Pipalta Palbi Yaguapi

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Descripción geofísica

Localización geográfica

Está ubicado en la parte central del municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño. Limita al sur con resguardo Nunalbí Alto Ulbí[1].


Geología estructural

En el resguardo se presenta contacto cordillera- depresión[1].


Geomorfología

Relieve

En la zona se encuentran sistemas morfogénicos asociados a:

  1. piedemontes, exteriores.
  2. Conos altos fluviovolcánicos[1].

Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran:

  1. Depósitos de conos formados por flujos fluvio-volcánicos relacionados con los volcanes Chiles, Cumbal, Azufral, entre otros.
  2. Cobertura de cenizas volcánicas de 3 metros aproximadamante[2].


Modelado

En la zona se encuentran conos y colinas de pendiente media inclinada a fuertemente inclinada[1]. Ocurren procesos de modelado del siguiente tipo:

  1. Movimientos en masa tipo derrumbe.
  2. Disección moderada[2].
  3. Los procesos secundarios son por deslizamientos localizados[2].

Se encuentran dos tipos de paisaje:

  1. Piedemonte coluvio aluvial con inclinación menor al 12% y drenaje imperfecto a excesivo.
  2. Piedemonte coluvio aluvial con inclinación mayor al 12% y drenaje imperfecto a excesivo[2].


Hidrografía

Cuencas

El resguardo está ubicado en la cuenca del bajo Patía[1]. La escorrentía es mayor a 6000 mm anuales[2]. Se presentan ambientes sedimentarios y vulcano clástico con buenas posibilidades hidrogeológicas[2].


Sistemas lóticos

En la zona se encuentran las quebradas Papilta, Yaguapi, Punde, Euli y Palbi[3].


Sistemas lénticos

No hay presencia de sistemas lénticos representativos.


Climatología

Clima

El resguardo se encuentra entre 0 a 800 metros sobre el nivel del mar[1] y presenta las siguientes características:

  1. La temperatura es mayor a 24°C.[2].
  2. La precipitación está entre 4000 a 5000 mm anuales[2].
  3. Los meses de abril, mayo, octubre y noviembre son los más lluviosos del año[4]


Zonificación climática

El clima en la zona está entre Cálido a Muy Húmedo[1].


Amenazas naturales

En la zona hay amenaza alta por remoción en masa y amenaza sísmica alta[1].


Descripción biótica y ambiental

Características biofísicas

Zonas de vida y biomas

De acuerdo al sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge, el área del resguardo corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo Tropical (bmh-T) y bosque pluvial Tropical (bp-T)[1]. Respecto a los biomas, según el Módulo de Información Geográfica del Observatorio de Territorios Étnicos[5] y el Mapa de Ecosistemas Continentales, Marinos y Costeros de Colombia[6], el área pertenece al Zonobioma Húmedo Tropical del Pacífico y Atrato. Es importante destacar que con base al Mapa General de Ecosistemas de Colombia, en la zona se encuentran ecosistemas naturales de bosques húmedos subandinos y ecosistemas que han sido transformados y corresponden a áreas rurales intervenidas no diferenciadas, con menos del 20% de los ecosistemas originales presentes[7].


Áreas para la conservación y traslape con áreas protegidas

El área del resguardo no se cruza con áreas protegidas. El resguardo se encuentra dentro de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico[5], creada por la Ley 2ª de 1959 con el propósito de promover el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre[8]. En esta zona los procesos de deforestación han propiciado la fragmentación de los ecosistemas, afectando su funcionalidad y provisión de bienes y servicios ambientales para las poblaciones asentadas en esta área[9].

Nota: Es importante tener en cuenta que parte de los ecosistemas naturales del área están transformados. Por esto, las iniciativas y las prácticas tradicionales de conservación y manejo ambiental de los recursos naturales, en la zona, son importantes y contribuyen a preservar las condiciones de vida y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas.


Biodiversidad

Introducción

Las fuentes disponibles no aportan información suficiente para establecer las características del resguardo.


Fauna

Las fuentes disponibles no aportan información suficiente para establecer las características del resguardo.


Flora

Las fuentes disponibles no aportan información suficiente para establecer las características del resguardo.


Uso de los recursos naturales renovables

La vivienda típica Awá está construida con material de la región; pisos y paredes de tabla o chonta, techos con hoja de saque, paja o bijao; los pilares son de chonta o gualte, la madera que utilizan es de chanul o guayacán[10]. La caza constituye una buena fuente de alimentación. Los indígenas la hacen en la noche, y en el día si se presenta la oportunidad. Los animales más comunes para la caza son: el venado, guatín, guagua, conejo, cusumbe, armadillo, perico, armadillo, ratón de monte, zorra, micos y perdices. La carne y las pieles de estos animales son utilizadas para la alimentación y la fabricación de bolsos[2].


Impacto ambiental

Proyectos

El resguardo está dentro del Distrito Minero Costa Pacífica Sur-DM-12. En este se conocen tres tipos de aluviones auríferos: terrazas altas bien consolidadas de poca extensión con valores altos de oro; aluviones de piedemonte poco consolidados, los cuales abarcan extensiones mayores y presentan altos contenidos de oro y aluviones más recientes, poco consolidados, depositados en los antiguos canales de los ríos Telembí, Patía, Guelmambí, Maguí, Iscuandé y Tapaje[11]. En gran parte de las localidades, la explotación de oro aluvial es a cielo abierto. En pocos casos, el arranque, cargue y lavado es mecanizado. Las vías de comunicación terrestre son pocas y el transporte fluvial y de cabotaje es muy importante, por lo que hay un proyecto de mejoramiento de la navegación fluvial en los esteros del Océano Pacífico, entre Buenaventura, Guapi y Tumaco, siendo un proyecto de gran significado desde el punto de vista social, de apoyo a las comunidades mineras y desarrollo regional[2]. De acuerdo al mapa de Área petrolera en Resguardos de abril de 2011, el resguardo está declarado como área de hidrocarburos, susceptible a afectaciones dentro y en áreas adyacentes[12].

NOTA: Este análisis se hizo al sobreponer el Mapa de Áreas Petroleras dentro de Resguardo con la ubicación del resguardo según mapa del Sistema de Información Geográfico del Observatorio de Territorios Étnicos Recuperado de http://www.etnoterritorios.org/mig/map.phtml

Contaminación

Las fuentes disponibles no aportan información suficiente para establecer las características del resguardo.


Cultivos de uso ilícito

De acuerdo al Mapa de Resguardos y Cultivos de Coca 2011, el resguardo pasó de 17 hectáreas de coca, en el 2010, a 18 hectáreas en el 2011[13]. En el plan de salvaguarda la comunidad ha señalado que “las fumigaciones aéreas a los cultivos de uso ilícito han generado graves impactos sobre nuestro territorio, entre los que están: la afectación sobre nuestra practica de medicina tradicional, nuestros cultivos de pancoger también se han visto afectados y el daño es profundo pues la tierra fumigada se vuelve estéril, nuestros frutos de la selva que recogemos en diferentes épocas del año de igual forma se han dañado por las fumigaciones, además éstas han causado la muerte de animales domésticos y silvestres afectando nuestro derecho a la alimentación y la biodiversidad de nuestro territorio. Mas grave resulta aún las afectaciones sobre nuestra salud, particularmente enfermedades gastrointestinales, de la piel y respiratorias; entre otras asociadas también a la contaminación de nuestras fuentes de agua”[14].


Planes de manejo y ordenamiento ambiental territorial

Dentro del Plan de Salvaguarda se establece que “con el propósito de proteger nuestros recursos culturales, hídricos, madereros, la fauna y la flora requerimos que el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expida un acto administrativo, a partir del cual se comprometa a apoyar técnica y financieramente en la construcción de un Plan de Ordenamiento Cultural y Ambiental del territorio Awá”[14].


Sistemas de organización y formas de gobierno

Gobierno propio y ley de origen

Ejercicio de soberanía sobre el territorio

El pueblo indígena Awá del resguardo concibe su territorio como un espacio integral en el que confluyen la cultura y la vida de la “Gente de la Montaña”[15]. La estrecha relación entre los Awá y su territorio se ve representada en un gran conocimiento del entorno y sus elementos; los espacios considerados sagrados y los espacios sociales en los que se reflexiona acerca de la cosmovisión y las formas de regulación del territorio establecidas por ésta[2]. Las relaciones con el territorio dependen de los comportamientos de las personas y del cumplimiento de las normas de la montaña; el desacato de estas reglas tiene como consecuencia la aparición de enfermedades de la montaña, que deben ser curadas por los médicos tradicionales[16]; ellos, a través de la curación, median entre las personas y los espíritus de la montaña, convirtiéndose en los reguladores y ordenadores del territorio.


