el acceso que estas comunidades tienen a los servicios básicos que garanticen los derechos a la alimentación, salud, educación y programas de apoyo para niños y adultos mayores es igualmente limitado[75]. Desde el 2002 los indígenas jiw están sometidos al desplazamiento forzoso, que en los años de 2007 y 2008 se ha intensificado adquiriendo tales dimensiones, que se habla de una “crisis humanitaria“, debido al desplazamiento del 80% de la población de sus territorios y del asesinato extrajudicial de líderes. Este pueblo además enfrenta la falta de atención en materia de educación, salud, obras de infraestructura, proyectos productivos sociales, ambientales, y económicamente justos y equitativos. En estas condiciones el pueblo indígena Jiw, fue diagnosticado por el Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional, como uno de los pueblos en riesgo de extinción colectiva. La continua colonización y la incursión violenta en sus territorios ha profundizado la pérdida de muchas de las prácticas tradicionales de los clanes y las migraciones a los centros urbanos. Del mismo modo se agudiza la situación de abastecimiento de comidas causando desnutrición y enfermedades contagiosas en la población en general y la actividad de grupos armados ilegales les ha causado graves inconvenientes en la movilidad dentro de su territorio, lo cual los ha obligado a emigrar en busca de sustento[76].

Vulnerabilidad poblacional

Desde el 2002 los indígenas jiw están sometidos al desplazamiento forzoso, que en los años de 2007 y 2008 se ha intensificado adquiriendo tales dimensiones, que se habla de una crisis humanitaria, debido al desplazamiento del 80% de la población de sus territorios y del asesinato extrajudicial de líderes. Este pueblo además enfrenta la falta de atención en materia de educación, salud, obras de infraestructura, proyectos productivos sociales, ambientales, y económicamente justos y equitativos. En estas condiciones el pueblo indígena Jiw, fue diagnosticado por el Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional, como uno de los pueblos en riesgo de extinción colectiva. La continua colonización y la incursión violenta en sus territorios ha profundizado la pérdida de muchas de las prácticas tradicionales de los clanes y las migraciones a los centros urbanos. Del mismo modo se agudiza la situación de abastecimiento de comidas causando desnutrición y enfermedades contagiosas en la población en general y la actividad de grupos armados ilegales les ha causado graves inconvenientes en la movilidad dentro de su territorio, lo cual los ha obligado a emigrar en busca de sustento. El Consejo Superior de la Judicatura identifica en su Atlas para la Jurisdicción Especial de los pueblos como problemáticas del pueblo Jiw la falta respeto padres, no corregir a los hijos, abandono de la familia, falta de respeto a las autoridades, desobediencia, chisme, rumor, señalamiento, ubicación de colonos en territorios de resguardo, venta de tierras del resguardo o territorio tradicional, y el tipo de soluciones que ofrece el sistema judicial propio de este pueblo indígena registra: Calabozo, trabajo comunitario, trabajo obligatorio (limpiezas, arreglo de caminos y de cementerios), expulsión del territorio, rezos, soplos, ayunos y dietas, curaciones, baños, consejos, ortigada, desprecio, brujería, venganzas familiares, multas[77].

Seguridad y soberanía alimentaria

Seguridad alimentaria

Producción y consumo En la economía de la etnia Jiw, se destacan dos aspectos importantes que tienen que ver, por una parte, con su relación con la economía nacional, y por otra parte con la conservación de sus formas tradicionales de subsistencia. Aunque este grupo depende en gran medida del aprovisionamiento de artículos metálicos (machetes, cuchillos, hachas, entre otros) y básicos (sal, medicamentos, vestidos y alimentación) para su subsistencia, han mantenido una economía tradicional, que consiste en las formas básicas de obtención de alimentos tales como la caza, la pesca, la recolección y la horticultura con la siembra de la yuca brava, que están determinadas por la época del año y la localización geográfica de la comunidad. Por otra parte, las mujeres continúan con la elaboración de vasijas de barro, ya no para el uso cotidiano, sino para la venta en el mercado. Adicionalmente, hombres y mujeres practican la cestería, con materiales extraídos del procesamiento de la yuca, y los productos también son comercializados[78].

Soberanía alimentaria

Autonomía Alimentaria Este pueblo habitaba en territorios de sabanas tropicales, de grandes planicies con suelos favorables para el desarrollo agrícola. En la actualidad, la explotación extractiva de estos terrenos los ha obligado a emigrar a zonas de bosques húmedos tropicales, forzándolos adecuarse a otras pautas de existencia, a organizarse en pequeños caseríos a lo largo del río Guaviare, dispersos unos de otros, ubicados en las zonas planas y altas, para evitar las inundaciones. Las actividades de producción obligan a cada familia a ocupar áreas donde conforman sus complejos urbanísticos, con una distribución interna acorde con su número de individuos e integrantes de este núcleo familiar[79].