Autoridades tradicionales: transmisión de autoridad y conocimiento sobre el territorio

En el pasado los Chamanes y/o Mayores jugaban un papel importante al orientar la toma de decisiones de la comunidad y aconsejar a sus individuos durante las reuniones y festividades, se trataba de: “(…) instancias de tipo político sustentadas en la cosmogonía”[17], que solían reunirse en Consejos de Ancianos para dialogar sobre los problemas de la comunidad. Los médicos tradicionales mantienen viva la relación con la naturaleza y con los espíritus que la habitan: “Son ellos quienes establecen la comunicación con los espíritus, nos dan a conocer sus quejas y se encargan de curar las enfermedades, que son los castigos que la naturaleza nos impone cuando atentamos contra ella”[18]; las transgresiones de las normas para relacionarse con la naturaleza, acarrean la aparición de enfermedades de montaña, que sólo pueden ser curadas por la medicina tradicional[16]. En el Plan Salvaguarda Étnica del pueblo Awá, se expone la importancia de fortalecer la práctica de la medicina tradicional mediante la formación de nuevos médicos y el apoyo a las actividades y espacios propios de estas autoridades tradicionales[18].


Instituciones políticas y sociales indígenas

Autoridades y representantes indígenas: elección o designación

El resguardo tiene como base organizativa la familia, cuyas unidades se concentran en grupos familiares que comparten vivienda o zona de habitación. A pesar de las amplias distancias entre los asentamientos de las familias, los lazos se afianzan a través de las relaciones de herencia de la tierra, así como a partir del acceso a los cargos de autoridad[19]. La representación política ante autoridades privadas y estatales recae sobre el Consejo de Autoridades Tradicionales; son los ancianos quienes dirigen a la comunidad. Sin embargo, también se cuenta con la figura del Cabildo, que está encargado de acompañar las labores de representación del Consejo Tradicional. Es importante anotar que la junta de cabildo ha contado con el acompañamiento organizativo del cabildo vecino Ñambí-Piedra Verde[2].


Espacios y acciones de reclamación y reconocimiento de derechos

El pueblo Awá del resguardo, representado por su Junta de cabildo, está afiliado al Cabildo Mayor Awá de Ricaurte CAMAWÁRI, organización indígena reconocida por una trayectoria de dos décadas en las que ha adelantado procesos organizativos bajo los principios culturales de Autonomía, Unidad, Territorio y Cultura. Los trabajos de CAMAWÁRI en unión con la Unión Indígena del Pueblo Awá UNIPA, han estado encaminados al fortalecimiento de la autoridad y la justicia propia, el fomento de espacios igualitarios de participación y la promoción de los procesos culturales del pueblo Awá. En este sentido, es importante destacar la iniciativa de la UNIPA para consolidar un Sistema Integral de Atención en Salud para el pueblo Awá; intentando, de esta manera, responder ante la deficiente prestación de los servicios de salud que ha tenido que enfrentar la comunidad; es por ello que la UNIPA creó una IPS propia en la que se atiende a la población indígena, acatando las características de este pueblo, tales como garantizar la atención utilizando el idioma propio[15].


Jurisdicción especial indígena

Partiendo de su cosmovisión y de las diversas formas de interrelación con la naturaleza y las personas, el pueblo Awá del resguardo posee una serie de Consejos que obedecen a las formas correctas en que los seres humanos deben comportarse con la montaña y entre ellos; los Consejos se encargan de las prohibiciones de alimentos, las relaciones íntimas entre familiares, los cuidados de los diferentes ecosistemas del territorio, así como con el compromiso de fortalecer las bases culturales y tradicionales como pueblo[20]. Teniendo como base a los Consejos, el pueblo Awá se erige y autoreconoce como autoridad para la aplicación de la justicia propia, con soberanía y competencia para investigar, solucionar y sancionar conductas problemáticas dentro de su territorio. Así mismo, se concibe la aplicación del gobierno y la justicia propia como herramientas de consolidación de la autonomía política y administrativa del pueblo Awá[15].


Relación con actores e instituciones no indígenas

Autoridades e instituciones estatales y privadas

En el marco de sus procesos de reivindicación, reclamación de derechos y participación social y política, el resguardo se ve afectado o mantiene una relación con las siguientes instituciones y/o proyectos:

  • Alcaldía Municipal: El resguardo está bajo la jurisdicción del Municipio de Barbacoas, con el que entabla relación puesto que es la autoridad encargada de la administración de los fondos del Sistema General de Participación, SGP. Así mismo el Gobierno Municipal, mediante su Plan de Desarrollo para los años 2008 a 2011, se comprometió a apoyar el proceso de fortalecimiento del resguardo, mediante un acompañamiento institucional, capacitando a la población en temas relacionados con la participación ciudadana, la formulación y presentación de proyectos, así como en Derechos Humanos. Finalmente, se comprometió a apoyar encuentros de saberes ancestrales de los conocedores de la tradición cultural, con el fin de transmitir los conocimientos del pueblo Awá[21].
  • Ministerio del Interior-Gobernación de Nariño: La Secretaría de Economía Regional y Agua Potable de la Gobernación de Nariño, solicitó concepto al Ministerio del Interior para la ejecución del proyecto “Multiveredal integral del Pacífico en los centros poblados de la Guayacana, Llorente, Espriella y Tangareal en el Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño”. El Ministerio del Interior certificó la presencia del resguardo en la zona de influencia del proyecto, instando a dicha empresa para iniciar el proceso de consulta previa con las autoridades indígenas[22].
  • Gobernación de Nariño-Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN): El IDSN ha fomentado y realizado jornadas de acompañamiento y capacitación relacionadas con el tema de Saneamiento básico para las comunidades indígenas del Departamento. En el marco de esta iniciativa, se han llevado a cabo talleres en los que se prioriza el enfoque diferencial para atención de la población Awá, teniendo en cuenta sus características culturales propias[23].
  • Corte Constitucional: Debido a las reiteradas violaciones de los Derechos Humanos individuales y colectivos del pueblo Awá, las autoridades indígenas se manifestaron ante la Corte Constitucional para denunciar su situación de vulnerabilidad ante los efectos del conflicto armado en la región que habitan y que incluyen desplazamiento, asesinatos y desapariciones. Por su parte, la Corte se pronunció reiterando los compromisos adquiridos por las diferentes instituciones y la crítica situación de riesgo, referidos en el Auto 004 de 2009.
  • Además, la Corte invitó a las entidades gubernamentales del orden local, regional y nacional, a adoptar un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, con el fin de enfrentar y atender la situación de los indígenas que son víctimas de la violencia. Finalmente, ordenó al Ministerio del Interior la aceleración de los procesos contemplados en el Auto 004, como la implementación del Plan de Salvaguarda Étnica para el pueblo Awá[24].


Relaciones interétnicas

De acuerdo con el estudio socioeconómico realizado en el año 1996 para la constitución del resguardo, no se encontraban personas ajenas a la población en sus predios de propiedad e influencia[19]. Sin embargo, es importante anotar que el resguardo se encuentra ubicado en un Municipio en el que, a pesar de que el pueblo Awá es mayoritario, una porción de la población pertenece a la comunidad negra[25], por lo que las relaciones entre los dos grupos étnicos son constantes en la cabecera municipal y las zonas rurales del Municipio. En otro sentido, la población del resguardo ha expuesto la grave situación de salud por la aparición de nuevas enfermedades, debido a la presión colonizadora producto de la siembra de cultivos ilícitos3. Los dos grupos han debido enfrentar la crítica situación de conflicto armado en la región[2].

Actores armados

La población de este resguardo, igual que la de los resguardos cercanos del Municipio, ha debido atravesar críticas situaciones como producto del conflicto armado en la región. La intervención de actores armados como las FARC, ELN y los grupos paramilitares, que buscan el control territorial y de los cultivos ilícitos presentes en la zona, ha generado un enfrentamiento constante haciendo que la población esté en situación de vulnerabilidad ante los efectos del conflicto[26]. El fuego cruzado, las masacres y asesinatos selectivos han ocasionado el desplazamiento de un sinnúmero de familias[18], que se han visto obligadas a asentarse en refugios transitorios en las cabeceras municipales, quedando expuestas a situaciones de riesgo en materia de salud y seguridad ante las acciones represivas de los diferentes grupos armados[27]. En el año 2010, las autoridades indígenas Awá, con al apoyo de la Unión Indígena del Pueblo Awá UNIPA, emitieron un comunicado a la opinión pública denunciando la desaparición de tres habitantes del resguardo, quienes habrían sido asesinados por la guerrilla del ELN[28].


Resguardos fronterizos

No aplica.


Uso, vocación y potencialidades de los suelos

Suelos

Características de los suelos

En la zona se encuentran suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas; se caracterizan por ser muy profundos, bien drenados y de grupo textural franco y grueso. Químicamente son suelos muy fuertemente ácidos, de alta capacidad de intercambio catiónico, bajos contenidos de calcio, magnesio, potasio y fósforo, baja saturación de bases y moderada fertilidad[29].


Condiciones actuales

Intervención: Esta área tiene bosque intervenido no comercial con algunas áreas en cultivos semi-perennes comerciales (banano, chiro), de subsistencia (caña y plátano) y pequeñas áreas en pastos naturales. La vegetación natural está representada por chingalé, perillo, palma gualté, sande, amarillo, maría, pialdé, caracolí, jigua, pandé, nigüito, quinde, cauchillo y patevaca entre otros[29]. Fenómenos de degradación en los suelos del resguardo: Procesos erosivos asociados a la deforestación[2].


Vocación y recursos alternos

Utilidad

Los limitantes de estos suelos son las excesivas lluvias, la alta saturación de aluminio y la baja fertilidad. Son suelos recomendados para bosques protectores y protectores-productores, explotación forestal con tala selectiva, y en algunos sectores para pocos cultivos tolerantes a los altos contenidos de aluminio que se adapten a las fuertes condiciones climáticas como plátano, yuca, arroz, banano, palma africana, palma de chontaduro y pastos como pará[29].


Recursos minerales

En el municipio de Barbacoas hay yacimientos o explotaciones mineras de oro (producción media entre 17 kg y 363 kg) y plata (producción media entre 20 g y 6 kg)[30].


Importancia, uso y aprovechamiento actual

Prácticas productivas-UAF

Autóctonas: Los hombres del resguardo se encargan de trabajar el campo: desyerbar para la siembra y la cosecha. Recogen leña, pescan y cazan, así como recolectan frutos, elaboran canoas, balsas y accesorios artesanales. Las mujeres realizan labores domésticas, guían la crianza de los hijos, ayudan en la cosecha y elaboran algunos productos artesanales. Algunas mujeres Awá del resguardo trabajan fuera del hogar[31]. Los indígenas Talan, cultivan y abandonan la parcela para que se regenere la cubierta vegetal, logrando el manejo sostenido del ecosistema que fácilmente en otras circunstancias se degrada[2]. Gracias a su profundo conocimiento del medio ambiente, nunca sobreexplotan un recurso que, en este ecosistema, es siempre escaso[2]. Los indígenas no perciben la conservación de un recurso por separado; su preocupación es lograr el beneficio sin lesionar otros componentes complementarios. Así, ellos interpretan la selva como una sucesión de eco-zonas y cada una tiene aptitudes diferentes: suelos, vegetación y animales conforman un sistema integrado de recursos[2]. Agrícolas y pecuarias: Los indígenas perciben 3 espacios con aptitudes y usos distintos según la altitud de las colinas donde habitan. El primero está asociado a los asentamientos humanos. Para este efecto prefieren las terrazas y vegas de deposición junto a los ríos en donde pueden establecer cultivos y al mismo tiempo disponer de recursos pesqueros. El segundo es el área de la vivienda, generalmente despejada y en la que suelen sembrar pastos introducidos como gramalote y micay (Anoxopus sp), muy difundidos entre los campesinos que se asientan en la región. Esta zona corresponde al 5% y 10% aproximado del total del área de cada familia indígena. Después del espacio abierto, a unos 50 metros, empieza la montaña; se trata de un mosaico de bosques con diferentes edades de sucesión, barbecho y campos cultivados de maíz, plátano, con esporádica presencia de yuca, fríjol y caña. El tercer espacio corresponde a las partes altas de las colinas, las cuales son muy inclinadas y permanecen cubiertas de neblina en las tardes y son áreas exclusivas para cacería. Allí se encuentra la selva primaria, generalmente compuesta por árboles delgados en donde proliferan musgos y todo tipo de epífitas. Debido a la inclinación del terreno, las áreas susceptibles de cultivo son escasas, por lo que los indígenas disponen de extensos bosques. Con alguna regularidad aparecen asociaciones de árboles útiles, cuya existencia es gracias al manejo forestal[2]. Unidad Agraria Familiar (UAF): Los indígenas Awá buscan un máximo de territorialidad y un mínimo de densidad poblacional, por lo que una familia cuenta en promedio con 100 hectáreas[2].


Plan de desarrollo

Impactos en los territorios indígenas

El Plan de Desarrollo Municipal contempla entre sus acciones el fortalecimiento de los resguardos indígenas buscando su desarrollo comunitario[32]. Además se menciona que las comunidades indígenas han perdido sus territorios por el avance de la agricultura mediante la deforestación, así como la presencia de cultivos ilícitos que no solo afectan el entorno sino a las mismas comunidades[33].


Estrategias de conservación

Como estrategia de conservación de los suelos se recomienda preservar las tierras con programas y actividades intensivas de manejo y conservación de los recursos naturales con plantación de bosques o reforestaciones que garanticen la regulación de los caudales, protegiendo las cuencas hidrográficas y como control de la erosión[29].


Planes de vida

El Plan de Vida del pueblo Awá contiene los objetivos, proyectos y “plataforma de lucha”, y sus mecanismos de participación en los que se propone la defensa del territorio y la conservación de la naturaleza; el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Ambiental y Cultural del Territorio Awá y la actualización permanente del mismo; la recuperación y el fortalecimiento de la producción y economía propia[34].


Demografía

Estructura, densidad y distribución poblacional

Censos y proyecciones

La población del resguardo Pipalta-Palbi-Yaguapi pertenece al pueblo Awá (también llamados Kwaiker, Cuaiker, Cuaquier, Coiquer). El censo DANE del 2005 reportó 25.813 personas que se reconocen como pertenecientes al pueblo Awa Kuaiker, que representan el 1,9% de la población indígena de Colombia. Este pueblo se concentra mayormente en el departamento de Nariño donde habita el 86,6% de la población.

Pueblo Indígenas autoreconocidos en el censo del 2005 Porcentaje población indígena nacional
Awá 25.813 1,9 %

El Instituto Colombiano de Reforma Agraria por medio del Resolución de Constitución 011 de 1996 constituyó el resguardo Pipalta-Palbi-Yaguapi y adjudicó a la comunidad 2.556 hectáreas. La población del resguardo según:

  • Resolución de constitución número 011 de 1996 –INCORA-: La comunidad estaba conformada por 87 personas nucleadas en 17 familias.
  • El Censo Nacional de 2005 del DANE: reportó 101 indígenas en el resguardo.
  • Proyección estadística a 2012 –DANE-: se estima que para este año la población indígena del resguardo asciende a 117 personas.

La densidad de la población con respecto al año en que se constituyó el resguardo correspondía a 29,37 hectáreas por habitantes, y con base en la proyección poblacional del DANE para el año 2012, esta densidad es de 21,84 hectáreas por habitantes.

Relación poblacional del resguardo respecto al pueblo indígena.

Población según Censo 2005 % Población
Pueblo Awá 25.813 100%
Resguardo Pipalta-Palbi-Yaguapi 101 0,39%

Poblamiento y distribución espacial de la población

El pueblo Awá Kuaiker se ubica en la parte occidental del macizo andino, desde la cuenca del río Telembí hasta la parte norte de Ecuador. Su población reside en varios resguardos sobre la región Nariñense, y en inmediaciones del Putumayo, de forma predominante en los municipios de Cumbal, Mallama, Ricaurte y Barbacoas, y en Villa Garzón[35]. La comunidad indígena Awá de Pipalta-Palbi-Yaguapi se encuentra asentada en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño. Su patrón de residencia se caracteriza por la dispersión de sus asentamientos a lo largo de los ríos. Viven en casas elevadas separadas entre sí, construidas en hoja de palma de chonta y gualte. Los asentamientos tienen un núcleo de casas perteneciente a las personas con lazos directos de consanguinidad, quienes a su vez ejercen funciones de dirección del asentamiento[36]. Los awá conservan la tradición familiar de heredar la tierra de abuelos a nietos y un modelo de poblamiento disperso en el territorio, pretendiendo así que cada familia sea autosuficiente productivamente.