Salud y educación

Salud En la cosmovisión del pueblo Jiw se considera que las enfermedades son causadas principalmente por el inadecuado uso de la naturaleza que además de originar enfermedades, genera problemas sociales al interior de los clanes (las cuales también podrían producirse por acciones humanas del mismo grupo o de grupos vecinos). El tratamiento de las enfermedades está asociado con la interpretación del Curaca, voz quechua que significa el primero o el mayor entre todos los de su agrupación, en una ceremonia donde el sabio como intermediario entre el enfermo y los dioses, interpreta rezos y pone en uso la planta que se requiere para cada caso. El sistema organizativo y estructural de este pueblo indígena compromete una gran variedad de especies vegetales y botánicas que sirven como base para la solución de distintas enfermedades y problemas psicosociales que se presentan frecuentemente en las comunidades. En este sentido se destacan plantas como el tabaco, la coca, guácima y diferentes clases de ají[80]. Educación En todas las comunidades Jiw se presentan niveles de escolaridad muy bajos. Si bien no se cuenta con datos completos que permitan dar cuenta de la dimensión exacta de esta problemática; al indagar en cada uno de los resguardos y asentamientos se observan bajos niveles de escolaridad y altos índices de deserción entre los menores. En todo el pueblo Jiw sólo existen tres personas que cuentan con estudios de secundaria completos. Ningún miembro del pueblo Jiw ha accedido a la educación superior. Esta situación contribuye de forma directa a reproducir los esquemas de exclusión a los que históricamente han estado sometidas estas comunidades. Los principales factores que inciden en esta situación son: la débil infraestructura existente en las comunidades indígenas para el desarrollo del proceso educativo, la necesidad de incorporar a los integrantes de la comunidad tempranamente a actividades productivas, la escasez de docentes dentro del mismo pueblo Jiw y la inexistencia de un proyecto etnoeducativo propio. Dentro de las comunidades se imparte el ciclo de formación primaria, en tanto que para el acceso a otros niveles educativos, los estudiantes deben trasladarse a las cabeceras municipales; donde se vinculan a un sistema de educación que no atiende a sus características culturales, y por ende, implica una fuerte ruptura frente a los referentes de la comunidad. Dada la escasa pertinencia del proceso educativo y su débil articulación con las necesidades y expectativas de las comunidades, se presentan altos niveles de deserción entre las comunidades. Se observa que en la mayor parte de los resguardos y asentamientos, los menores abandonan la escuela una vez tienen la edad suficiente para conformar parejas y para apoyar en el desarrollo de actividades que puedan representar un ingreso económico ó apoyar la subsistencia de su familia. Las condiciones de las aulas destinadas al proceso educativo en la mayoría de los resguardos y asentamientos Jiw son muy precarias, y los materiales de que disponen son escasos y desactualizados. Esta situación es más grave en los resguardos más apartados de las cabeceras municipales, que son a su vez aquellos que han sido más impactados por el conflicto armado, se presenta una grave situación en términos de infraestructura para el proceso educativo. En el resguardo Mocuare la escuela se cayó y el docente desarrolla sus labores en un salón adaptado por él mismo en su casa. En los Resguardos Barranco Ceiba y Barranco Colorado, las condiciones para el desarrollo del proceso educativo no corresponden con las expectativas de la comunidad y de los propios docentes. Adicionalmente, en el Resguardo La Fuga la inversión en infraestructura educativa realizada por la administración local se hizo en un sector ocupado por colonos, en tanto que los indígenas reciben clases en pequeño salón adaptado por la comunidad, el cual no cumple con los requerimientos básicos para este fin. En el Resguardo Barrancón algunos de los menores asisten a la escuela ubicada dentro de la base de la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, lo cual, además de las consecuencias que tiene en materia de vulneración al derecho a la educación propia, constituye una clara infracción a los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario. A pesar de lo anterior, el pueblo Jiw cuenta con la fortaleza de tener entre sus líderes un grupo de docentes que se ha esforzado por continuar ejerciendo su trabajo, en ocasiones a pesar de estar por fuerza de su territorio y sin las condiciones mínimas para desarrollar una labor que responda a las necesidades de la población escolar y de las comunidades. En los resguardos Mocuare y Barranco Colorado, los docentes fueron objeto de amenazas y señalamientos que ocasionaron su desplazamiento y el asesinato de uno de ellos en el año 2000[81].

Oferta institucional

Oferta institucional

Estatal

La gobernación de Guaviare a través de su Plan de Desarrollo Departamental “ASÍ MARCAMOS HUELLA” 2012 – 2015, entendiendo que en el Departamento se darán los pasos para la búsqueda y concreción de ―las condiciones, reivindicaciones o facultades relacionadas con el bienestar de todas las personas, que les permiten crear una relación íntegra con la sociedad, se dará énfasis al concepto de ―Guaviare Territorio Modelo de Derechos, puesto que este es un territorio en el que se han concentrado fuerzas ilegales, alrededor del cultivo ilícito de la coca y de ello se han originado múltiples conflictos y confrontaciones que han afectado y afectan seriamente a la población civil, lo que hace necesario fundamentar cultural y prácticamente mecanismos de resolución de conflictos, DIH, DDHH, para que la población los asuma y aplique constructivamente de forma que la lleven a mejores niveles de interacción endógena (sociedad), exógena (Departamento) y convivencia, en tanto el Gobierno nacional genera las condiciones para que se dé un verdadero proceso de paz. Para dar cumplimiento a todas estas prioridades se contemplan accionares que permitirán acercar su consecución exitosa tales como el subprograma Política social y garantía de los derechos, cuya meta es la creación de un Plan de política pública departamental indígena; el programa Promoción Social, por el goce efectivo de los derechos con enfoque diferencial que pretende formular un modelo intercultural de salud para población indígena y busca concertar y articular las acciones de salud en el marco del Plan de Salvaguarda de las comunidades indígenas Jiw, Sikuanes y Nukak, apoyar la socialización y retroalimentación del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI); elaborar el modelo intercultural de salud para población indígena, realizar la concertación de las acciones de salud con las comunidades indígenas Jiw, Sikuanes y Nukak Makú, para ser incorporadas en los planes de salvaguarda. El subprograma Guaviare diversidad étnica, que contempla una Escuela Permanente Indígena de formación de formadores en organización comunitaria y normatividad indígena, definir conjuntamente mecanismos y procedimientos para la realización de 26 censos de población indígena y para su actualización periódica, una mesa departamental indígena dinamizada con amplia participación de autoridades tradicionales y representantes institucionales, reglamentos internos de Resguardos Indígenas del Departamento del Guaviare, garantizar el rescate cultural de las comunidades indígenas a través de la construcción de 33 malocas (25 en resguardos y 8 Asentamientos indígenas) como vivienda tradicional Indígena, apoyar 120 familias indígenas incluidas en el programa de seguridad alimentaria, conformar un equipo intersectorial para concertar con las Organizaciones indígenas un plan de apoyo y asistencia técnico pedagógica a IE etnoeducativas. El programa Guaviare reconoce el patrimonio y su diversidad cultural busca un proyecto de fortalecimiento de la Escuela de Tradiciones Indígenas y apoyar la construcción de 5 malocas según las características, conocimiento, reconocimiento y concertación de las comunidades indígenas priorizadas.[82]

Organizaciones indígenas

La organización presente en el territorio es el Consejo Regional Indígena del Guaviare – CriGua el cual participa activamente en la construcción y actualización de los planes de vida de los resguardos. Los Planes de Vida de los Resguardos Panure, La María, La Asunción, El Barracon y Corocoro con el apoyo de CDA – Regional Guaviare – Proyecto Apoyo a la Formulación de Planes de Vida Indígena – Fondo de Compensación ambiental – Ministerio de Vivienda y Ambiente, Gobernación, ICBF – Regional Guaviare, INCODER Regional Guaviare, Alcaldía de San José del Guaviare, Alcaldía del Retorno, UMATA, capitanías de los resguardos de la fuga, la María, Barrancón, Asunción y el refugio de san José del Guaviare.[83]