Sistemas de parentesco

Parentesco

La comunidad indígena Awá de Pipalta-Palbi-Yaguapi basa su organización social en la familia nuclear –padre, madre e hijos-, con sentido de pertenencia a una familia extensa, regida por la tendencia a mantener la autonomía y la homogeneidad de cada unidad residencial, de donde depende la producción y su participación en la toma de decisiones. Su sistema de filiación es patrilineal; las parejas próximas a casarse tienen un período de amaño que puede durar varios meses, seguido por la asignación, por parte del padre de la novia, de un terreno para que la nueva pareja construya su vivienda y empiece a cultivar. En promedio sobre los quince años, los jóvenes de la comunidad empiezan a buscar pareja.


Movimientos migratorios y desplazamientos

Migración y desplazamiento

El desplazamiento forzado para nosotros los pueblos indígenas incrementa el riesgo de exterminio físico, étnico y cultural; el delito del desplazamiento forzado ha lesionado nuestra integridad como pueblo Awá y en general, la de los pueblos indígenas del país no solamente en las últimas décadas y desde que existe legislación y jurisprudencia en la materia, sino que se constituye en una injusticia histórica persistente desde la llamada “conquista“ de América, hasta el actual período republicano. En relación con el desplazamiento forzado la Honorable Corte Constitucional emitió la Sentencia T-O25 de 2004 en la cual hace la declaratoria formal de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. Esta es una decisión que toma la Corte cuando hay una violación reiterativa de múltiples derechos sobre un grupo poblacional amplio y cuya solución involucra la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural, que es justamente lo que está pasando con el desplazamiento forzado y es también la solución que se requiere para el mismo. Esta es la séptima vez que la Corte Constitucional emite una orden de esta magnitud, tal como lo reseña ella misma en la citada sentencia, número de veces que resulta preocupante siendo la Constitución Política de Colombia relativamente joven. Es claro para nosotros que el conflicto armado que estamos padeciendo dentro de nuestro territorio es ajeno a la dinámica ancestral de vida Awá y ha generado el desplazamiento y la muerte de los hermanos y hermanas que habitan la selva, vulnerando los derechos que tenemos como pueblo indígena y como colombianos. Esta situación nos ha llevado a movilizarnos a nivel nacional e internacional para la defensa de nuestros principios de vida como pueblo y de la pervivencia en el territorio ancestral. La búsqueda de soluciones y salvaguarda de nuestro pueblo no es algo nuevo para nosotros, desde hace aproximadamente cinco siglos, en que iniciaron los atropellos y las violaciones a nuestros derechos, nos hemos mantenido firmes en la reivindicación de lo propio y en las exigencias presentadas a los gobiernos nacionales, siendo propositivos respecto de las medidas de prevención y protección que necesitamos se garanticen y se reconozcan[37].


Vulnerabilidad poblacional

El pueblo Awá también conocido como Kwaiker, Cuaiker, Cuaquier, Coiquer, fue incluido entre los pueblos indígenas en mayor riesgo de desaparición física y cultural debido a la grave afectación de los derechos individuales y colectivos del pueblo (Auto 004 DE 2009). La Corte Constitucional refirió la problemática del pueblo Awá en éstos términos: “Los derechos fundamentales individuales y colectivos del pueblo Awá están sujetos a violaciones de naturaleza permanente, sistemática y generalizada, derivadas de infracciones constantes del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano. Es de tal gravedad esta afectación, que la Defensoría del Pueblo en Nariño emitió en 2007 un informe defensorial como mecanismo para visibilizar su crítica situación. Para la Corte Constitucional no cabe duda de que el pueblo Awá atraviesa por una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas y sin antecedentes en la historia de los pueblos indígenas colombianos, que les pone en claro riesgo de exterminio por el conflicto armado“.

  • Según el diagnóstico realizado por parte del Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la región habitada por los Awá se evidencia dos problemáticas principalmente; en primer lugar, la tenencia de la tierra y en segundo lugar la presencia de la coca y de los actores armados irregulares. Respecto a esta última problemática, cabe resaltar que el principal impacto de los cultivos de coca fue provocado por la llegada de foráneos desde los años ochenta, que les compraron tierra y les ofrecieron trabajo, razón por la cual su sistema de agricultura itinerante desapareció y quedaron atados a sus nuevos patronos, pues la caza y la pesca disminuyeron.


Seguridad y soberanía alimentaria

Seguridad alimentaria

Producción y consumo:

  • La comunidad se caracteriza por tener una economía de subsistencia basada en la agricultura especialmente, complementada con la caza, la pesca y la elaboración de artesanías. El renglón ganadero no existe, tampoco excedentes de productos para la comercialización; toda su producción es para el autoconsumo y el trueque. Se cultiva plátano, dominico, banano, chiro, maíz, yuca y frutales en pequeñas parcelas.


Soberanía alimentaria

Las fumigaciones aéreas a los cultivos de uso ilícito han generado graves impactos sobre nuestro territorio, entre los que están: la afectación sobre nuestra practica de medicina tradicional, como dijo uno de nuestros médicos tradicionales en uno de los diagnósticos realizados: “yo he curado mas de cien vidas por picadura de serpiente, ahora ya no me comprometo, pues con la fumiga, las plantas que utilizo para curar ya se han dañado y buscar una planta de esas que antes estaban cerca, ahora toca ir días selva adentro“. Nuestros cultivos de pancoger también se han visto afectados y el daño es profundo pues la tierra fumigada se vuelve estéril, nuestros frutos de la selva que recogemos en diferentes épocas del año de igual forma se han dañado por las fumigaciones, además éstas han causado la muerte de animales domésticos y silvestres afectando nuestro derecho a la alimentación y la biodiversidad de nuestro territorio. Mas grave resulta aún la muerte de nuestros niños y niñas como ha ocurrido en los resguardos de Gran Rosario, Gran Sábalo e Inda Sabaleta, donde se presentaron más de doce casos, afectaciones sobre nuestra salud, particularmente enfermedades gastrointestinales, de la piel y respiratorias; entre otras asociadas también a la contaminación de nuestras fuentes de agua. Por esta razón planteamos la detención inmediata de las fumigaciones y las erradicaciones manuales puesto que este último procedimiento ha servido para incrementar más la violencia contra nuestro pueblo. Frente a esto creemos que la única salida coherente con el respeto a la vida y a nuestra integridad como pueblos indígenas es el apoyo a nuestras iniciativas productivas orientadas a garantizar nuestra seguridad alimentaria y la generación de ingresos para nuestras familias; esto no es solo apoyar unos proyecticos productivos, implica un verdadero acompañamiento y asesoría para que estas iniciativas verdaderamente se puedan realizar facilitando nuestra integración al desarrollo económico y social de la región, respetando nuestra perspectiva cultural y concepción propia de desarrollo[38].


Salud y educación

Salud: En materia de salud la situación de nuestras comunidades indígenas ha sido de desatención permanente por las siguientes razones: a. La mayoría de nuestras comunidades conservamos la cosmovisión propia, la salud ha sido trabajada por los médicos tradicionales de espanto, de mal viento, de chutún, de duende, de picadura de culebra, pulseadores, sobanderos y parteros en nuestro idioma awapit = iznakuttamkika; por medio de sus prácticas tradicionales rituales, las cuales nos han permitido sobrevivir con una mínima atención estatal. Como pueblo indígena conservamos nuestra lengua materna y, a pesar de contar con normas especiales de la Legislación Indígena Nacional, que nos amparan en cuanto a la atención gratuita en salud, no ha sido posible hacerlas cumplir en muchas oportunidades, porque los funcionarios de los hospitales y centros de salud, quienes deberían atender a cualquier ciudadano sin tener en cuenta las diferencias culturales, en muchas ocasiones no lo hacen. b. Dificultad para trasladarnos a los hospitales y centros de salud que existen en esta región (ubicados en las cabeceras municipales y en algunos poblados), ya que nuestras familias viven dispersas en extensos globos de terreno, distantes entre una hora, y hasta dos días, de camino de la carretera; tenemos tan solo caminos peatonales de trocha, cruzando quebradas y ríos mediante puentes de cable y en canoas. En los años de 1994 y 1995, la enfermera Gloria Narváez como asesora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, formó un grupo de voluntarios indígenas a quienes dio una dotación inicial; más adelante, la UNIPA concertó con el Plan Nacional de Rehabilitación de la Presidencia de la República, la formación de 24 Promotores en atención primaria en salud; la capacitación fue realizada por la Escuela Superior de Enfermería de Nariño, en el año 1994. En 1997, la UNIPA logró concertar con el Programa BID Plan Pacífico, la actualización de algunos promotores de salud y la formación de nuevos promotores indígenas en salud. La situación en materia de salud de nuestras comunidades se ha complicado por la aparición de enfermedades típicas del clima húmedo tropical de la región pacífica, y enfermedades traídas por los no indígenas, las cuales no pueden ser tratadas por los médicos tradicionales. A partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, nuestras familias indígenas por vez primera se vieron obligadas a conseguir y portar los carnets, por cuanto en los hospitales y centros de salud en muchas oportunidades no quieren atender a pacientes indígenas con las constancias expedidas por los gobernadores de los Cabildos. Hemos tenido que asumir la tarea de explicar a la población indígena, vinculada y afiliada al régimen subsidiado en salud, los derechos que tienen en materia de salud; el uso de carnets y certificaciones; los lugares y horarios de atención y demás aspectos relacionados con la prestación de servicios de salud, actualmente en la región. Por otra parte, es costumbre de las comunidades que cuando una persona se enferma, sus familiares salen a acompañarla; muchas veces los enfermos quedan hospitalizados y los acompañantes no tienen donde albergarse, ni los recursos para la alimentación y transporte; esta situación es similar para la consecución de citas y turnos. Lo anterior se complica aún más por cuanto los sistemas de atención propios y horarios de cada centro de salud y hospitales son distintos y desconocidos para nosotros; igualmente, la falta de recursos económicos para cubrir gastos de transporte y alimentación en casos de remisiones, es una sentida realidad. Falta sensibilidad y buenas relaciones humanas en el tratamiento especial que se debe dar a las personas indígenas que acuden a centros de salud y hospitales de las poblaciones y de la ciudad por parte de los encargados de prestar los servicios[39]. Educación: La Ley 715, en su Capítulo 2, dispone: “De las entidades territoriales: ARTICULO 151. Funciones de las Secretarías Departamentales y Distritales de Educación, en relación con la información (…) m) Consolidar y analizar la información de los municipios y remitirla al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los estándares fijados por éste, y, n) Establecer un sistema departamental y distrital de información en concordancia con lo dispuesto en los artículos 148 y 75 de esta Ley. c) Mantener actualizado el sistema de información de personal docente y administrativo y el sistema contable que estará a disposición del Ministerio de Educación Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de las Secretarías de Educación, o de los organismos que hagan sus veces“[40].


Oferta institucional

Oferta institucional

Estatal

La gobernación de Nariño a través de su Plan de Desarrollo Departamental “Nariño Adelante” 2012 – 2015, fundamenta su accionar en el proceso de la construcción colectiva del Plan de Desarrollo, en donde el Gobierno Departamental se compromete en acompañar a los pueblos indígenas y a las comunidades afros en la gestión para formular e implementar sus planes de vida, encaminados al fortalecimiento cultural, social, económico, ambiental y político. Será una prioridad en la agenda del Gobierno Departamental la interlocución nacional e internacional para lograr el respeto a los pueblos y sus territorios, enfrentados a la crisis humanitaria, la presencia de cultivos de uso ilícito y el conflicto armado, en especial para los pueblos Awá, Kofán y Eperara-Siapidara. Se adoptarán e implementar los planes de salvaguardia de los pueblos Awá, Inga, Cofan y Eperara Siapidara. Se Consolidará los mecanismos de coordinación entre la justicia indígena y el sistema judicial estatal. Se Promoverá la creación de una universidad intercultural a partir del fortalecimiento de la Escuela de Derecho propio del Pueblo de los Pastos. Ofrece fortalecer la medicina tradicional indígena, mediante el fortalecimiento de la Salud Ancestral, Cultura y Educación Intercultural, la Autoridad, Autonomía y Justicia y los procesos propios para los proyectos productivos- Minga y Pervivencia. De igual manera se concertarán agendas para el desarrollo de los acuerdos priorizados en las tres subregiones de la costa pacífica, en temas de fortalecimiento de educación, salud, desarrollo productivo, entre otros.[41]


Organizaciones indígenas

Las organizaciones presentes en territorio nariñense son la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara – ACIESNA, La Unidad Indígena del Pueblo Awa – UNIPA, el Cabildo Mayor Awa de Ricaurte – La Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas del Nudo de los Pastos – SHAQUIÑAN y el Resguardo Inga de Aponte. Estas fundamentan sus actividades en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas de Nariño y Colombia.[2]


ONG y organizaciones privadas

Las organizaciones privadas y las ONGs apoyan a las comunidades indígenas en procesos de visibilizacion de la situación del conflicto de sus territorios, además ayudan a generar espacios para la puesta en marcha de iniciativas que ayuden a mitigar estas multiples problematicas. La organización Human Rights Watch ONG internacional defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch brinda acompañamiento al pueblo Awa en casos infortunados como masacres y desplazamientos.[42]

Organizaciones locales como FUNDEPAZ acompañan a las comunidades en espacios propios, debido a la confianza y agradecimiento que estas les tiene, recientemente esta organización formó parte del Encuentro de Intercambio de Experiencias de Organizaciones Etnicoterritoriales del Proyecto Bosques y Territorio con ACIN, realizado en el Predio el Verde Diviso, jurisdicción del Municipio de Barbacoas, departamento de Nariño, un evento apoyado por la organización Oxfam GB que es una organización internacional, británica, de carácter independiente, de cooperación y acción humanitaria. El principal objetivo de este evento fue Propiciar un espacio de aprendizaje y reflexión sobre mecanismos de protección y control del territorio, a partir de las experiencias de las guardias Indígenas de ACIN, UNIPA y los cabildos de Chigorodó y Mutatá con las organizaciones afrodescendientes e indígenas que no tienen Guardia, que permita el conocimiento y fortalecimiento de mecanismos de abordaje y problemáticas concretas, especialmente de las mujeres participantes en estos procesos. Participaron las siguientes organizaciones: la Asociación de cabildos Indígenas del Norte del cauca- ACIN, la Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA, el Cabildo Mayor de Mutatá, el cabildo Mayor de Chigorodo, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Medio Atrato- COCOMACIA, EL Consejo Mayor del Alto Guapi, la Federación de la Comunidad Awá del Ecuador-FCAE y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte- CAMAWARI[43]


Agencias de cooperación internacional

Nariño es uno de los departamentos en los que la cooperación internacional hace mayor presencia debido a la situación actual de conflicto que padece. Se encuentran la mayoria las agencias del SNU como los ACNUR, PNUD, FAO, OIM, ONUMUJERES, UNODC y OCHA, que interactúan con cooperantes como el NRC, la AECID, OXFAM, Solidaridad Internacional, entre otros.

Estos desarrollan procesos de fortalecimiento de gobernabilidad, autonomía, derecho propio, seguridad alimentaria, mujer y genero, derechos humanos, entre otros. Un ejemplo claro de intervención en los territorios es el “Programa Conjunto Ventana de Paz” que busca consolidar las capacidades, activos locales y regionales para la construcción de la paz y el desarrollo, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la participación ciudadana, la convivencia y el desarrollo socio-económico sostenible, e incorporando las perspectivas étnico-cultural y de género como condición necesaria para avanzar en el logro de los ODM. Se realiza en municipios de la costa pacífica y de la frontera andina del Departamento de Nariño, región que registra índices de violencia, pobreza, y una concentración de cultivos ilícitos superiores al promedio nacional. Se propone implementar un modelo innovador de construcción de paz con enfoque territorial y de género replicable en otras regiones del país a través de iniciativas estratégicas para la prevención y gestión de crisis y conflictos, para el fortalecimiento del Estado de derecho y para la recuperación de los medios de vida y la promoción del desarrollo socio-económico.[44]

Así mismo en años anteriores la cooperación Vasca a través de la Organización MUNDUBAT apoyo a ACIESNA en proyectos como Restablecimiento de condiciones de seguridad alimentaria indígena del pueblo Eperara – Siapidaara en el Departamento de Nariño y Fortalecimiento Del Sistema Tradicional de Producción como Estrategia para el Ejercicio Del Control Territorial del Pueblo Eperara Siapidaara y Empoderamiento de las Mujeres Indígenas en la Organización.[45]

La Red Latinoamericana de Juventudes Rurales, El Banco interamericano de Desarrollo y BID Juventud Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil, ofrecen el Concurso Latinoamericano de Proyectos Juveniles Rurales que para el caso del Pueblo de los Pastos se propueso por parte de los y las jóvenes “Capacitar de forma estratégica a 600 jóvenes del resguardo de Cumbal con el desarrollo de actividades organizativas y conocimientos propios indígenas que posibiliten el fomento de las habilidades y valores de la cultura, a la vez, permitan recrear las prácticas tradicionales existentes en el resguardo. Y en el termino de 20 meses tener mínimo una organización constituida por cada vereda y cada una con su iniciativa presentada al centro de la juventud.”[46]

Lo anterior evidencia el apoyo de la cooperación internacional en diversos temas buscando la participación eficaz y eficiente de las comunidades en los procesos realizados.