ONG y organizaciones privadas

Las organizaciones privadas y/o ONG ofrecen distintos apoyos en el territorio. El apoyo que ofrecen incluyen la visibilización de la situación de conflicto que se presenta tales es la labor de CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento )que mediante comunicados explican la situación de desplazamiento que sufren los indígenas debido a amenazas de grupos armados ilegales.[84] Por su parte la Fundación WOTIEN y la Ong MÓN JOVE realizan visitas para proponer soluciones a las necesidades identificadas en los planes de vida de la comunidad, realizando mesas temáticas con la participación de familias y lideres del sector.[85]

Agencias de cooperación internacional

La cooperación internacional en su ejercicio de velar por los derechos de los pueblos indígenas realiza llamados y pronunciamientos ante la situación de conflicto que se presenta en el territorio, tal es así, que en alianza de las Naciones Unidas, diversas organizaciones internacionales de pueblos indígenas, Ong´s, Organismos de DDHH y de DIH, la Unión Europea, la Cruz Roja, etc., han levantando su voz para reclamar la atención sobre este maltrecho y abandonado pueblo y de nada ha servido. Los Nukak están en proceso acelerado de desaparición, no físicamente, ya que a pesar de las epidemias que los han diezmado son un pueblo fuerte, pero si a nivel cultural. Para el 2006 se realizó la “misión internacional de verificación sobre la situación humanitaria y derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia”, esta estuvo conformada por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad cívil de Europa, America Latina, Estados Unidos, y Canadá, con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la Embajada de Suiza, la Embajada de Alemania, la delegación de la comisión europea, y la MAPP-OEA. Adicionalmente, la Misión participó en el foro nacional de mujeres indígenas y en el foro nacional por la vida de los pueblos indígenas y tuvo acceso a estudios de caso, informes de violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas, testimonios, documentos y análisis de expertos, que le permitieron obtener una visión integral de la situación actual por la que atraviesan los pueblos indígenas de Colombia.[86]

Existen otros procesos desarrollados por la CI como lo son el “Fortalecimiento a la organización étnico territorial Jiw “Naxaen” para que participe en la elaboración y en la implementación de la política pública para comunidades indígenas en riesgo o situación de desplazamiento, en el Departamento del Guaviare” ejecutado por la Corporación Opción Legal con recursos de ACNUR; la ESTRATEGIA INDÍGENA que pretende generar un impacto visible en las condiciones de vida de las comunidades indígenas en situación de desplazamiento mediante las acciones de protección inmediata dirigidas a esta población ejecutado por ACNUR; la ASESORÍA Y FORTALECIMIENTO JURÍDICO DE CUATRO PUEBLOS INDÍGENAS, ejecutado por la Universidad de los Andes que pretende avanzar en la implementación de un Enfoque Diferencial Indígena en las Políticas Públicas con un especial énfasis en el reconocimiento de la diversidad de los pueblos indígenas, sus riesgos e impactos diferenciales y sus propuestas de soluciones; AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES INDÍGENAS Y PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA que pretende brindar agua potable a seis comunidades de indígenas desplazados y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL SUR que busca contribuir con la participación de los pueblos indígenas en la implementación y cumplimiento del Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la construcción de los planes de salvaguarda para la protección comunitaria y la prevención del desplazamiento de los pueblos indígenas de la región ambos ejecutados por la Corporación Opción Legal.[87]

Aspectos jurídicos y legales

Trámites y necesidades en materia territorial

El resguardo se titula mediante Resolución No. 0068 del 16 de octubre de 1988 del INCORA[88] (hoy INCODER). Dentro de los problemas territoriales del resguardo cabe destacar el hecho de que el Departamento al que pertenece cuenta con una reserva forestal de 434.800 hectáreas, de las cuales aproximadamente 62.000 son de ecosistemas. Si a este fenómeno, se suma el proceso de instalación de ganaderías extensivas y las prácticas de praderización que implican, se hace posible comprender los motivos por los que las comunidades indígenas indican que cada día ven más vulnerado su derecho a la autonomía territorial. Sumado a lo anterior, los pueblos indígenas se encuentran imposibilitados para ejercer su autoridad en el territorio, ya que la situación de Derechos Humanos no ha tenido un tratamiento político adecuado, debido a que la cuestión humanitaria se ha trabajado desde una perspectiva de competencia nacional y se requiere de un tratamiento diferencial que sólo es posible a partir de la desentralización. La consecuencia directa de esta realidad es que las situaciones propias del conflicto armado impiden las garantías necesarias para el cumplimiento efectivo de los derechos territoriales de estas comunidades, que en la actualidad están a la espera de actividades que propendan por la protección de sus derechos fundamentales. Finalmente, es posible mencionar un último problema territorial del resguardo, vinculado a un proceso de colonización de la zona; durante los últimos años han aumentado las migraciones desde diferentes partes del país a la región, hecho que ha provocado el desarrollo de una amplia composición cultural y étnica que, de una u otra manera, afecta la autonomía territorial de las comunidades indígenas, sumado al constante desplazamiento provocado por las situaciones de orden público de la región. A pesar de contar con el apoyo de la fundación CRIGUA II, encargada de representar y hacer valer el carácter minoritario del pueblo indígena, todas las situaciones descritas hacen de la población indígena un grupo vulnerable frente a la acción de los colonos, ya que los inconvenientes se dan especialmente por la falta de un fortalecimiento gubernamental a la situación étnica y a la discriminación, que impide a este pueblo recibir un tratamiento igualitario[89]. Hechos como los presentados anteriormente desconocen lo dictado por la Corte Constitucional en el Auto 173 de 2012, que define al pueblo indígena que pertenece a este resguardo, como un grupo que está en grave peligro de extinción física y cultural debido al conflicto armado interno[90]. Mediante orden de la Corte Constitucional, se solicita a las Fuerzas Militares, la devolución de los predios del resguardo utilizados como base de la Infantería de Marina. Lo anterior, como medida de protección para el pueblo indígena del resguardo[91]. Necesidades: Es fundamental desarrollar estrategias que permitan a las comunidades llevar a cabo procesos autónomos para el fortalecimiento étnico y que, de esta forma, les sea posible recibir un tratamiento igualitario frente a las instancias Administrativas. Esto, en aras de dignificar la vida indígena dentro de su territorio y así permitir la consolidación de su identidad cultural, y de sus formas de organización. De la misma forma, resulta indispensable gestionar proyectos que fortalezcan los sistemas de producción indígenas, para el auto consumo, la generación de ingresos y la producción de materias primas[92].