Aspectos jurídicos y legales

Trámites y necesidades en materia territorial En 1558 la Corona Española realizó el primer censo de la población indígena andina, contabilizando 19.000 familias en lo que en la actualidad es el Departamento de Nariño. Algunos pueblos desaparecieron totalmente, mientras que en los restantes se ha dado un fenómeno gradual de disminución de la población. Todo como consecuencia de la resistencia a la invasión española, la desigualdad y la discriminación hacia el mestizaje social que, sumados al despojo injusto de las tierras, han llevado a los pueblos indígenas a someterse a cambios en su pensamiento, cultura usos y costumbres, hasta su transformación y adaptación hacia formas culturales de la sociedad no indígenas. Lo anterior se une a una situación de opresión que ocasionó la renuncia a la propiedad social y comunal de la tierra, hecho que llevó a la adopción obligatoria del concepto de propiedad privada e introdujo a las comunidades en una economía de mercado en condiciones de marginación. Hoy en día el Departamento al que pertenece el resguardo presenta una distribución inequitativa de la tierra, ya que la mayor parte, especialmente aquella que es apta para actividades agrícolas, se encuentra en muy pocas manos[47]. La etnia que posee el resguardo, manifiesta que la UNIPA, y posteriormente CAMAWARI, han incorporado una política de consolidación de sus territorios mediante la legalización de los resguardos ante el Gobierno Nacional, por lo que destinan parte de sus recursos para conseguir este objetivo legal[48]. El resguardo obtiene su titulación mediante la Resolución 011 del 24 de Mayo de 1996, del INCORA[49]. Necesidades: Es preciso promover acciones en favor de la protección de la diversidad y la conservación biológica del territorio, atendiendo especialmente los derechos de las comunidades en cuanto al acceso a la propiedad de los recursos genéticos y a la participación en el proceso de reconocimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales del país; además, se requiere de una atención especial y un apoyo constante a la cultura y necesidades particulares de estos sectores. Es de vital importancia desarrollar proyectos que busquen el fortalecimiento de la cultura y la calidad de vida de la población[50].


Instrumentos internacionales, jurisprudenciales, legales y generales

Cuando se trata de la consideración por la autonomía territorial, es necesario hacerlo a partir de términos de respeto por una jurisdicción indígena propia, para lo cual es posible retomar lo que la Corte Constitucional argumenta en la sentencia T-552 de 2003 cuando afirma que: “Hasta aquí se tendría que para que proceda la jurisdicción indígena sería necesario acreditar que 1) Nos encontramos frente a una comunidad indígena, que 2) Cuenta con autoridades tradicionales, que 3) Ejercen su autoridad en un ámbito territorial determinado. Lo anterior, sin embargo, no sería suficiente por cuanto se requiere, además, establecer la capacidad de esas autoridades de los pueblos indígenas para ejercer jurisdicción conforme a usos tradicionales. Esto es, puede existir un reconocimiento formal de resguardo y cabildo, pero no darse materialmente los supuestos de la jurisdicción, por carencia de normas y prácticas específicas de control social, por ausencia de procedimientos de juzgamiento, o porque las autoridades tradicionales han dejado de ejercer ese tipo de funciones”[51]. La Corte Constitucional, con el aval de la Constitución Política, ha afirmado en la Sentencia T-769 de 2009, que es necesario reconocer la diversidad étnica y cultural de la Nación. Lo anterior, dado como principio fundamental desde el punto de vista democrático, participativo y pluralista del país. Así, estas comunidades indígenas comparten costumbres ancestrales, hecho que implica un esquema de valores propios que identifican su cultura y su tradición; por esta razón gozan de un trato constitucional especial que define a los resguardos como propiedades colectivas, de naturaleza inajenable, inalienable, imprescriptible e inembargable. Tales características especifican el derecho de las comunidades sobre su propiedad colectiva como factor de suma importancia, ya que permite el respeto de su cultura, valores propios y de sus características como comunidad indígena, que son reconocidas por convenios internacionales, igualmente ratificados por el Congreso[52]. Mediante Sentencia SU-039 de 1997, la Corte Constitucional afirma que la comunidad indígena ha pasado de la realidad fáctica y legal a su constitución objetiva como sujeto de derechos fundamentales. Así, deja en claro que la explotación de recursos en las zonas correspondientes al territorio indígena, debe hacerse de manera proporcional, de tal forma que el Estado propenda por la integridad social, cultural y económica de dichas comunidades. Lo anterior, en aras del respeto a los derechos fundamentales del colectivo, que es efectivamente una entidad cohesionada como grupo humano y como cultura[53]. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, sugiere al Estado que, en coordinación con los representantes y voceros de las comunidades afectadas, adopte y aplique las medidas necesarias para que la población cuente con la presencia de las instituciones estatales, y de esta forma evitar la violación de los Derechos Humanos. Lo anterior compromete al Gobierno para brindar el apoyo político y económico que sea necesario, así como a contribuir en la gestión de una presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en la región[54].


Conflicto armado interno, DDHH y DIH

Violaciones DDHH

El Resguardo está ubicado en el Municipio de Barbacoas; cuenta con una ubicación estratégica y yacimientos de oro, zinc, cobre, plata, platino y molibdeno[55]. Se encuentra en la región con mayor cantidad de bosques húmedos en América, reconocida a nivel internacional como espacio de gran riqueza natural; este tipo de condiciones han llevado a que diversas organizaciones, legales e ilegales, se interesen en ocupar y explotar la región. La zona se encuentra en condiciones de vulnerabilidad frente a la presencia de actores armados, legales e ilegales, que se disputan el control territorial. Al tiempo, distintas multinacionales tienen intereses económicos alrededor de la explotación de los recursos naturales y en su afán de conseguir sus objetivos, violan los derechos de los pueblos indígenas que habitan ancestralmente el territorio y destruyen el patrimonio ambiental. Entre los derechos más fuertemente ignorados de los pueblos indígenas, se encuentran:

  • Derecho a la vida.
  • Derecho a la libertad.
  • Derecho a la salud
  • Derecho a vivir en paz.
  • Derecho a la seguridad.
  • Derecho a no ser discriminado.
  • Derecho a la integridad física y mental.
  • Derecho a la libre determinación.
  • Derecho a la autonomía y el autogobierno.
  • Derecho al consentimiento libre, previo e informado.
  • Derecho a no ser desplazado por la fuerza de sus tierras.
  • Derecho a no ser sometido a genocidio ni a ningún otro acto de violencia.
  • Derecho a que no se desarrollen actividades militares en tierras o territorios indígenas.
  • Derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y recursos.
  • Derecho a las tierras, territorios y recursos que se han poseído tradicionalmente, ocupado, utilizado o adquirido.
  • Derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales.