Instrumentos internacionales, jurisprudenciales, legales y generales La Corte Constitucional mediante Auto 173 de 2012, solicitó que, como medida para la protección del pueblo de este resguardo, sería necesario: “...ORDENAR a la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como Coordinadora de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, que con el Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Ministra de Salud y Protección Social, el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, el Registrador Nacional del Estado Civil, o sus delegados – siempre y cuando tengan poder de decisión-, los gobernadores (as) de los Departamentos del Meta y Guaviare y los Alcaldes (as) de los municipios de San José, Puerto Concordia y Mapiripán, cada uno en el marco de sus competencias y en los diferentes momentos del desplazamiento, que en el plazo máximo de dos (2) meses, contados a partir de la comunicación de la presente providencia, diseñen, adopten y pongan en marcha, como medida cautelar, un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, que atienda de manera inmediata e integral las necesidades más apremiantes de atención humanitaria con énfasis en la salud, nutrición, seguridad alimentaria, refugio o alojamiento temporal y cualquier otra medida urgente requerida para asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas desplazados Jiw y Nükak de esos Departamentos, de tal manera que ofrezca una respuesta de atención continua y congruente con la crisis humanitaria que padecen estas etnias, tendiente a garantizar su vida física y cultural, su integridad, seguridad y dignidad, mientras se avanza de manera acelerada en el cumplimiento de las órdenes impartidas en el auto 004 de 2009. El Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia deberá elaborarse en armonía con los postulados constitucionales, las normas vigentes, la jurisprudencia de esta Corporación sobre el tema, los documentos que forman parte del anexo de esta providencia y contener los elementos mínimos señalados en la parte motivo de esta providencia, en relación con los temas de: (1) Acceso a agua potable y saneamiento básico; (2) Seguridad alimentaria; (3) Acceso efectivo a los servicios de salud; y (4) vivienda digna. Esta medida cautelar además deberá ser formulada e implementada de manera coordinada entre las distintas entidades involucradas, del orden nacional, departamental y municipal, dando aplicación adecuada a los principios de concurrencia y subsidiariedad, de tal manera que se garantice la atención integral y el uso adecuado de los recursos y que cumpla con las siguientes características: 1) deberá mantenerse hasta cuando entren en operación efectiva los Planes de Salvaguarda Étnica de los Pueblos Jiw y Nükak de los Departamentos de Meta y Guaviare y el Programa de Garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado, y persistan las actuales condiciones de inseguridad, necesidad y vulnerabilidad; 2) las presentes medidas urgentes no sustituirán ni aplazarán el cumplimiento de lo ordenado en el auto 004 de 2009, en relación con los pueblos Jiw y Nükak. Las entidades concernidas en la presente orden, por intermedio de la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el plazo de un (1) mes y medio, contado a partir de la comunicación de la presente providencia, deberán diseñar el Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, el cual deberá contener un cronograma de implementación y cumplimiento; las responsabilidades institucionales y personales asumidas por las distintas instancias nacionales y territoriales para el cumplimiento de la medida cautelar; las partidas presupuestales previstas para su efectiva ejecución y la ficha del proyecto registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, con la asignación de recursos de destinación específica a las distintas entidades responsables del cumplimiento de la presente orden, el cual se presentará en el marco de una mesa de trabajo con la Sala Especial de Seguimiento, para lo cual oportunamente se dará a conocer la metodología correspondiente. De la misma manera, sobre el avance en el cumplimiento de la presente orden, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá presentar en una mesa de trabajo con la Sala Especial de Seguimiento, en el término de cuatro (4) meses, un informe conjunto a nombre de las autoridades nacionales y territoriales concernidas, sobre los resultados obtenidos con el Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, y, acerca de los ajustes realizados para superar los obstáculos que se presenten...”[93]. Cuando se trata de la consideración por la autonomía territorial, es necesario hacerlo a partir de términos de respeto por una jurisdicción indígena propia, para lo cual es posible retomar lo que la Corte Constitucional argumenta en la sentencia T-552 de 2003, cuando afirma que: “Hasta aquí se tendría que para que proceda la jurisdicción indígena sería necesario acreditar que 1) Nos encontramos frente a una comunidad indígena, que 2) Cuenta con autoridades tradicionales, que 3) Ejercen su autoridad en un ámbito territorial determinado. Lo anterior, sin embargo, no sería suficiente, por cuanto se requiere, además, establecer la capacidad de esas autoridades de los pueblos indígenas para ejercer jurisdicción conforme a sus usos tradicionales. Esto es, puede existir un reconocimiento formal de resguardo y cabildo, pero no darse materialmente los supuestos de la jurisdicción, por carencia de normas y prácticas específicas de control social, por ausencia de procedimientos de juzgamiento, o porque las autoridades tradicionales han dejado de ejercer ese tipo de funciones”[94].

Conflicto armado interno, DDHH y DIH

Violaciones DDHH

En el Departamento al que pertenece este resguardo, convergen dos ecosistemas muy importantes del país, uno el orinoquense que ocupa el 30% del territorio, el cual se caracteriza por la vegetación de sabana, que contiene suelos de fertilidad baja, drenaje pobre y utilizado para ganadería extensiva. Otro el amazonense que ocupa el 70% del territorio, el cual se caracteriza por ser bosque húmedo tropical, que contiene suelos de baja fertilidad, cuyos usos giran en su mayoría alrededor de los cultivos de hoja de coca, pancoger y algunos agroforestales[95].