Infracciones al DIH

Entre las múltiples infracciones al Derecho Internacional Humanitario se encuentran:

  • Incursiones.
  • Ataques a la infraestructura.
  • Tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Persecuciones.
  • Desplazamiento forzado: la etnia Awá, a la cual pertenece este resguardo, es una de las más afectadas por el fenómeno de desplazamiento forzado, y se han presentado actos que involucran esta problemática en distintos sentidos, como: individuales y masivos definitivos, temporales, interveredales y de reincidencia.
  • Ocupación y destrucción de bienes protegidos, lugares comunitarios, viviendas y escuelas.
  • Reclutamiento forzado: los responsables de este tipo de actividad son los grupos al margen de la ley, que se valen de los niños, niñas y jóvenes indígenas para utilizarlos en sus acciones.
  • Presencia de actores armados en el territorio: existe actividad armada de fuentes legales e ilegales, que realizan operaciones por el control territorial; dictan sus propias normas y reglas de comportamiento y ejercen el control del territorio y de la jurisdicción indígena, utilizan a civiles como informantes, convirtiéndolos de esta manera en objetivos militares que son atacados por los otros bandos[56]. El 13 de Noviembre de 2010 se presentó un confrontación entre la guerrilla, el Ejercito y el ELN en el municipio al que pertenece el resguardo; el resultado fue la muerte del indígena Awá Melqui Nastacuás, de 25 años, además, se causaron heridas a su esposa Claudia García, quien contaba con cinco meses de embarazo, y a Ignacio Nastacuas[57].
  • Señalamientos y estigmatización: grupos armados legales e ilegales acusan a los indígenas de la etnia Awá de ser colaboradores o parte de los bandos que participan del conflicto, esto convierte a la comunidad en objetivo militar y la hace vulnerable frente a los ataques de cualquiera de los grupos armados.
  • Restricciones: los grupos armados presentes en el territorio aplican medidas que impiden la movilidad, hecho que imposibilita la libre circulación de las personas, el transporte de alimentos y de artículos de primera necesidad. Las restricciones a la movilidad descritas generan a la vez el confinamiento de las comunidades, puesto que no pueden desarrollar normalmente sus actividades cotidianas y tradicionales, y ponen en riesgo la salud y la seguridad alimentaria de los habitantes del resguardo.
  • Presencia y accidentes con Minas antipersonales (MAP) y Municiones sin estallar (MUSE): utilizadas por los grupos armados ilegales como estrategia para frenar el avance de los adversarios; son ubicadas en territorios indígenas que son paso obligatorio, en lugares sagrados, sitios de caza y pesca, sometiendo así a las comunidades a afectaciones físicas y psicológicas, cuyos principales afectados son los niños.
  • Cultivos ilícitos: la presencia de este tipo de cultivos está ligada directamente a la política antinarcóticos que se implementa en los Departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá, que ha llevado a que la población dedicada a esta actividad se trasladara a Nariño, hecho que ha tenido un alto impacto en las dinámicas socioeconómicas locales.
  • Además, la política de erradicación de cultivos ilícitos tiene como uno de sus ejes principales la realización de fumigaciones y éstas se efectúan, sin realizar consulta previa con el pueblo indígena, en sectores aledaños a los resguardos. Con ello se ha puesto en riesgo el medio ambiente, debido a la contaminación de fuentes hídricas, la salud de los habitantes, quienes denuncian serias afectaciones dermatológicas, digestivas, respiratorias y visuales, especialmente en niños y adultos mayores, y la seguridad alimentaria del pueblo indígena, porque los animales de cría y los cultivos de pancoger se ven afectados y deteriorados irremediablemente.
  • Por otro lado, la presencia de monocultivos legales e ilegales, ha generado cambios en la estructura de la propiedad de la tierra, puesto que en la actualidad se han desarrollado enormemente los latifundios para la explotación industrial de diferentes productos.
  • La existencia de cultivos ilícitos y monocultivos ha provocado problemas territoriales, debido a que encarece la tierra e imposibilita a los pueblos indígenas su adquisición para ampliar sus resguardos, además, permite la venta indebida de parcelas dentro de los resguardos y la presencia de población no indígena que trata de apropiarse de las tierras mediante el engaño o la violencia, generando situaciones de desplazamiento.
  • Amenazas de muerte: Amenazas de muerte: se han presentado diversos actos de este tipo en contra de indígenas, familias, comunidades, líderes y directivos de organizaciones Awá. En Julio y Agosto de 2006 fueron amenazadas por guerrilleros de las FARC, 15 familias del territorio al cual pertenece este resguardo, por lo que tuvieron que someterse al desplazamiento y abandono de sus tierras.
  • Asesinatos: los grupos armados ilegales han hecho de la comunidad Awá una víctima constante de homicidios. Esto se debe en gran parte a señalamientos equivocados en contra de los miembros de la comunidad de pertenecer o colaborar con los bandos que intervienen en el conflicto; también se han cometido asesinatos debido a que los indígenas se rehúsan a colaborar con los grupos armados y por tratar de escapar de la región para salvar su vida, luego de que han sido amenazados. Sin embargo, es necesario aclarar que no existe información exacta al respecto, ya que la población tiene miedo de denunciar.
  • Los grupos armados legales, como el Ejercito, también han cometido excesos en contra de la población del resguardo; se han conocido casos en los que habitantes indígenas han sido detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados y posteriormente reportados como guerrilleros muertos en combate; además de esta situación, se presenta maltrato físico, verbal y psicológico que causa miedo y desplazamiento, y el robo de comida de restaurantes escolares, cultivos de pancoger, animales de corral y de cría en territorios indígenas[58].

Algunos de los casos que se han presentado en el Municipio de Barbacoas, al cual pertenece este resguardo, son:

9 de Agosto de 2006 Jesús Morán, de 30 años de edad, ex-gobernador del resguardo indígena Chagüí Chimbuza; Jairo Ortiz de 20 años de edad, su esposa Marleny Pai, indígena de 20 años de edad, y Mauricio Ortiz, fueron ejecutados en el corregimiento de Altaquer, Municipio de Barbacoas, por miembros del Ejército Nacional y personas encapuchadas, quienes acusaron a las víctimas de ser partidarios de la guerrilla; posteriormente, según denuncias de la comunidad, una de las víctimas, el joven Jairo Ortiz, le fueron cambiadas sus ropas y se le vistió de camuflado, para luego ubicarlo en medio de unos cilindros para hacerlo pasar por guerrillero dado de baja en combate.
22 de Marzo de 2008 Se presentó la ejecución, por paramilitares, de los comuneros Awá Alonso Rosero, Jony Sotelo y Paulino Fajardo; además de la desaparición del profesor Manuel Antonio Rosero, en la Vereda Candillal, Corregimiento de Altaquer, Municipio de Barbacoas.
6 de Febrero de 2009 Fueron asesinados dos indígenas Awá pertenecientes al resguardo de Alto Ulbí Nunalbí y Maguí: Ernesto Jiménez García, en la Vereda El Pailón, y Claudio Nastacuás en el Corregimiento Justo Ortiz, El Diviso, (Municipio de Barbacoas).
15 de Febrero de 2009 En El Pailón, Km. 98, de la vía a Tumaco, a 5 kilómetros de El Diviso (Barbacoas), fue asesinado por miembros del ELN Ernesto Jiménez García, indígena Awá de 22 años de edad, quien dos meses antes había terminado de prestar el servicio militar; el homicidio fue perpetrado donde se encontraban concentrados los indígenas desplazados del Resguardo de Tortugaña.
19 de Abril de 2009 Fue asesinado por paramilitares, con la supuesta complicidad de la Fuerza Pública, Luis Alberto Cuasaluzán Canticuz, de 26 años, y herido Rolando Andrés Nastacuás Paí, de 18 años de edad; indígenas de la etnia Awá, en hechos ocurridos el en el Corregimiento del Diviso (Barbacoas).
1 de Mayo de 2009 En jurisdicción del Municipio de Barbacoas fueron ejecutados dos indígenas y herida una mujer, por miembros del grupo paramilitar de Los Rastrojos; las víctimas eran indígenas de la etnia Awá, pertenecientes al resguardo El Palmar de Ricaurte.
23 de Mayo de 2009 Fue asesinado Gonzalo Rodríguez Guanga por paramilitares, con la supuesta complicidad de la fuerza pública, en el sitio conocido como el Salto Palay, en cercanías del Resguardo el Gran Rosario del Municipio de Tumaco.
29 de Mayo de 2009 Paramilitares, con supuesta complicidad de la fuerza pública, asesinaron en el Municipio de Barbacoas a Adalberto Taicuz Nastacuás de 25 años e hirieron gravemente a Héctor Marino Taicuz Nastacuás, de 20 años de edad. Los dos jóvenes eran indígenas de la etnia Awá y pertenecían a este resguardo.
16 de Septiembre de 2009 En Altaquer, Municipio de Barbacoas, fue asesinado Carlos Guillermo Pascal Nastacuás de 21 años de edad, indígena Awá perteneciente al Resguardo de Kuambí Yaslambí de Ricaurte.
23 de Septiembre de 2009 Fue asesinada la indígena Awá Mercedes Guanga, por miembros de un grupo armado no identificado.
10 de Febrero de 2010 Se presentó el asesinato de un indígena Awá por miembros de un grupo armado en territorio perteneciente a este resguardo.
4 de Noviembre de 2010 Fueron asesinados 4 indígenas Awá: Luis Alfredo García Bisbicus (Alguacil del Cabildo El Palmar Imbi de Ricaurte), Luciano Rafael Vargas, Oscar Efraín García Tiscus y Deyanira Núñez, quien tenía seis meses de embarazo. Se dice que los homicidios fueron perpetrados por miembros de la fuerza pública, ya que horas antes, las víctimas, según informe de la policía, fueron detenidas en Barbacoas, acusadas de atraco, y fueron puestas en libertad por falta de pruebas; sin embargo, no existen registros policiales con cargos de delitos en su contra.
20 de Marzo de 2011 Se presentó el asesinato de Humberto Paí Taicús de 16 años de edad, cometido por un grupo armado desconocido en el Municipio de Barbacoas.
1 de Julio de 2011 Fue asesinado de un tiro en el pecho Robinson Arley Masanve Perengüez de 40 años de edad, candidato al Concejo Municipal de Barbacoas por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
25 de Septiembre 2011 Fue asesinado el indígena Awá Justo Ortiz, por desconocidos, en el Corregimiento del Diviso, Municipio de Barbacoas.
14 de Noviembre de 2011 En el corregimiento El Diviso, Municipio de Barbacoas fue asesinado el indígena Awá Jorge Taicus, miembro del resguardo Cuasbil La Faldada de Ricaurte[59].
  • Detenciones arbitrarias: el 15 de Mayo de 2009, Unidades de la Fiscalía General de la Nación, y miembros del Gaula de la Policía Nacional, detuvieron arbitrariamente a cuatro integrantes de la etnia Awá en los Municipios de Altaquer, Barbacoas y Ricaurte, acusándolos de rebelión; es importante señalar que entre estos se encuentraba Alirio Peña García, perteneciente a la Organización Indígena CAMAWARI.
  • Masacres: el 6 de Febrero de 2009 miembros de las FARC, Columna Móvil Antonio José de Sucre, asesinaron a 13 personas; tan sólo se encontraron los cadáveres de: Adonías Cuasaluzán, Eurtogio Cuasaluzán, Jairo Cuasaluzán, Celio García, Juvencio Cuasaluzán, Robinsón Cuasaluzán, Jaime Cuasaluzán, Adolfo García, Blanca Patricia Guanga y Omaira García. Las dos mujeres se encontraban en embarazo. El grupo ilegal reconoció el asesinato de 8 de las 13 personas a quienes acusó de ser informantes y colaboradores del Ejército.
  • Torturas: el 19 de Febrero de 2009, integrantes del grupo paramilitar de las Águilas Negras entraron violentamente en la Inspección de Policía Buenavista (Barbacoas) y, tras acusarlos de guerrilleros, sacaron a la fuerza a siete integrantes de una misma familia: García Taicús, los llevaron hacia el monte y los torturaron con arma blanca, para luego secuestrar a Iván García Taicús de 20 años[2].
  • Violencia de género: el 23 de Diciembre de 2008, en el área rural de Barbacoas, un grupo paramilitar detuvo a 7 indígenas Awá, entre los que se encontraban 3 niñas, dos mujeres y dos hombres; tres de las detenidas, de 22, 18 y 12 años de edad, fueron brutalmente golpeadas, ultrajadas y abusadas sexualmente.
  • Desaparición forzada: entre el 13 y el 15 de Abril de 2009, integrantes del ELN secuestraron a los indígenas Awá, Modesto García, Guillermo García y Guillermo Bisbicús; en la actualidad continúan desaparecidos y se creen muertos[60].
  • El resguardo se encuentra en la zona de influencia del Plan IIRSA (Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica), que tiene un tramo denominado Carretera Tumaco-Pasto, de 284 kilómetros en el corredor Multimodal Tumaco-Belém do Pará, Eje Amazonas. A pesar de que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial consideró que el proyecto es ambientalmente viable, INVIAS no ha presentado aún el Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de la obra antes de la construcción[61].


Actores armados

Grupos armados ilegales:

  • FARC: Frente 29.
  • ELN: Mártires de Barbacoas[62].
  • Grupos paramilitares post desmovilización de las autodefensas: Rastrojos y Águilas Negras[63].

Fuerza Pública:

  • Brigada XXIX del Ejército: creada en el año de 2005 para ejercer control sobre la zona de expansión de cultivos ilícitos y para que realice labores de erradicación, fumigaciones e incautaciones de insumos.
  • Brigada Móvil XIX del Ejército: creada en 2007 para contribuir con el desarrollo de las tareas de erradicación de la Brigada XXIX[64].


Respuestas al conflicto

La Corte Constitucional, mediante Auto 174 de 2011, solicita al Ministro del Interior y de Justicia que, de manera coordinada con los Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Educación Nacional, de la Protección Social, de Defensa Nacional, los Directores del Departamento de Planeación Nacional, del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersona, y de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, así como al Gobernador del Departamento de Nariño, que:

  • “Adopten como medida cautelar un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, que atienda de manera inmediata e integral las necesidades más apremiantes de seguridad física – incluida la relativa al desminado humanitario , de atención humanitaria en salud, educación, refugio o alojamiento temporal y cualquier otra medida urgente requerida para asegurar la pervivencia del Pueblo Awá, de tal manera que ofrezca una respuesta de atención continua, temporal y congruente con la crisis humanitaria que padece esta etnia, tendiente a garantizar su vida física y cultural, su integridad, seguridad y dignidad, mientras se avanza de manera acelerada en el cumplimiento de las órdenes impartidas en el auto 004 de 2009.
  • Las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del pueblo Awá en el marco del Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, deberán dar plena aplicación a los principios del DIH, de tal manera que las autoridades responsables, al evaluar las distintas alternativas operativas y estratégicas posibles, opten por aquella que implique mejores resultados en términos de seguridad y de protección efectiva de los derechos del Pueblo Awá, así como medidas concretas para reducir los riesgos que puedan surgir como reacción a la presencia de la Fuerza Pública. Las medidas de protección a la vida y a la integridad personal, que deban adoptarse de manera urgente e inaplazable, no requerirán ser consultadas previamente.
  • Sin embargo, las medidas relativas a los demás componentes del Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, deberán ser consultadas con la comunidad en el espacio creado al instalarse la consulta para efectos de cumplimiento del auto 004 de 2009, según lo ordenado en este Auto.
  • Esta medida cautelar además deberá ser formulada e implementada de manera coordinada entre las distintas entidades involucradas, del orden nacional, departamental y municipal, dando aplicación adecuada a los principios de concurrencia y subsidiariedad, de tal manera que se garantice la atención integral y el uso adecuado de los recursos y que cumplirá con las siguientes características: (1) Deberá mantenerse hasta tanto entren en operación efectiva el Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Awá y el Programa de Garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado y persistan las actuales condiciones de inseguridad, necesidad y vulnerabilidad; (2) adopción, como medida cautelar, no sustituirá ni aplazará el cumplimiento de lo ordenado en el auto 004 de 2009, en relación con el Pueblo Awá, ni con los demás pueblos indígenas protegidos por el mismo”.[65]

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, destaca la necesidad de que la fuerza pública y los grupos armados ilegales acaten de manera inmediata y obligatoria, y den cumplimiento, a las normas de Derecho Internacional Humanitario. Así, será necesario abstenerse de realizar ataques contra la población civil y limitar los efectos contraproducentes, para la comunidad, de las operaciones militares[66]. Por su parte, la ONU en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratifica el derecho de estos a ser diferentes y respetados como tales, libres de toda forma de discriminación y capaces de ejercer su derecho al desarrollo de acuerdo con sus necesidades e intereses. Además, reconoce la imperiosa necesidad de respetar y promover los derechos propios de dichos pueblos, tales como la libre determinación, la autonomía y el autogobierno en cuestiones políticas, sociales y culturales, y afirma que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas pertinentes para asegurar la protección de los mismos[67]. El convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado colombiano y aprobado por el Congreso, mediante Ley 21 de 1991, busca reivindicar los derechos a la autodeterminación, el autogobierno y la propiedad de sus territorios ancestrales[68]. Según el Auto 004 de 2009, el Estado colombiano tiene la obligación de prevenir las causas de desplazamiento forzado y atender con enfoque diferencial a la población indígena que lo padece; para ello, ordena que se diseñen e implementen planes de salvaguarda étnicos y programas de garantías de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado y el conflicto armado[69].


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