El Municipio de San José del Guaviare, al cual pertenece este resguardo, tiene ventajas geográficas importantes como la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero (provenientes del Departamento de Meta), que luego constituyen el río Guaviare y la transición de bosques de galería y sábanas hacia zonas selváticas, todas estas características han hecho de la zona un corredor especifico para actividades económicas ilícitas como el narcotráfico y el asentamiento de la guerrilla y el paramilitarismo. Todos girando alrededor de los cultivos de coca[96]. Lo que ha generado una serie de violaciones a los Derechos Humanos de estos pueblos indígenas. Dichas violaciones son:

  • Derecho a la vida.
  • Derecho a la libertad.
  • Derecho a la salud.
  • Derecho a vivir en paz.
  • Derecho a la seguridad personal.
  • Derecho a la integridad física y mental.
  • Derecho a la libre determinación.
  • Derecho a la autonomía y el autogobierno.
  • Derecho al consentimiento libre, previo e informado.
  • Derecho a no ser desplazado por la fuerza de sus tierras o territorios.
  • Derecho a que no se desarrollen actividades militares en sus tierras o territorios.
  • Derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.
  • Derecho a las tierras, territorios y recursos que se han poseído tradicionalmente, ocupado, utilizado o adquirido.
  • Derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales[97].

Infracciones al DIH

Este resguardo se encuentra en el Municipio de San José del Guaviare y la etnia que lo habita es la Jiw (Guayabero, Mitua, Canima, Cunimia[98]. Este pueblo ha estado sometido a continuas y sistemáticas infracciones al Derecho Internacional Humanitario entre las que se encuentran:

  • Restricciones a la movilidad.
  • Amenazas[99].
  • Desapariciones forzadas: el Departamento de Guaviare registra cinco eventos de este tipo entre 1997 y 2003, para indígenas.
  • Homicidios llevados a cabo: el Departamento de Guaviare presenta para el período de 1997-2003 un total de dos asesinatos.
  • Reclutamiento de menores: el Departamento del Guaviare para el período de 1997-2003 registra el caso de reclutamiento de un menor indígena.
  • Cultivos de uso ilícito: el Departamento de Guaviare, presentó las siguientes cifras de cultivos de uno ilícito en su territorio[100]:
Año Hectáreas con cultivos de coca
1991 21.400
1992 22.900
1993 24.100
1994 26.300
1995 28.700
1996 38.600
1997 29.000
1998 7.000
1999 28.435
2000 17.619
2001 14.516
2003 8.412
Mientras que para el Municipio de San José del Guaviare se presentaron los siguientes datos:
Texto de cabecera Texto de cabecera
2005 3.131
2006 3.799
2007 3.181[101]
2010 1.704[102]
  • Confrontaciones armadas: en el Municipio de San José del Guaviare, entre 2003-2008, se presentaron 40 casos de combates entre la fuerza pública y los grupos insurgentes, de los cuales 29 fueron por iniciativa de los grupos irregulares.
  • Homicidios: ligados en mayor porcentaje a hechos de confrontación armada y en un porcentaje menor, pero significativo, a la delincuencia común, en el período de 2003-2008 en el Municipio de San José del Guaviare se presentaron 322 casos, los cuales representan el 47% del total del Departamento de Guaviare (687).
  • Masacres: el 28 de enero de 2006 se presentó la masacre de 4 personas, cuya autoría se adjudica a las FARC.
  • Secuestros: en los años de 2003, 2004, 2005 y 2006 se presentaron 1, 1,11 y 3 casos de este tipo, para un total de 16 secuestros en el Municipio de San José del Guaviare, al cual pertenece el resguardo.
  • Desplazamiento forzado: en el período comprendido entre 2003-2008, en el Municipio de San José del Guaviare se presentaron 17.227 personas expulsadas, cifra que representa un 59% del total de víctimas de desplazamiento del Departamento de Guaviare (28.813). Del total de desplazados de San José del Guaviare (17.227), 14.147 lo hicieron individualmente, mientras que 3.080 lo hicieron de forma masiva.
  • Minas Antipersonales (MAP)y Municiones sin Estallar (Muse): con respecto a los eventos por minas antipersonales de 2003-2008, el Municipio de San José del Guaviare registro 106 casos, con respecto a los incidentes estos estuvieron relacionados en su gran mayoría con acciones de desminado militar en operaciones, incautaciones y sospecha de campo minado. De las víctimas de MAP y MUSE, 69 casos se presentaron en el Municipio al que pertenece este resguardo en el período antes mencionado. En febrero de 2007, 16 indígenas Guayabero resultaron heridos por la explosión de un artefacto sin identificar, de estos 9 eran menores de edad y 7 adultos[103].

Un caso concreto sucedido en este resguardo es el del 16 de mayo de 2005, cuando los indígenas Elver Dias, Liko Molina, Elvia Pérez, Jaime Pérez, Ediver Valencia Nubia Dias y Abel Dias, resultaron heridos al activar un artefacto explosivo dejado por el Ejercito Nacional, las víctimas en su mayoría eran menores de edad[104].

Actores armados

Grupos armados ilegales:

  • Grupos Narcoparamilitares.
  • ERPAC[105]
  • FARC: frentes 1, 7 y 44[106].

Fuerza Pública:

  • Ejército Nacional: Vigésima Segunda Brigada de Selva, unidad operativa menor adscrita a la Cuarta División del Ejercito el cual está formado por:
  • Batallón de Infantería Aerotransportado No. 19 Gr Joaquín París con sede en San José del Guaviare.
  • Batallón de Infantería No. 24 Gr. Luis Carlos Camacho Leyva con sede en Calamar – Guaviare.
  • Batallón de Selva No. 51 Gr. José María Ortega con sede en Miraflores – Guaviare.
  • Batallón de Contraguerrillas No. 120 SV. José Heberley Echavarría Garzón con sede en Miraflores – Guaviare[107].

Policía Nacional[108].

Respuestas al conflicto

  • La Corte Constitucional mediante Auto 173 de 2012, solicitó en beneficio de la protección del pueblo de este resguardo: “...ORDENAR a la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como coordinadora de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, que con el Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Ministra de Salud y Protección Social, el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, el Registrador Nacional del Estado Civil, o sus delegados – siempre y cuando tengan poder de decisión-, los gobernadores (as) de los Departamentos del Meta y Guaviare y los alcaldes (as) de los Municipios de San José, Puerto Concordia y Mapiripán, cada uno en el marco de sus competencias y en los diferentes momentos del desplazamiento, que en el plazo máximo de dos (2) meses, contados a partir de la comunicación de la presente providencia, diseñen, adopten y pongan en marcha, como medida cautelar, un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, que atienda de manera inmediata e integral las necesidades más apremiantes de atención humanitaria con énfasis en la salud, nutrición, seguridad alimentaria, refugio o alojamiento temporal y cualquier otra medida urgente requerida para asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas desplazados Jiw y Nükak de esos Departamentos, de tal manera que ofrezca una respuesta de atención continua y congruente con la crisis humanitaria que padecen estas etnias, tendiente a garantizar su vida física y cultural, su integridad, seguridad y dignidad, mientras se avanza de manera acelerada en el cumplimiento de las órdenes impartidas en el auto 004 de 2009.
El Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia deberá elaborarse en armonía con los postulados constitucionales, las normas vigentes, la jurisprudencia de esta Corporación sobre el tema, los documentos que forman parte del anexo de esta providencia y contener los elementos mínimos señalados en la parte motiva de esta providencia, en relación con los temas de: (i) acceso a agua potable y saneamiento básico; (ii) seguridad alimentaria; (iii) acceso efectivo a los servicios de salud; y (iv) vivienda digna.
Esta medida cautelar además deberá ser formulada e implementada de manera coordinada entre las distintas entidades involucradas, del orden nacional, departamental y municipal, dando aplicación adecuada a los principios de concurrencia y subsidiariedad, de tal manera que se garantice la atención integral y el uso adecuado de los recursos y que cumpla con las siguientes características: 1) Deberá mantenerse hasta cuando entren en operación efectiva los Planes de Salvaguarda Étnica de los Pueblos Jiw y Nükak de los Departamentos de Meta y Guaviare y el Programa de Garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado y persistan las actuales condiciones de inseguridad, necesidad y vulnerabilidad; 2) Las presentes medidas urgentes no sustituirán ni aplazarán el cumplimiento de lo ordenado en el Auto 004 de 2009, en relación con los pueblos Jiw y Nükak.

Las entidades concernidas en la presente orden, por intermedio de la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el plazo de un (1) mes y medio, contado a partir de la comunicación de la presente providencia, deberán diseñar el Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, el cual deberá contener un cronograma de implementación y cumplimiento, las responsabilidades institucionales y personales asumidas por las distintas instancias nacionales y territoriales para el cumplimiento de la medida cautelar, las partidas presupuestales previstas para su efectiva ejecución y la ficha del proyecto registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional con la asignación de recursos de destinación específica a las distintas entidades responsables del cumplimiento de la presente orden, el cual se presentará en el marco de una mesa de trabajo con la Sala Especial de Seguimiento, para lo cual oportunamente se dará a conocer la metodología correspondiente.

De la misma manera, sobre el avance en el cumplimiento de la presente orden, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá presentar en una mesa de trabajo con la Sala Especial de Seguimiento, en el término de cuatro (4) meses, un informe conjunto a nombre de las autoridades nacionales y territoriales concernidas, sobre los resultados obtenidos con el Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, y, acerca de los ajustes realizados para superar los obstáculos que se presenten...”[109].
  • El Programa de Derechos Humanos del Plan de Desarrollo del Departamento del Guainía, describe el programa como la promoción de la participación de la comunidad para el fortalecimiento de la población en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde el objetivo busca: “...Promover y encaminar acciones por el respeto a la garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el Departamento...”, la estrategia se encamina al: “...Desarrollo de programas de educación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigido a autoridades departamentales e instituciones relacionadas directamente con las situaciones de conflicto...” y la meta es lograr: “...Un programa departamental de educación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario...”[110].
  • La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ACNUR-, sugiere la necesidad de que la fuerza pública y los grupos armados ilegales acaten de manera inmediata y obligatoria, y den cumplimiento a las normas de Derecho Internacional Humanitario. Así, será necesario abstenerse de realizar ataques contra la población civil y limitar los efectos contraproducentes de las operaciones militares en la comunidad protegida por el Derecho Internacional Humanitario[111].
  • Por su parte la ONU, en su Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, ratifica el derecho de éstos a ser diferentes y respetados como tales, libres de toda forma de discriminación y capaces de ejercer su derecho al desarrollo de acuerdo a sus necesidades e intereses. Por otro lado, reconoce la imperiosa necesidad de respetar y promover los derechos propios de dichos pueblos, tales como la libre determinación, la autonomía y el autogobierno en cuestiones políticas, sociales y culturales, y afirma que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas pertinentes para asegurar la protección de los mismos[112].
  • Igualmente el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y tribales, ratificado por el Estado Colombiano y aprobado por el Congreso mediante Ley 21 de 1991, busca reivindicar los derechos a la autodeterminación, el autogobierno y la propiedad de sus territorios ancestrales[113].

Refencias

Plantilla:Listaref

  1. SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
  2. SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
  3. SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
  4. Ídem.
  5. SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
  6. Ídem.
  7. Ídem.
  8. Ídem.
  9. SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
  10. Ídem.
  11. Ídem.
  12. Resolución 0068 de 1988. (16 de agosto de 1988). INCORA. Bogotá.
  13. SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
  14. Ídem.
  15. Ídem.
  16. Martínez, A. G. (s. f.). Departamento de Guaviare. Toda Colombia. Recuperado de http://www.todacolombia.com/departamentos/guaviare.html#5
  17. SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
  18. SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
  19. SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/
  20. IAvH. (1998). Mapa General de Ecosistemas de Colombia (Elaborado por Andrés Etter). Recuperado de http://hermes.humboldt.org.co//ecosistemas/colombia/ecosistemas.php#
  21. Resguardo indígena de Barrancón. (2005). Plan de vida indígena 2005-2015. Guaviare.
  22. Resguardo indígena de Barrancón. (2005). Plan de vida indígena 2005-2015. Guaviare.
  23. Resguardo indígena de Barrancón. (2005). Plan de vida indígena 2005-2015. Guaviare.
  24. Resguardo indígena de Barrancón. (2005). Plan de vida indígena 2005-2015. Guaviare.
  25. Ídem.
  26. Ídem.
  27. Ídem.
  28. Ídem.
  29. Houghton, J. (ed.). (2008). La Tierra contra la muerte. Recuperado de http://www.prensarural.org/spip/IMG/pdf/10383_1_La_Tierra_contra_la_muerte.pdf
  30. Geographiando 2.0. (s.f). Áreas petroleras dentro de resguardo. Recuperado de http://geographiando.hrev.org/2011/05/15/area-petrolera-en-resguardos/
  31. Resguardo indígena Panuré. (2008). Plan Integral de vida indígena. Guaviare.
  32. UNODC. (2012). Colombia: Monitoreos de Cultivo de Coca 2011. Recuperado de http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Censo_cultivos_coca_2011.pdf
  33. Resguardo indígena de Barrancón. (2005). Plan de vida indígena 2005-2015. Guaviare.
  34. UAESPNN (s. f.). Plan de Manejo Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Recuperado de http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/LaSerraniadeChiribiqute.pdf
  35. Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. (s.f). Guayabero. Recuperado de http://www.google.com.co/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&ved=0CGcQFjALOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.siidecolombia.gov.co%2FCMS%2Fmedia%2F32892%2Fpueblo_guayabero.pdf&ei=gRt1UJYGjb72BITWgMgP&usg=AFQjCNGL713A5cRBDrVD6vmmogvNZxpapQ&sig2=Yh-RDQPzUQXRvl1xKXsf4g
  36. Ministerio de Cultura. (2010). Caracterización del pueblo Guayabero. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41772
  37. Ministerio de Cultura. (2010). Caracterización del pueblo Guayabero. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41772
  38. Ídem.
  39. Ídem.
  40. Ministerio de Cultura. (2010). Caracterización del pueblo Guayabero. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41772
  41. Resguardo Indígena Barrancón. (2005). Plan de Vida Indígena 2005-2015. Recuperado de http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=216:plan-de-vida-del-resguardo-indigena-barrancon&catid=57:planes-de-vida&Itemid=119
  42. Marandúa Estéreo. (2011). Se oficializa la organización indígena CRIGUA
  43. Recuperado de http://marandua.co/index.php?option=com_content&view=article&id=483:se-oficializa-la-organizacion-indigena-crigua-2-
  44. Ídem.
  45. Ídem.
  46. OPIAC. (s.f). Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, organizaciones de base. Recuperado de http://www.opiac.org.co/organizacion-de-pueblos-indigena-de-la-amazonia-colombiana/
  47. OPIAC. (s.f). Misión y Visión. Recuperado de http://www.opiac.org.co/mision/
  48. CRIGUA II. (2011). Modelo Metodológico, formulación proyecto etnoeducativo del pueblo Jiw Guaviare y Meta. Recuperado de http://crigua2.org/v2012/index.php
  49. Ministerio de Cultura. (2010). Caracterización del pueblo Guayabero. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41772
  50. Ídem.
  51. Ídem.
  52. Auto 173 de 2012. (2012). Corte Constitucional. Recuperado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2012/a173-12.htm
  53. Ídem.
  54. CECOIN, OIA. (2008). La Tierra contra la muerte, conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Recuperado de http://www.google.com.co/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&ved=0CGIQFjAJODI&url=http%3A%2F%2Fwww.prensarural.org%2Fspip%2FIMG%2Fpdf%2F10383_1_La_Tierra_contra_la_muerte.pdf&ei=C2hyUOPwHZOC9gSS9IDYCQ&usg=AFQjCNEqkPDNMZy0y30ZFc_ZWybLLVeS2w&sig2=n9spiT7DuDSSCNFlkcj_ig
  55. CDA. (2010). Nuestra Gestión. Recuperado de http://www.cda.gov.co/programas_proyectos.shtml?apc=b1d1--&x=934
  56. Resolución N° 221 de 2011. (2011). Ministerio del Interior. Recuperado de http://www.google.com.co/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.mij.gov.co%2FMinisterio%2FLibrary%2FResource%2FDocuments%2FCONSUTA%2520PREVIA%2FRESOLUCION%25202215021.pdf&ei=ofmBUKrOGIO69QTYjICoAw&usg=AFQjCNHXzzWVk1HCUcMtwo2gE6EpqbWAuw&sig2=dmbxE3wLB0brY6eIlZZSlw
  57. Resguardo Indígena Barrancón. (2005). Plan de Vida Indígena 2005-2015. Recuperado de http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=216:plan-de-vida-del-resguardo-indigena-barrancon&catid=57:planes-de-vida&Itemid=119
  58. Ídem.
  59. Ídem.
  60. Observatorio del Programa presidencial de Derechos Humanos y DIH. (s.f). Diagnóstico Departamental Guaviare. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticosDepartamento.aspx
  61. Ídem.
  62. Ídem.
  63. Misión de Observación Electoral. (s.f). Monografía Político Electoral Departamento de Guaviare 1997 a 2007. Recuperado de http://www.google.com.co/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmoe.org.co%2Fhome%2Fdoc%2Fmoe_mre%2FCD%2FPDF%2Fguaviare.pdf&ei=O2eBUIycI-nm2gWQ3IDIAg&usg=AFQjCNETvDQyDy7eUKLRRfx4-hU2QQteZg&sig2=rCVUwrUsg1ShkJCjcdztqQ
  64. Moragas F. (2012). El suelo Amazónico. Recuperado de http://flor-amazonas.blogspot.com/2008/04/suelo-amaznico.html
  65. UNODC. Colombia. Monitoreo de Cultivos de coca. (2012) Recuperado de http://www.unodc.org/documents/crop monitoring/Colombia/Censo_cultivos_coca_2011.pdf
  66. Ídem.
  67. IGAC. UPME. (2009) Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/PDF/SIGOT_EcoProduccionOroMpio_Nal.pdf? http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/PDF/SIGOT_EcoProduccionPlataMpio_Nal.pdf? http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/PDF/SIGOT_EcoProduccionPlatinoMpio_Nal.pdf?
  68. Áreas estratégicas mineras. (2012). Recuperado de http://www.lasillavacia.com/historia/la-reserva-minera-en-la-amazonia-que-el-ministro-de-ambiente-aprobo-sin-estudiar-35135
  69. Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2006). Los Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio. Bogotá. Recuperado de http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5640
  70. Ministerio del Interior. Asuntos Indígenas. (2010). Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada (PPTP). Bogotá.
  71. Alcaldía Municipal de San José del Guaviare. (2012). Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015.
  72. Resguardo Indígena de Barrancon. (2005). Plan de Vida Indígena 2005-2015 Recuperado de http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/files/PVI_BARRANCON.pdf
  73. Muriel, A. citada en Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2010). Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Guayabero. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_GUAYABERO.pdf
  74. Ministerio de Cultura. (2010). Jiw –Guayabero-, una gran familia. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41772
  75. Modelo Metodológico, formulación Proyecto Etnoeducativo Pueblo Indígena Jiw, (s.f). Recuperado de http://crigua2.org/v2012/images/stories/producto_final%20convenio_404_men_criguaii%201.pdf
  76. Ministerio de Cultura, Caracterización Pueblo Indígena Guayabero (Jiw), (s.f). Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41772#
  77. Ministerio de Cultura. (2010). Jiw –Guayabero-, una gran familia. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41772
  78. Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2010). Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Guayabero. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_GUAYABERO.pdf
  79. Ministerio de Cultura, Caracterización Pueblo Indígena Guayabero (Jiw), (s.f). Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41772#
  80. Ministerio de Cultura, Caracterización Pueblo Indígena Guayabero (Jiw), (s.f). Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41772#
  81. Modelo Metodológico, formulación Proyecto Etnoeducativo Pueblo Indígena Jiw, (s.f). Recuperado de http://crigua2.org/v2012/images/stories/producto_final%20convenio_404_men_criguaii%201.pdf
  82. Gobernación del Guaviare. Plan de Desarrollo. “ASÍ MARCAMOS HUELLA” 2012 – 2015. Recuperado de http://educon.javeriana.edu.co/ofi/documentos/regionalizacion/Planes%20desarrollo/Departamentos/GUAVIARE%202012_2015.pdf
  83. Resguardo Panure. Plan de Vida. Recuperado de www.observatorioetnicocecoin.org.co/files/PIVI%20PANURE.pdf
  84. Revista Semana. Unos 79 indígenas abandonan tierras límites del Meta y Guaviare. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/unos-79-indigenas-abandonan-tierras-limites-meta-guaviare/245792-3
  85. Fundación WOTIEN. Diagnóstico comunidad Guayaberos. Recuperado de http://wotien.wordpress.com/2009/12/15/diagnostico-de-la-comunidad-guayaberos/#more-92
  86. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Misión internacional de verificación sobre la situación humanitaria y derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia. Recuperado de http://www.wrm.org.uy/paises/Colombia/Declaracion_Final.html
  87. Departamento para la Prosperidad. Mapa Cooperación Internacional. Recuperado de http://www.accionsocial.gov.co/new_mapa/main.asp
  88. INCORA. (1988). Resolución 068. Bogotá: INCORA.
  89. Asamblea Departamental, Departamento del Guaviare. (2004). Plan Departamental de Desarrollo. Ordenanza No. 008 de 2004. Recuperado de http://www.guaviare.gov.co/apc-aa-files/64303238353934646337363334303836/Plan_de_Desarrollo_EL_GUAVIARE_NOS_UNE.pdf
  90. Corte Constitucional. (2012). Auto 173. Bogotá.
  91. Caracterización Resguardos. (s.f.). Índice Consolidado, Resguardos Indígenas de Colombia. Documento interno.
  92. Asamblea Departamental, Departamento del Guaviare. (2004). Plan Departamental de Desarrollo. Ordenanza No. 008 de 2004. Recuperado de http://www.guaviare.gov.co/apc-aa-files/64303238353934646337363334303836/Plan_de_Desarrollo_EL_GUAVIARE_NOS_UNE.pdf
  93. Corte Constitucional. (2012). Auto 173. Bogotá.
  94. Corte Constitucional. (2003). Sentencia T-552. Bogotá.
  95. Departamento del Guaviare. (2004). Asamblea Departamental. Plan Departamental de Desarrollo. Ordenanza No. 008 de 2004. Recuperado de http://www.guaviare.gov.co/apc-aa-files/64303238353934646337363334303836/Plan_de_Desarrollo_EL_GUAVIARE_NOS_UNE.pdf
  96. Presidencia de la República. (s.f.). Derechos Humanos y DIH. República de Colombia. Diagnóstico sobre las Comunidades Indígenas. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticoIndigenas.aspx
  97. ONU. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
  98. Caracterización Resguardos. (s.f.). Índice consolidado resguardos indígenas de Colombia. Documento interno.
  99. Presidencia de la República. (s.f.). Derechos Humanos y DIH. República de Colombia. Diagnóstico sobre las Comunidades Indígenas. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticoIndigenas.aspx
  100. Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. (2004). La Agonía del Jaguar Derechos Humanos de la Amazonía Colombiana. Bogotá: Formato Comunicación Diseño Ltda.
  101. Presidencia de la República. (s.f.). Derechos Humanos y DIH. República de Colombia. Diagnóstico sobre las Comunidades Indígenas. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticoIndigenas.aspx
  102. Punto de Encuentro. (2012). Cartografía del conflicto: Narcoparamilitares y Guerrilla. Recuperado
  103. Presidencia de la República. (s.f.). Derechos Humanos y DIH. República de Colombia. Diagnóstico sobre las Comunidades Indígenas. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticoIndigenas.aspx
  104. CINEP. (2011). Banco de Datos Derechos Humanos y Violencia Politica. Recuperado de http://www.nocheyniebla.org/
  105. Punto de Encuentro. (2012). Cartografía del conflicto: Narcoparamilitares y Guerrilla.
  106. Presidencia de la República. (s.f.). Derechos Humanos y DIH. República de Colombia. Diagnóstico sobre las Comunidades Indígenas. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/DiagnosticoIndigenas.aspx
  107. Ejército Nacional. (2012). Vigésima Segunda Brigada de Selva-San José Del Guaviare. Recuperado de http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=240194
  108. Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. (2004). La Agonía del Jaguar Derechos Humanos de la Amazonía Colombiana. Bogotá: Formato Comunicación Diseño Ltda.
  109. Corte Constitucional. (2012). Auto 173. Corte Constitucional.
  110. Departamento del Guaviare. (2004). Asamblea Departamental. Plan Departamental de Desarrollo. Ordenanza No. 008 de 2004. Recuperado de http://www.guaviare.gov.co/apc-aa-files/64303238353934646337363334303836/Plan_de_Desarrollo_EL_GUAVIARE_NOS_UNE.pdf
  111. ACNUR. (2006). Colombia, Desplazamiento Indígena y Política Pública: Paradoja del Reconocimiento. San José de Costa Rica.
  112. ONU. (2008). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (61/295).
  113. OIT. (2003). Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. México. Recuperado de http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf