Pialapi Pueblo Viejo

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Descripción geofísica

Localización geográfica

Está ubicado en la parte sur del municipio de Ricaurte, departamento de Nariño. Limita al norte con el resguardo Cuchilla-Palmar y al sur con el resguardo Guadual-Cumbas-Magüí-Invina-Arrayán[1]


Geología estructural

En el área se presentan:

  1. Formaciones sedimentarias del Terciario.
  2. Líneas de falla y fracturas que controlan la red de drenaje.
  3. Pliegues y fallas menores[1]


Geomorfología

Relieve

En la zona se encuentran sistemas morfogénicos asociados a:

  1. Vertientes medias, grandes anfiteatros de retroceso, flancos cóncavos la red de drenaje.
  2. Valles controlados por plegamiento y fallas menores[1]
  3. Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran:
  4. Depósitos de vertiente con bloques con espesores mayores a 2 metros sin cobertura de ceniza volcánica.
  5. Depósitos coluvio-aluviales heterométricos de espesor variable[2]


Modelado

En la zona se encuentran:

  1. Flancos cóncavos con pendientes medias fuertemente inclinadas a quebradas.
  2. Valles con pendientes medias planas, con dirección general del plegamiento Nororiente y Norte-Nororiente[1]
  3. Ocurren procesos de modelado del siguiente tipo:
  4. Derrumbes generalizados incluso bajo el bosque.
  5. Aluvionamiento y coluvionamiento[2]

Los procesos secundarios son:

  1. Flujos torrenciales.
  2. Disección leve[2]

Se encuentran dos tipos de paisaje:

  1. Montaña fluvio gravitacional con inclinación menor al 50% y drenaje imperfecto a excesivo.
  2. Montaña fluvio gravitacional con inclinación mayor al 50% y drenaje imperfecto a excesivo[2]


Hidrografía

Cuencas

El resguardo está ubicado en la cuenca del río Mira-Guiza[1] La escorrentía está entre 3000 y 5000 mm anuales[2] Se presentan ambientes igneometamórficos con posibilidades hidrogeológicas desconocidas y restringidas[2]


Sistemas lóticos

En el resguardo se ubican los ríos Pialapí y las Vegas y las quebradas Dosquebradas, Curcel, San Miguel, La Honda y Hachín[3]


Sistemas lénticos

No hay presencia de sistemas lénticos representativos.


Climatología

Clima

El resguardo se encuentra entre 800 a 2800 metros sobre el nivel del mar[1] y presenta las siguientes características: La temperatura está entre 12° y 24°C.[2] La precipitación está entre 3000 a 4000 mm anuales[2] Los meses de abril, mayo, octubre y noviembre son los más lluviosos del año[4]


Zonificación climática

El clima en la zona está entre Frío Húmedo, Templado Húmedo y Templado muy Húmedo[1]


Amenazas naturales

En la zona hay amenaza alta y muy alta por remoción en masa y amenaza sísmica alta[1] Se presentan inundaciones frecuentes[2]


Descripción biótica y ambiental

Características biofísicas

Zonas de vida y biomas

De acuerdo al sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge, el área del resguardo corresponde a las zonas de vida de bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB), bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM)y bosque pluvial Premontano (bp-PM)[1]. Respecto a los biomas, según el Módulo de Información Geográfica del Observatorio de Territorios Étnicos[5] y el Mapa de Ecosistemas Continentales, Marinos y Costeros de Colombia[6], el área pertenece a los Orobiomas Bajos y Medios de los Andes. Es importante destacar que con base al Mapa General de Ecosistemas de Colombia, en la zona se encuentran ecosistemas naturales de bosques medios densos húmedos andinos[7].


Áreas para la conservación y traslape con áreas protegidas

El resguardo se encuentra dentro de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico[5]., creada por la Ley 2ª de 1959 con el propósito de promover el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre[8]. En esta zona los procesos de deforestación han propiciado la fragmentación de los ecosistemas, afectando su funcionalidad y provisión de bienes y servicios ambientales para las poblaciones asentadas en esta área[9]. A partir del año 2010, la Reserva Natural La Planada ha estado a cargo de los indígenas Awá del resguardo[10].


Biodiversidad

Introducción

El resguardo se encuentra en la Reserva Natural La Planada. En esta zona, los factores abióticos han propiciado el establecimiento de varios tipos de ecosistemas representados por una alta diversidad de especies, tanto en plantas como animales. La diversidad biológica (vista como el número de especies presentes en un área determinada) no es el único factor relevante en esta zona. El número de especies endémicas y los reportes relacionados con nuevas especies en la región, el país y la ciencia, son otros aspectos valiosos e importantes de resaltar[11].


Fauna

Especies representativas de la zona: Las especies de aves reportadas para la zona son: perdiz del Nariño (Odontophorus melanonotus), gavilán acollarado (Accipiter collaris), águila poma (Spizaetus isidori), periquito orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), (Pionus chalcopterus), autillo colombiano (Megascops colombianus), buhíto nubícola (Glaucidium nubicola), colibrí emperador (Heliodoxa imperatrix), colibrí sietecolores (Boissonneaua jardini), (Coeligena wilsoni), inca pardo (Heliangelus strophianus), calzadito canoso (Haplophaedia lugens), cometa Colivioleta (Aglaiocercus coelestis), colibrí de Mitchell (Calliphlox mitchellii), tucanete culirrojo (Aulacorhynchus haematopygus), tucán morado de pico pintado (Andigena laminirostris), tucán barbudo (Semnornis ramphastinus), saltarín alitorcido (Machaeropterus deliciosus), frutero pechinaranja (Pipreola jucunda), (Scytalopus vicinior), chululú de pecho amarillo (Grallaria flavotincta), pijuí moteado (Margarornis stellatus), (Pseudocolaptes lawrencii), trepamusgos uniforme (Thripadectes ignobilis), chara hermosa (Cyanolyca pulchra), solitario negro (Entomodestes coracinus), gorrión tangarino (Oreothraupis arremonops), tángara verde (Chlorochrysa phoenicotis), (Tangara rufigula), tángara escarlata y plateada (Chrysothlypis salmoni), entre otras[12]. Especies amenazadas en la zona: El oso de anteojos (Tremarctos ornatos), venado soche (Mazama rufina y Mazama americana), y tigre (Felis tigrina), entre otros[13].


Flora

Especies amenazadas en la zona: Diversas especies de plantas tienen alguna categoría de amenaza. Dentro de estas se encuentran el cedro (Cedrela montana) y palmito (Prestoea acuminata)[13]..


Uso de los recursos naturales renovables

La vivienda típica Awá está construida con material de la región; pisos y paredes de tabla o chonta, techos con hoja de saque, paja o bijao; los pilares son de chonta o gualte, la madera que utilizan es de chanul o guayacán[14]. La caza constituye una buena fuente de alimentación. Los indígenas la hacen en la noche, y en el día si se presenta la oportunidad. Los animales más comunes para la caza son: el venado, guatín, guagua, conejo, cusumbe, armadillo, perico, armadillo, ratón de monte, zorra, micos y perdices. La carne y las pieles de estos animales son utilizadas para la alimentación y la fabricación de bolsos[2]..


Impacto ambiental

Proyectos

El Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI) mediante un comunicado a la opinión publica señaló que en el 2011, el Ejército Nacional durante su estadía en la Reserva Natural la Planada, perteneciente al Resguardo, ocasionó daños ambientales al tumbar el bosque primario para que aterrizaran helicópteros, destruyó parcelas de investigación desarrolladas por el Instituto Alexander Von Humboldt y arrojó gran cantidad de desechos no degradables. De igual forma, el día 9 de julio del 2012, nuevamente ingresa la fuerza pública a la Reserva, tumbando árboles y arbustos para instalar cambuches y trazar un camino para desplazar tropa[15].


Contaminación

Las fuentes disponibles no aportan información suficiente para establecer las características del resguardo.


Cultivos de uso ilícito

De acuerdo al Mapa de Resguardos y Cultivos de Coca 2011, el resguardo pasó de 1 hectárea de coca, en el 2010, a 0 hectáreas en el 2011[16]. En el plan de salvaguarda la comunidad ha señalado que “las fumigaciones aéreas a los cultivos de uso ilícito han generado graves impactos sobre nuestro territorio, entre los que están: la afectación sobre nuestra practica de medicina tradicional, nuestros cultivos de pancoger también se han visto afectados y el daño es profundo pues la tierra fumigada se vuelve estéril, nuestros frutos de la selva que recogemos en diferentes épocas del año de igual forma se han dañado por las fumigaciones, además éstas han causado la muerte de animales domésticos y silvestres afectando nuestro derecho a la alimentación y la biodiversidad de nuestro territorio. Mas grave resulta aún las afectaciones sobre nuestra salud, particularmente enfermedades gastrointestinales, de la piel y respiratorias; entre otras asociadas también a la contaminación de nuestras fuentes de agua”[17].


Planes de manejo y ordenamiento ambiental territorial

La Reserva Natural La Planada pasó a manos del Cabildo Indígena de Pialapí Pueblo Viejo, en el año 2010, como un acto voluntario de solidaridad y confianza ante los indígenas AWÁ por parte de la Fundación FES y gracias a la gestión de los líderes AWÁ y del espíritu de conservación de la Madre Tierra demostrado por los sus miembros, a los cuales se les da el calificativo de “Ambientalistas Milenarios”[18]. Desde sus inicios, la reserva ha tenido como objetivo la investigación, capacitación e interpretación ambiental para las poblaciones y los Centros Educativos de la zona, del departamento de Nariño y del país. En consecuencia, en el marco de la política estatal dirigida a la construcción del Plan de Salvaguarda donde procuramos la unidad, dignidad y autonomía de nuestro territorio mediante el control de las autoridades del Cabildo y la Guardia Indígena, la comunidad expresa que la presencia de la Fuerza Pública, está generando temor e incertidumbre sobre el territorio ya que la población está viendo afectada su movilidad al no sentirse seguros de transitar los caminos, y ver restringido su acceso al resguardo[15]. Dentro del Plan de Salvaguarda se establece que “con el propósito de proteger nuestros recursos culturales, hídricos, madereros, la fauna y la flora requerimos que el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expida un acto administrativo, a partir del cual se comprometa a apoyar técnica y financieramente en la construcción de un Plan de Ordenamiento Cultural y Ambiental del territorio Awá”[19].

Sistemas de organización y formas de gobierno

Gobierno propio y ley de origen

Ejercicio de soberanía sobre el territorio

El pueblo indígena Awá del resguardo concibe su territorio como un espacio integral en el que confluyen la cultura y la vida de la “Gente de la Montaña”[20]. La estrecha relación entre los Awá y su territorio se ve representada en un gran conocimiento del entorno y sus elementos; los espacios considerados sagrados y los espacios sociales en los que se reflexiona acerca de la cosmovisión y las formas de regulación del territorio establecidas por ésta[2]. Las relaciones con el territorio dependen de los comportamientos de las personas y del cumplimiento de las normas de la montaña; el desacato de estas reglas tiene como consecuencia la aparición de enfermedades de la montaña, que deben ser curadas por los médicos tradicionales[21]; ellos, a través de la curación, median entre las personas y los espíritus de la montaña, convirtiéndose en los reguladores y ordenadores del territorio.


Autoridades tradicionales: transmisión de autoridad y conocimiento sobre el territorio

En el pasado los Chamanes y/o Mayores jugaban un papel importante al orientar la toma de decisiones de la comunidad y aconsejar a sus individuos durante las reuniones y festividades, se trataba de: “(…) instancias de tipo político sustentadas en la cosmogonía”[22], que solían reunirse en Consejos de Ancianos para dialogar sobre los problemas de la comunidad. Los médicos tradicionales mantienen viva la relación con la naturaleza y con los espíritus que la habitan: “Son ellos quienes establecen la comunicación con los espíritus, nos dan a conocer sus quejas y se encargan de curar las enfermedades, que son los castigos que la naturaleza nos impone cuando atentamos contra ella”[23]; las transgresiones de las normas para relacionarse con la naturaleza, acarrean la aparición de enfermedades de montaña, que sólo pueden ser curadas por la medicina tradicional[24]. En el Plan Salvaguarda Étnica del pueblo Awá, se expone la importancia de fortalecer la práctica de la medicina tradicional mediante la formación de nuevos médicos y el apoyo a las actividades y espacios propios de estas autoridades tradicionales[25].


Instituciones políticas y sociales indígenas

Autoridades y representantes indígenas: elección o designación

El resguardo tiene como base organizativa la familia, cuyas unidades se concentran en grupos familiares que comparten vivienda o zona de habitación, los lazos de parentesco determinan las relaciones de herencia de la tierra[26]. La organización política del Cabildo es la encargada de representar a la comunidad y establecer relaciones con entes públicos y privados presentes o con influencia en el territorio[2].. La Junta de Gobierno del resguardo adelanta acciones conjuntas con organizaciones locales y regionales como el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte[27].


Espacios y acciones de reclamación y reconocimiento de derechos

El pueblo Awá del resguardo, representado por su Junta de cabildo, está afiliado al Cabildo Mayor Awá de Ricaurte CAMAWÁRI, organización indígena reconocida por una trayectoria de dos décadas en las que ha adelantado procesos organizativos bajo los principios culturales de Autonomía, Unidad, Territorio y Cultura[28]. Los trabajos de CAMAWÁRI en unión con la Unión Indígena del Pueblo Awá UNIPA, han estado encaminados al fortalecimiento de la autoridad y la justicia propia, el fomento de espacios igualitarios de participación y la promoción de los procesos culturales del pueblo Awá. En este sentido, es importante destacar la iniciativa de la UNIPA para consolidar un Sistema Integral de Atención en Salud para el pueblo Awá; intentando, de esta manera, responder ante la deficiente prestación de los servicios de salud que ha tenido que enfrentar la comunidad; es por ello que la UNIPA creó una IPS propia en la que se atiende a la población indígena, acatando las características de este pueblo, tales como garantizar la atención utilizando el idioma propio[29].


Jurisdicción especial indígena

Partiendo de su cosmovisión y de las diversas formas de interrelación con la naturaleza y las personas, el pueblo Awá del resguardo posee una serie de Consejos que obedecen a las formas correctas en que los seres humanos deben comportarse con la montaña y entre ellos; los Consejos se encargan de las prohibiciones de alimentos, las relaciones íntimas entre familiares, los cuidados de los diferentes ecosistemas del territorio, así como con el compromiso de fortalecer las bases culturales y tradicionales como pueblo[30]. En sus términos: “Nuestra ley de origen se refiere, también a la ciencia tradicional y el conocimiento ancestral indígena, garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida. Relata los antecedentes de nuestra propia forma de organización, de nuestros dioses y formas de relacionamiento ancestral, y esta ley de origen se reproduce en nuestras creencias, y leyendas”[31]. Teniendo como base a los Consejos, el pueblo Awá se erige y autoreconoce como autoridad para la aplicación de la justicia propia, con soberanía y competencia para investigar, solucionar y sancionar conductas problemáticas dentro de su territorio. Así mismo, se concibe la aplicación del gobierno y la justicia propia como herramientas de consolidación de la autonomía política y administrativa del pueblo Awá[32].


Relación con actores e instituciones no indígenas

Autoridades e instituciones estatales y privadas

En el marco de sus procesos de reivindicación, reclamación de derechos y participación social y política, el resguardo se ve afectado o mantiene una relación con las siguientes instituciones y/o proyectos:

  • Alcaldía Municipal: El resguardo está bajo la jurisdicción del municipio de Ricaurte, que es la autoridad encargada de la administración de los fondos del Sistema General de Participación, SGP. Así mismo, el gobierno municipal, mediante su Plan de Desarrollo para los años 2008 a 2011, destaca la crítica situación humanitaria del Pueblo Awá, debida al conflicto armado que se intensifica en la región. En sus líneas de acción para el componente de salud, la administración municipal se ha comprometido a impulsar los diálogos entre los saberes indígenas y de la medicina occidental, para fortalecer el Sistema de Atención en Salud y a las autoridades tradicionales del pueblo Awá[33].
  • Gobernación de Nariño-Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN): El IDSN ha fomentado y realizado jornadas de acompañamiento y capacitación relacionadas con el tema de Saneamiento básico para las comunidades indígenas del Departamento. En el marco de esta iniciativa, se han llevado a cabo talleres en los que se prioriza el enfoque diferencial para atención de la población Awá, teniendo en cuenta sus características culturales propias[34].
  • Corte Constitucional: Debido a las reiteradas violaciones de los Derechos Humanos individuales y colectivos del pueblo Awá, las autoridades indígenas se manifestaron ante la Corte Constitucional para denunciar su situación de vulnerabilidad ante los efectos del conflicto armado en la región que habitan y que incluyen desplazamiento, asesinatos y desapariciones. Por su parte, la Corte se pronunció reiterando los compromisos adquiridos por las diferentes instituciones y la crítica situación de riesgo, referidos en el Auto 004 de 2009.
  • Además, la Corte invitó a las entidades gubernamentales del orden local, regional y nacional, a adoptar un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, con el fin de enfrentar y atender la situación de los indígenas que son víctimas de la violencia. Finalmente, ordenó al Ministerio del Interior la aceleración de los procesos contemplados en el Auto 004, como la implementación del Plan de Salvaguarda Étnica para el pueblo Awá[35].
  • En el Auto 004 del año 2009, la Corte Constitucional se pronunció denunciando los hechos de violencia que desde entonces enfrenta el pueblo Awá y que amenazan su supervivencia, dicho documento expone los numerosos asesinatos, desplazamientos y desapariciones de miembros del resguardo. Así mismo, destaca la responsabilidad de los actores armados, legales e ilegales, en los desplazamientos de los que ha sido víctima el pueblo Awá, enfatizando en las consecuencias de la “Operación Gladiador”, ejecutada por el Ejército Nacional y cuyos enfrentamientos con la guerrilla de las FARC, han causado múltiples y gravísimos impactos en la población del resguardo. Finalmente, se denuncian las consecuencias de la siembra de cultivos ilícitos y la economía del narcotráfico, que se expanden en la región y han representado un factor de descomposición del tejido social y cultural del resguardo, propiciando la pérdida de autonomía y gobernabilidad de las autoridades indígenas[36].
  • CORPONARIÑO: La Corporación Autónoma Regional de Nariño ha contemplado dentro de su Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012, diferentes acciones para el fortalecimiento de la población indígena Awá del resguardo; la corporación promueve procesos participativos, reconociendo que la imposición de modelos de manejo ambiental ha generado obstáculos en la relación con la población indígena, por lo que se pretende promover un modelo de desarrollo concertado de acuerdo con la tradición cultural, garantizando el pleno ejercicio de las autoridades indígenas con autonomía y criterios propios. CORPONARIÑO expone además la necesidad de implementar programas para la consolidación de gobierno propio y la aplicación de justicia indígena[37].
  • Ejército Nacional-Reserva Natural Planada: En el año 2010, el resguardo indígena recibió la adjudicación de la Reserva Natural la Planada, que había sido de posesión privada durante casi tres décadas[38]. A pesar de los esfuerzos de los habitantes del resguardo por mantener la Reserva en el estado de conservación en el que les fue entregada, un año después, en el año 2011, las autoridades indígenas denunciaron las arbitrariedades cometidas por el Ejército Nacional, que en su paso por los territorios de la Reserva, causó graves daños a las zonas de conservación, talando árboles y arrojando desechos no degradables. Aunque las autoridades ambientales fueron notificadas y se realizaron misiones de verificación de los daños ocasionados, en el año 2012 nuevamente los miembros del Ejército ingresaron al territorio ocasionando daños. El pueblo Awá del resguardo y su organización representante Cabildo Mayor Awá de Ricaurte CAMAWARI, condenan la arremetida de la fuerza pública y se declaran en situación de vulnerabilidad, no sólo por los impactos ambientales, sino también por las consecuencias de la presencia de los militares en sus territorios, reclamando autonomía y gobernabilidad territorial[39].


Relaciones interétnicas

El resguardo se encuentra ubicado en un Municipio en el que, a pesar de que el pueblo Awá es mayoritario, una porción de la población pertenece a la comunidad negra[40], por lo que las relaciones entre los dos grupos étnicos son constantes en la cabecera municipal y las zonas rurales del Municipio.


Actores armados

La población de este resguardo, igual que la de los resguardos cercanos del Municipio, ha debido atravesar críticas situaciones como producto del conflicto armado en la región. La intervención de actores armados como las FARC, ELN y los grupos paramilitares, que buscan el control territorial y de los cultivos ilícitos presentes en la zona, ha generado un enfrentamiento constante haciendo que la población esté en situación de vulnerabilidad ante los efectos del conflicto[41]. El fuego cruzado, las masacres y asesinatos selectivos han ocasionado el desplazamiento de un sinnúmero de familias[42]. Por otro lado, las autoridades indígenas, apoyadas por el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, han expresado los riesgos y amenazas que produce el conflicto armado: hostigamientos, señalamientos, asesinatos, restricciones de movilidad por la siembra de artefactos explosivos y la constante presión de los actores armados para establecer gobiernos y formas de justicia alternas que se oponen a los sistemas propios del pueblo indígena[43]. Las autoridades del resguardo han denunciado la grave situación de vulneración de su derecho al gobierno propio, debido a las presiones de los grupos armados, que no permiten el ejercicio de la autoridad y asesinan a los líderes comunitarios[44].


Resguardos fronterizos

No aplica.


Uso, vocación y potencialidades de los suelos

Suelos

Características de los suelos

En la zona se encuentran suelos constituidos por lodos de composición heterogénea. Muy profundos, bien drenados, de grupo textural arcilloso fino. Muy fuertemente ácidos, de mediana capacidad de intercambio catiónica, bajos contenidos de calcio y magnesio, baja saturación de bases, altos en materia orgánica, altos contenidos de aluminio activo, bajos contenidos de fósforo y baja fertilidad[45].


Condiciones actuales

Intervención:

Actualmente, esta unidad de suelo se encuentra con cobertura de bosque natural, bosques secundarios, pastos naturales e introducidos para ganadería extensiva; en algunos sectores hay cultivos de subsistencia como banano, chiro o bocadillo y plátano[45].. Fenómenos de degradación en los suelos del resguardo: Pérdida de material por las pendientes y la poca retención de humedad[2]..


Vocación y recursos alternos

Utilidad

Son suelos recomendados para bosques protectores y protectores-productores, explotación forestal con tala selectiva, y en algunos sectores para pocos cultivos tolerantes a los altos contenidos de aluminio que se adapten a las fuertes condiciones climáticas como plátano, banano, palma africana, palma de chontaduro y pastos como pará[45]..


Recursos minerales

El municipio de Tumaco tiene producción de oro (entre 17.000 y 363.000 gramos) y plata (entre 20 y 6.000 gramos)[46].


Importancia, uso y aprovechamiento actual

Prácticas productivas-UAF

Autóctonas: Los hombres del resguardo se encargan de trabajar el campo: desyerbar para la siembra y la cosecha. Recogen leña, pescan y cazan, así como recolectan frutos, elaboran canoas, balsas y accesorios artesanales. Las mujeres realizan labores domésticas, guían la crianza de los hijos, ayudan en la cosecha y elaboran algunos productos artesanales. Algunas mujeres Awá del resguardo trabajan fuera del hogar[47]. Los indígenas Talan, cultivan y abandonan la parcela para que se regenere la cubierta vegetal, logrando el manejo sostenido del ecosistema que fácilmente en otras circunstancias se degrada[2]. Gracias a su profundo conocimiento del medio ambiente, nunca sobreexplotan un recurso que, en este ecosistema, es siempre escaso[2]. Los indígenas no perciben la conservación de un recurso por separado; su preocupación es lograr el beneficio sin lesionar otros componentes complementarios. Así, ellos interpretan la selva como una sucesión de eco-zonas y cada una tiene aptitudes diferentes: suelos, vegetación y animales conforman un sistema integrado de recursos[2]. Agrícolas y pecuarias: Los indígenas perciben 3 espacios con aptitudes y usos distintos según la altitud de las colinas donde habitan. El primero está asociado a los asentamientos humanos. Para este efecto prefieren las terrazas y vegas de deposición junto a los ríos en donde pueden establecer cultivos y al mismo tiempo disponer de recursos pesqueros. El segundo es el área de la vivienda, generalmente despejada y en la que suelen sembrar pastos introducidos como gramalote y micay (Anoxopus sp), muy difundidos entre los campesinos que se asientan en la región. Esta zona corresponde al 5% y 10% aproximado del total del área de cada familia indígena. Después del espacio abierto, a unos 50 metros, empieza la montaña; se trata de un mosaico de bosques con diferentes edades de sucesión, barbecho y campos cultivados de maíz, plátano, con esporádica presencia de yuca, fríjol y caña. El tercer espacio corresponde a las partes altas de las colinas, las cuales son muy inclinadas y permanecen cubiertas de neblina en las tardes y son áreas exclusivas para cacería. Allí se encuentra la selva primaria, generalmente compuesta por árboles delgados en donde proliferan musgos y todo tipo de epífitas. Debido a la inclinación del terreno, las áreas susceptibles de cultivo son escasas, por lo que los indígenas disponen de extensos bosques. Con alguna regularidad aparecen asociaciones de árboles útiles, cuya existencia es gracias al manejo forestal[2]. Unidad Agraria Familiar (UAF): Los indígenas Awá buscan un máximo de territorialidad y un mínimo de densidad poblacional, por lo que una familia cuenta en promedio con 100 hectáreas[2].


Plan de desarrollo

Impactos en los territorios indígenas

El Plan de Desarrollo de Tumaco tiene como objetivo mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de la población rural del municipio mediante la concertación con las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas a través de la implementación de programas y proyectos que permitan:

  • Elevar el capital humano.
  • Impulsar las actividades productivas para la generación de autoempleo.
  • Gestionar la prestación adecuada de los servicios de agua potable y saneamiento básico que permita la permanencia y reduzca la migración campo-ciudad.

Los planes para las comunidades indígenas deben ser leídos y elaborados atentamente, más allá de los planes gubernamentales para garantizar el manejo eficaz y eficiente de los recursos, de tal forma que puedan entenderse como parte del Plan de Vida: en su significado simbólico y ético[48].


Estrategias de conservación

Como estrategia de conservación de los suelos se recomienda preservar las tierras con programas y actividades intensivas de manejo y conservación de los recursos naturales con plantación de bosques o reforestaciones que garanticen la regulación de los caudales, protegiendo las cuencas hidrográficas y como control de la erosión[45].


Planes de vida

El Plan de Vida del pueblo Awá contiene los objetivos, proyectos y “plataforma de lucha”, y sus mecanismos de participación en los que se propone la defensa del territorio y la conservación de la naturaleza; el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Ambiental y Cultural del Territorio Awá y la actualización permanente del mismo; la recuperación y el fortalecimiento de la producción y economía propia[49].


Demografía

Estructura, densidad y distribución poblacional

Censos y proyecciones

La población del resguardo Pialapí-Pueblo Viejo-San Miguel-Yaré pertenece al pueblo Awá (también llamados Kwaiker, Cuaiker, Cuaquier, Coiquer). El censo DANE del 2005 reportó 25.813 personas que se reconocen como pertenecientes al pueblo Awa Kuaiker, que representan el 1,9% de la población indígena de Colombia. Este pueblo se concentra mayormente en el departamento de Nariño donde habita el 86,6% de la población.

Pueblo Indígenas autoreconocidos en el censo del 2005 Porcentaje población indígena nacional
Awá 25.813 1,9 %

El Instituto Colombiano de Reforma Agraria por medio del Resolución de Constitución 001 de 1993 constituyó el resguardo Pialapí-Pueblo Viejo-San Miguel-Yaré y adjudicó a la comunidad 5.276 hectáreas. La población del resguardo según:

  • Resolución de constitución número 001 de 1993 –INCORA-: La comunidad estaba conformada por 668 personas agrupadas en 117 familias.
  • El Censo Nacional de 2005 del DANE: reportó 1.466 indígenas en el resguardo.
  • Proyección estadística a 2012 –DANE-: se estima que para este año la población indígena del resguardo asciende a 1.604 personas.

La densidad de la población con respecto al año en que se constituyó el resguardo correspondía a 7,89 hectáreas por habitantes, y con base en la proyección poblacional del DANE para el año 2012, esta densidad es de 3,28 hectáreas por habitantes.

Relación poblacional del resguardo respecto al pueblo indígena.

Población según Censo 2005 % Población
Pueblo Awá 25.813 100%
Resguardo Pialapi-pueblo Viejo-San Miguel-Yaré 1.466 5,67%


Poblamiento y distribución espacial de la población

La comunidad indígena Awá de Pialapí-Pueblo Viejo-San Miguel-Yaré, se encuentra ubicado en la margen derecha del Río Vegas, en jurisdicción del municipio de Ricaurte, departamento de Nariño. La vivienda de los Awa sigue la línea de construcción que caracteriza a la región del Pacífico, es decir, viviendas aéreas. Su estructura consta de una alcoba, una cocina y un corredor muy amplio. Son viviendas hechas en hoja de palma de chonta y gualte, las cuales se machacan para formar una estera. El piso es hecho en madera y el techo tiene una amplia pendiente para evacuar el agua cuando llueve. En el espacio que queda debajo de la casa se recoge a los animales domésticos. Su patrón de residencia se caracteriza por la dispersión de sus asentamientos a lo largo de los ríos. Viven en casas separadas entre sí, por varias horas de camino. Los asentamientos tienen un núcleo de casas perteneciente a las personas con lazos directos de consanguinidad, quienes a su vez ejercen funciones de dirección del asentamiento[50].


Sistemas de parentesco

Parentesco

La organización se fundamenta en la familia, compuesta por padre, madre y sus hijos, a veces incluyendo a sus padres ancianos. Su sistema de filiación es patrilineal; las parejas próximas a casarse tienen un período de amaño que puede durar varios meses, seguido por la asignación, por parte del padre de la novia, de un terreno para que la nueva pareja construya su vivienda y empiece a cultivar. En promedio sobre los quince años, los jóvenes de la comunidad empiezan a buscar pareja.


Movimientos migratorios y desplazamientos

Migración y desplazamiento

El desplazamiento forzado para nosotros los pueblos indígenas incrementa el riesgo de exterminio físico, étnico y cultural; el delito del desplazamiento forzado ha lesionado nuestra integridad como pueblo Awá y en general, la de los pueblos indígenas del país no solamente en las últimas décadas y desde que existe legislación y jurisprudencia en la materia, sino que se constituye en una injusticia histórica persistente desde la llamada “conquista“ de América, hasta el actual período republicano. En relación con el desplazamiento forzado la Honorable Corte Constitucional emitió la Sentencia T-O25 de 2004 en la cual hace la declaratoria formal de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. Esta es una decisión que toma la Corte cuando hay una violación reiterativa de múltiples derechos sobre un grupo poblacional amplio y cuya solución involucra la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural, que es justamente lo que está pasando con el desplazamiento forzado y es también la solución que se requiere para el mismo. Esta es la séptima vez que la Corte Constitucional emite una orden de esta magnitud, tal como lo reseña ella misma en la citada sentencia, número de veces que resulta preocupante siendo la Constitución Política de Colombia relativamente joven. Es claro para nosotros que el conflicto armado que estamos padeciendo dentro de nuestro territorio es ajeno a la dinámica ancestral de vida Awá y ha generado el desplazamiento y la muerte de los hermanos y hermanas que habitan la selva, vulnerando los derechos que tenemos como pueblo indígena y como colombianos. Esta situación nos ha llevado a movilizarnos a nivel nacional e internacional para la defensa de nuestros principios de vida como pueblo y de la pervivencia en el territorio ancestral. La búsqueda de soluciones y salvaguarda de nuestro pueblo no es algo nuevo para nosotros, desde hace aproximadamente cinco siglos, en que iniciaron los atropellos y las violaciones a nuestros derechos, nos hemos mantenido firmes en la reivindicación de lo propio y en las exigencias presentadas a los gobiernos nacionales, siendo propositivos respecto de las medidas de prevención y protección que necesitamos se garanticen y se reconozcan[51].


Vulnerabilidad poblacional

El pueblo Awá también conocido como Kwaiker, Cuaiker, Cuaquier, Coiquer, fue incluido entre los pueblos indígenas en mayor riesgo de desaparición física y cultural debido a la grave afectación de los derechos individuales y colectivos del pueblo (Auto 004 DE 2009). La Corte Constitucional refirió la problemática del pueblo Awá en éstos términos: “Los derechos fundamentales individuales y colectivos del pueblo Awá están sujetos a violaciones de naturaleza permanente, sistemática y generalizada, derivadas de infracciones constantes del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano. Es de tal gravedad esta afectación, que la Defensoría del Pueblo en Nariño emitió en 2007 un informe defensorial como mecanismo para visibilizar su crítica situación. Para la Corte Constitucional no cabe duda de que el pueblo Awá atraviesa por una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas y sin antecedentes en la historia de los pueblos indígenas colombianos, que les pone en claro riesgo de exterminio por el conflicto armado“. Según el diagnóstico realizado por parte del Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la región habitada por los Awá se evidencia dos problemáticas principalmente; en primer lugar, la tenencia de la tierra y en segundo lugar la presencia de la coca y de los actores armados irregulares. Respecto a esta última problemática, cabe resaltar que el principal impacto de los cultivos de coca fue provocado por la llegada de foráneos desde los años ochenta, que les compraron tierra y les ofrecieron trabajo, razón por la cual su sistema de agricultura itinerante desapareció y quedaron atados a sus nuevos patronos, pues la caza y la pesca disminuyeron


Seguridad y soberanía alimentaria

Seguridad alimentaria

Producción y consumo:

El principal renglón económico de los Awá de Pialapí Viejo-San Miguel-Yaré, es la horticultura, ya que es la que consume el mayor tiempo social en relación con las otras tareas desarrolladas para conseguir los alimentos. La economía es de subsistencia. El sistema de agricultura es la tumba y pudre de la vegetación, la siembra se hace al voleo y en algunos casos por el cultivo de colinos o esquejes. En el territorio Awá existen cultivos permanentes, semipermanentes y transitorios tales como el plátano, maíz, caña de azúcar, la tetera para la confección de sombreros, yuca, ñame, frijol, frutales como: papaya, guayabo, piña, caimito, aguacate, etc.


Soberanía alimentaria

Las fumigaciones aéreas a los cultivos de uso ilícito han generado graves impactos sobre nuestro territorio, entre los que están: la afectación sobre nuestra practica de medicina tradicional, como dijo uno de nuestros médicos tradicionales en uno de los diagnósticos realizados: “yo he curado mas de cien vidas por picadura de serpiente, ahora ya no me comprometo, pues con la fumiga, las plantas que utilizo para curar ya se han dañado y buscar una planta de esas que antes estaban cerca, ahora toca ir días selva adentro“. Nuestros cultivos de pancoger también se han visto afectados y el daño es profundo pues la tierra fumigada se vuelve estéril, nuestros frutos de la selva que recogemos en diferentes épocas del año de igual forma se han dañado por las fumigaciones, además éstas han causado la muerte de animales domésticos y silvestres afectando nuestro derecho a la alimentación y la biodiversidad de nuestro territorio. Mas grave resulta aún la muerte de nuestros niños y niñas como ha ocurrido en los resguardos de Gran Rosario, Gran Sábalo e Inda Sabaleta, donde se presentaron más de doce casos, afectaciones sobre nuestra salud, particularmente enfermedades gastrointestinales, de la piel y respiratorias; entre otras asociadas también a la contaminación de nuestras fuentes de agua. Por esta razón planteamos la detención inmediata de las fumigaciones y las erradicaciones manuales puesto que este último procedimiento ha servido para incrementar más la violencia contra nuestro pueblo. Frente a esto creemos que la única salida coherente con el respeto a la vida y a nuestra integridad como pueblos indígenas es el apoyo a nuestras iniciativas productivas orientadas a garantizar nuestra seguridad alimentaria y la generación de ingresos para nuestras familias; esto no es solo apoyar unos proyecticos productivos, implica un verdadero acompañamiento y asesoría para que estas iniciativas verdaderamente se puedan realizar facilitando nuestra integración al desarrollo económico y social de la región, respetando nuestra perspectiva cultural y concepción propia de desarrollo[51].


Salud y educación

Salud:

En materia de salud la situación de nuestras comunidades indígenas ha sido de desatención permanente por las siguientes razones: a. La mayoría de nuestras comunidades conservamos la cosmovisión propia, la salud ha sido trabajada por los médicos tradicionales de espanto, de mal viento, de chutún, de duende, de picadura de culebra, pulseadores, sobanderos y parteros en nuestro idioma awapit = iznakuttamkika; por medio de sus prácticas tradicionales rituales, las cuales nos han permitido sobrevivir con una mínima atención estatal. Como pueblo indígena conservamos nuestra lengua materna y, a pesar de contar con normas especiales de la Legislación Indígena Nacional, que nos amparan en cuanto a la atención gratuita en salud, no ha sido posible hacerlas cumplir en muchas oportunidades, porque los funcionarios de los hospitales y centros de salud, quienes deberían atender a cualquier ciudadano sin tener en cuenta las diferencias culturales, en muchas ocasiones no lo hacen. b. Dificultad para trasladarnos a los hospitales y centros de salud que existen en esta región (ubicados en las cabeceras municipales y en algunos poblados), ya que nuestras familias viven dispersas en extensos globos de terreno, distantes entre una hora, y hasta dos días, de camino de la carretera; tenemos tan solo caminos peatonales de trocha, cruzando quebradas y ríos mediante puentes de cable y en canoas. En los años de 1994 y 1995, la enfermera Gloria Narváez como asesora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, formó un grupo de voluntarios indígenas a quienes dio una dotación inicial; más adelante, la UNIPA concertó con el Plan Nacional de Rehabilitación de la Presidencia de la República, la formación de 24 Promotores en atención primaria en salud; la capacitación fue realizada por la Escuela Superior de Enfermería de Nariño, en el año 1994. En 1997, la UNIPA logró concertar con el Programa BID Plan Pacífico, la actualización de algunos promotores de salud y la formación de nuevos promotores indígenas en salud. La situación en materia de salud de nuestras comunidades se ha complicado por la aparición de enfermedades típicas del clima húmedo tropical de la región pacífica, y enfermedades traídas por los no indígenas, las cuales no pueden ser tratadas por los médicos tradicionales. A partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, nuestras familias indígenas por vez primera se vieron obligadas a conseguir y portar los carnets, por cuanto en los hospitales y centros de salud en muchas oportunidades no quieren atender a pacientes indígenas con las constancias expedidas por los gobernadores de los Cabildos. Hemos tenido que asumir la tarea de explicar a la población indígena, vinculada y afiliada al régimen subsidiado en salud, los derechos que tienen en materia de salud; el uso de carnets y certificaciones; los lugares y horarios de atención y demás aspectos relacionados con la prestación de servicios de salud, actualmente en la región. Por otra parte, es costumbre de las comunidades que cuando una persona se enferma, sus familiares salen a acompañarla; muchas veces los enfermos quedan hospitalizados y los acompañantes no tienen donde albergarse, ni los recursos para la alimentación y transporte; esta situación es similar para la consecución de citas y turnos. Lo anterior se complica aún más por cuanto los sistemas de atención propios y horarios de cada centro de salud y hospitales son distintos y desconocidos para nosotros; igualmente, la falta de recursos económicos para cubrir gastos de transporte y alimentación en casos de remisiones, es una sentida realidad. Falta sensibilidad y buenas relaciones humanas en el tratamiento especial que se debe dar a las personas indígenas que acuden a centros de salud y hospitales de las poblaciones y de la ciudad por parte de los encargados de prestar los servicios[52]. Educación: La Ley 715, en su Capítulo 2, dispone: “De las entidades territoriales: ARTICULO 151. Funciones de las Secretarías Departamentales y Distritales de Educación, en relación con la información (…) m) Consolidar y analizar la información de los municipios y remitirla al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los estándares fijados por éste, y, n) Establecer un sistema departamental y distrital de información en concordancia con lo dispuesto en los artículos 148 y 75 de esta Ley. c) Mantener actualizado el sistema de información de personal docente y administrativo y el sistema contable que estará a disposición del Ministerio de Educación Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de las Secretarías de Educación, o de los organismos que hagan sus veces“[53].


Oferta institucional

Oferta institucional

Estatal

La gobernación de Nariño a través de su Plan de Desarrollo Departamental “Nariño Adelante” 2012 – 2015, fundamenta su accionar en el proceso de la construcción colectiva del Plan de Desarrollo, en donde el Gobierno Departamental se compromete en acompañar a los pueblos indígenas y a las comunidades afros en la gestión para formular e implementar sus planes de vida, encaminados al fortalecimiento cultural, social, económico, ambiental y político. Será una prioridad en la agenda del Gobierno Departamental la interlocución nacional e internacional para lograr el respeto a los pueblos y sus territorios, enfrentados a la crisis humanitaria, la presencia de cultivos de uso ilícito y el conflicto armado, en especial para los pueblos Awá, Kofán y Eperara-Siapidara. Se adoptarán e implementar los planes de salvaguardia de los pueblos Awá, Inga, Cofan y Eperara Siapidara. Se Consolidará los mecanismos de coordinación entre la justicia indígena y el sistema judicial estatal. Se Promoverá la creación de una universidad intercultural a partir del fortalecimiento de la Escuela de Derecho propio del Pueblo de los Pastos. Ofrece fortalecer la medicina tradicional indígena, mediante el fortalecimiento de la Salud Ancestral, Cultura y Educación Intercultural, la Autoridad, Autonomía y Justicia y los procesos propios para los proyectos productivos- Minga y Pervivencia. De igual manera se concertarán agendas para el desarrollo de los acuerdos priorizados en las tres subregiones de la costa pacífica, en temas de fortalecimiento de educación, salud, desarrollo productivo, entre otros.[54]


Organizaciones indígenas

Las organizaciones presentes en territorio nariñense son la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara – ACIESNA, La Unidad Indígena del Pueblo Awa – UNIPA, el Cabildo Mayor Awa de Ricaurte – La Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas del Nudo de los Pastos – SHAQUIÑAN y el Resguardo Inga de Aponte. Estas fundamentan sus actividades en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas de Nariño y Colombia.[2]


ONG y organizaciones privadas

Las organizaciones privadas y las ONGs apoyan a las comunidades indígenas en procesos de visibilizacion de la situación del conflicto de sus territorios, además ayudan a generar espacios para la puesta en marcha de iniciativas que ayuden a mitigar estas multiples problematicas. La organización Human Rights Watch ONG internacional defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch brinda acompañamiento al pueblo Awa en casos infortunados como masacres y desplazamientos.[55]

Organizaciones locales como FUNDEPAZ acompañan a las comunidades en espacios propios, debido a la confianza y agradecimiento que estas les tiene, recientemente esta organización formó parte del Encuentro de Intercambio de Experiencias de Organizaciones Etnicoterritoriales del Proyecto Bosques y Territorio con ACIN, realizado en el Predio el Verde Diviso, jurisdicción del Municipio de Barbacoas, departamento de Nariño, un evento apoyado por la organización Oxfam GB que es una organización internacional, británica, de carácter independiente, de cooperación y acción humanitaria. El principal objetivo de este evento fue Propiciar un espacio de aprendizaje y reflexión sobre mecanismos de protección y control del territorio, a partir de las experiencias de las guardias Indígenas de ACIN, UNIPA y los cabildos de Chigorodó y Mutatá con las organizaciones afrodescendientes e indígenas que no tienen Guardia, que permita el conocimiento y fortalecimiento de mecanismos de abordaje y problemáticas concretas, especialmente de las mujeres participantes en estos procesos. Participaron las siguientes organizaciones: la Asociación de cabildos Indígenas del Norte del cauca- ACIN, la Unidad Indígena del Pueblo Awá-UNIPA, el Cabildo Mayor de Mutatá, el cabildo Mayor de Chigorodo, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Medio Atrato- COCOMACIA, EL Consejo Mayor del Alto Guapi, la Federación de la Comunidad Awá del Ecuador-FCAE y el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte- CAMAWARI[56]


Agencias de cooperación internacional

Nariño es uno de los departamentos en los que la cooperación internacional hace mayor presencia debido a la situación actual de conflicto que padece. Se encuentran la mayoria las agencias del SNU como los ACNUR, PNUD, FAO, OIM, ONUMUJERES, UNODC y OCHA, que interactúan con cooperantes como el NRC, la AECID, OXFAM, Solidaridad Internacional, entre otros.

Estos desarrollan procesos de fortalecimiento de gobernabilidad, autonomía, derecho propio, seguridad alimentaria, mujer y genero, derechos humanos, entre otros. Un ejemplo claro de intervención en los territorios es el “Programa Conjunto Ventana de Paz” que busca consolidar las capacidades, activos locales y regionales para la construcción de la paz y el desarrollo, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la participación ciudadana, la convivencia y el desarrollo socio-económico sostenible, e incorporando las perspectivas étnico-cultural y de género como condición necesaria para avanzar en el logro de los ODM. Se realiza en municipios de la costa pacífica y de la frontera andina del Departamento de Nariño, región que registra índices de violencia, pobreza, y una concentración de cultivos ilícitos superiores al promedio nacional. Se propone implementar un modelo innovador de construcción de paz con enfoque territorial y de género replicable en otras regiones del país a través de iniciativas estratégicas para la prevención y gestión de crisis y conflictos, para el fortalecimiento del Estado de derecho y para la recuperación de los medios de vida y la promoción del desarrollo socio-económico.[57]

Así mismo en años anteriores la cooperación Vasca a través de la Organización MUNDUBAT apoyo a ACIESNA en proyectos como Restablecimiento de condiciones de seguridad alimentaria indígena del pueblo Eperara – Siapidaara en el Departamento de Nariño y Fortalecimiento Del Sistema Tradicional de Producción como Estrategia para el Ejercicio Del Control Territorial del Pueblo Eperara Siapidaara y Empoderamiento de las Mujeres Indígenas en la Organización.[58]

La Red Latinoamericana de Juventudes Rurales, El Banco interamericano de Desarrollo y BID Juventud Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil, ofrecen el Concurso Latinoamericano de Proyectos Juveniles Rurales que para el caso del Pueblo de los Pastos se propueso por parte de los y las jóvenes “Capacitar de forma estratégica a 600 jóvenes del resguardo de Cumbal con el desarrollo de actividades organizativas y conocimientos propios indígenas que posibiliten el fomento de las habilidades y valores de la cultura, a la vez, permitan recrear las prácticas tradicionales existentes en el resguardo. Y en el termino de 20 meses tener mínimo una organización constituida por cada vereda y cada una con su iniciativa presentada al centro de la juventud.” [59]

Lo anterior evidencia el apoyo de la cooperación internacional en diversos temas buscando la participación eficaz y eficiente de las comunidades en los procesos realizados.


Aspectos jurídicos y legales

Trámites y necesidades en materia territorial En 1558 la Corona Española realizó el primer censo de la población indígena andina, contabilizando 19.000 familias en lo que en la actualidad es el Departamento de Nariño. Algunos pueblos desaparecieron totalmente, mientras que en los restantes se ha dado un fenómeno gradual de disminución de la población. Todo como consecuencia de la resistencia a la invasión española, la desigualdad y la discriminación hacia el mestizaje social que, sumados al despojo injusto de las tierras, han llevado a los pueblos indígenas a someterse a cambios en su pensamiento, cultura usos y costumbres, hasta su transformación y adaptación hacia formas culturales de la sociedad no indígenas. Lo anterior se une a una situación de opresión que ocasionó la renuncia a la propiedad social y comunal de la tierra, hecho que llevó a la adopción obligatoria del concepto de propiedad privada e introdujo a las comunidades en una economía de mercado en condiciones de marginación. Hoy en día el Departamento al que pertenece el resguardo presenta una distribución inequitativa de la tierra, ya que la mayor parte, especialmente aquella que es apta para actividades agrícolas, se encuentra en muy pocas manos[60]. La etnia que posee el resguardo, manifiesta que la UNIPA, y posteriormente CAMAWARI, han incorporado una política de consolidación de sus territorios mediante la legalización de los resguardos ante el Gobierno Nacional, por lo que destinan parte de sus recursos para conseguir este objetivo legal[61]. El resguardo obtiene su titulación mediante la Resolución 001 del 01 de Febrero de 1993, del INCORA[62]. Además, en la actualidad existe un trámite de solicitud de ampliación en el INCODER[63]. Necesidades: Es preciso promover acciones en favor de la protección de la diversidad y la conservación biológica del territorio, atendiendo especialmente los derechos de las comunidades en cuanto al acceso a la propiedad de los recursos genéticos y a la participación en el proceso de reconocimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales del país; además, se requiere de una atención especial y un apoyo constante a la cultura y necesidades particulares de estos sectores. Es de vital importancia desarrollar proyectos que busquen el fortalecimiento de la cultura y la calidad de vida de la población[64].


Instrumentos internacionales, jurisprudenciales, legales y generales

Cuando se trata de la consideración por la autonomía territorial, es necesario hacerlo a partir de términos de respeto por una jurisdicción indígena propia, para lo cual es posible retomar lo que la Corte Constitucional argumenta en la sentencia T-552 de 2003 cuando afirma que: “Hasta aquí se tendría que para que proceda la jurisdicción indígena sería necesario acreditar que 1) Nos encontramos frente a una comunidad indígena, que 2) Cuenta con autoridades tradicionales, que 3) Ejercen su autoridad en un ámbito territorial determinado. Lo anterior, sin embargo, no sería suficiente por cuanto se requiere, además, establecer la capacidad de esas autoridades de los pueblos indígenas para ejercer jurisdicción conforme a usos tradicionales. Esto es, puede existir un reconocimiento formal de resguardo y cabildo, pero no darse materialmente los supuestos de la jurisdicción, por carencia de normas y prácticas específicas de control social, por ausencia de procedimientos de juzgamiento, o porque las autoridades tradicionales han dejado de ejercer ese tipo de funciones”[65].

  • La Corte Constitucional, con el aval de la Constitución Política, ha afirmado en la Sentencia T-769 de 2009, que es necesario reconocer la diversidad étnica y cultural de la Nación. Lo anterior, dado como principio fundamental desde el punto de vista democrático, participativo y pluralista del país.
  • Así, estas comunidades indígenas comparten costumbres ancestrales, hecho que implica un esquema de valores propios que identifican su cultura y su tradición; por esta razón gozan de un trato constitucional especial que define a los resguardos como propiedades colectivas, de naturaleza inajenable, inalienable, imprescriptible e inembargable.
  • Tales características especifican el derecho de las comunidades sobre su propiedad colectiva como factor de suma importancia, ya que permite el respeto de su cultura, valores propios y de sus características como comunidad indígena, que son reconocidas por convenios internacionales, igualmente ratificados por el Congreso[66].
  • Mediante Sentencia SU-039 de 1997, la Corte Constitucional afirma que la comunidad indígena ha pasado de la realidad fáctica y legal a su constitución objetiva como sujeto de derechos fundamentales. Así, deja en claro que la explotación de recursos en las zonas correspondientes al territorio indígena, debe hacerse de manera proporcional, de tal forma que el Estado propenda por la integridad social, cultural y económica de dichas comunidades. Lo anterior, en aras del respeto a los derechos fundamentales del colectivo, que es efectivamente una entidad cohesionada como grupo humano y como cultura[67].

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, sugiere al Estado que, en coordinación con los representantes y voceros de las comunidades afectadas, adopte y aplique las medidas necesarias para que la población cuente con la presencia de las instituciones estatales, y de esta forma evitar la violación de los Derechos Humanos. Lo anterior compromete al Gobierno para brindar el apoyo político y económico que sea necesario, así como a contribuir en la gestión de una presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en la región[68].

Conflicto armado interno, DDHH y DIH

Violaciones DDHH

El Resguardo está ubicado en el Municipio de Ricaurte; cuenta con una ubicación estratégica y yacimientos de oro, zinc, cobre, plata, platino y molibdeno[69]. Se encuentra en la región con mayor cantidad de bosques húmedos en América, reconocida a nivel internacional como espacio de gran riqueza natural; este tipo de condiciones han llevado a que diversas organizaciones, legales e ilegales, se interesen en ocupar y explotar la región. La zona se encuentra en condiciones de vulnerabilidad frente a la presencia de actores armados, legales e ilegales, que se disputan el control territorial. Al tiempo, distintas multinacionales tienen intereses económicos alrededor de la explotación de los recursos naturales y en su afán de conseguir sus objetivos, violan los derechos de los pueblos indígenas que habitan ancestralmente el territorio y destruyen el patrimonio ambiental. Entre los derechos más fuertemente ignorados de los pueblos indígenas, se encuentran:

  • Derecho a la vida.
  • Derecho a la libertad.
  • Derecho a la salud
  • Derecho a vivir en paz.
  • Derecho a la seguridad.
  • Derecho a no ser discriminado.
  • Derecho a la integridad física y mental.
  • Derecho a la libre determinación.
  • Derecho a la autonomía y el autogobierno.
  • Derecho al consentimiento libre, previo e informado.
  • Derecho a no ser desplazado por la fuerza de sus tierras.
  • Derecho a no ser sometido a genocidio ni a ningún otro acto de violencia.
  • Derecho a que no se desarrollen actividades militares en tierras o territorios indígenas.
  • Derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y recursos.
  • Derecho a las tierras, territorios y recursos que se han poseído tradicionalmente, ocupado, utilizado o adquirido.
  • Derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales.


Infracciones al DIH

Entre las múltiples infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se encuentran:

  • Incursiones.
  • Ataques a la infraestructura del resguardo.
  • Reclutamiento forzado: los responsables de este tipo de actividad son los grupos al margen de la ley, que se valen de los niños, niñas y jóvenes indígenas para utilizarlos en sus acciones.
  • Persecuciones.
  • Violencia de género.
  • Secuestros: el 25 de Agosto de 2004 las FARC secuestraron al Alcalde Indígena, a su conductor y a su escolta en el territorio al que pertenece este resguardo.
  • Tratos crueles inhumanos o degradantes: el 13 de Junio de 2005 la Policía incurrió en abuso de autoridad y agresiones personales contra 3 indígenas Awá en la estación de policía.
  • Ocupación y destrucción de bienes protegidos, sitios comunitarios, viviendas o escuelas: el 2 de Febrero de 2007, el Ejército Nacional realizó operativos en la región y efectuó ataques que no consideraron a la población civil, éstos provocaron la destrucción de bienes de la comunidad. El 8 de Enero de 2004 se vieron afectadas varias viviendas de la comunidad por los disparos efectuados durante las confrontaciones del Ejército con el ELN.
  • Desaparición forzada: el 28 de Septiembre de 2006, en el municipio de Ricaurte, al que pertenece este resguardo, integrantes de la Columna Mariscal Sucre de las FARC, raptaron y desaparecieron a José Valenzuela y John Jairo Valenzuela.
  • Detenciones arbitrarias: el DAS y la Policía Nacional cometieron actos de abuso de autoridad en este resguardo; obligaron a 200 indígenas a entregar sus celulares y tomaron sus huellas digitales sin orden judicial. En este resguardo se presentó la detención arbitraria, realizada bajo actos de abuso de autoridad, amenazas y maltrato físico, de Eder Burgos (Coordinador de Justicia) y Braulio Canticus (Secretario General), por parte de la Policía Nacional.
  • Presencia de actores armados en el territorio: existe actividad armada de fuentes legales e ilegales, que realizan operaciones por el control territorial; dictan sus propias normas y reglas de comportamiento y ejercen el control del territorio y de la jurisdicción indígena, utilizan a civiles como informantes, convirtiéndolos de esta manera en objetivos militares que son atacados por los otros bandos. El 15 de Junio de 2005, se presentó el desplazamiento masivo de la comunidad, debido a saqueos y hostigamientos realizados por el Ejercito Nacional.
  • Señalamientos y estigmatización: grupos armados legales e ilegales acusan a los indígenas de la etnia Awá de ser colaboradores o parte de los bandos que participan del conflicto, esto convierte a la comunidad en objetivo militar y la hace vulnerable frente a los ataques de cualquiera de los grupos armados.
  • Restricciones: los grupos armados presentes en el territorio aplican medidas que impiden la movilidad, hecho que imposibilita la libre circulación de las personas, el transporte de alimentos y de artículos de primera necesidad. Las restricciones a la movilidad descritas generan a la vez el confinamiento de las comunidades, puesto que no pueden desarrollar normalmente sus actividades cotidianas y tradicionales, y ponen en riesgo la salud y la seguridad alimentaria de los habitantes del resguardo.
  • Cultivos ilícitos: la presencia de este tipo de cultivos está ligada directamente a la política antinarcóticos que se implementa en los Departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá, que ha llevado a que la población dedicada a esta actividad se trasladara a Nariño, hecho que ha tenido un alto impacto en las dinámicas socioeconómicas locales.
  • Además, la política de erradicación de cultivos ilícitos tiene como uno de sus ejes principales la realización de fumigaciones y éstas se efectúan, sin realizar consulta previa con el pueblo indígena, en sectores aledaños a los resguardos. Con ello se ha puesto en riesgo el medio ambiente, debido a la contaminación de fuentes hídricas, la salud de los habitantes, quienes denuncian serias afectaciones dermatológicas, digestivas, respiratorias y visuales, especialmente en niños y adultos mayores, y la seguridad alimentaria del pueblo indígena, porque los animales de cría y los cultivos de pancoger se ven afectados y deteriorados irremediablemente. En este sentido, es posible citar el caso ocurrido el 25 de Diciembre de 2006, cuando la comunidad de este resguardo se vio afectada por fumigaciones aéreas y sufrió la pérdida de bienes y la contaminación de aguas.
  • Por otro lado, la presencia de monocultivos legales e ilegales, ha generado cambios en la estructura de la propiedad de la tierra, puesto que en la actualidad se han desarrollado enormemente los latifundios para la explotación industrial de diferentes productos.
  • La existencia de cultivos ilícitos y monocultivos ha provocado problemas territoriales, debido a que encarece la tierra e imposibilita a los pueblos indígenas su adquisición para ampliar sus resguardos, además, permite la venta indebida de parcelas dentro de los resguardos y la presencia de población no indígena que trata de apropiarse de las tierras mediante el engaño o la violencia, generando situaciones de desplazamiento.
  • Amenazas de muerte: se han presentado diversos actos de este tipo en contra de indígenas, familias, comunidades, líderes y directivos de organizaciones Awá. En Mayo de 2006 fueron amenazados por guerrilleros de las FARC, varios líderes de la organización indígena CAMAWARI en el Municipio al que pertenece este resguardo. Por otra parte, el 12 de Agosto de 2006, el comandante de las AUC amenazó y fijó un plazo para la salida de 21 personas del territorio, entre indígenas Awá y población mestiza de Altaquer. Por último, entre el 15 de Junio al 1 de Julio de 2005, se presentaron amenazas y hurtos contra la comunidad por parte del Ejército, Grupo Cabal Ipiales, de Contraguerrilla.
  • Asesinatos: los grupos armados ilegales han hecho de la comunidad Awá una víctima constante de homicidios. Esto se debe en gran parte a señalamientos equivocados en contra de los miembros de la comunidad de pertenecer o colaborar con los bandos que intervienen en el conflicto; también se han cometido asesinatos debido a que los indígenas se rehúsan a colaborar con los grupos armados y por tratar de escapar de la región para salvar su vida, luego de que han sido amenazados. Sin embargo, es necesario aclarar que no existe información exacta al respecto, ya que la población tiene miedo de denunciar.
  • Los grupos armados legales, como el Ejercito, también han cometido excesos en contra de la población del resguardo; se han conocido casos en los que habitantes indígenas han sido detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados y posteriormente reportados como guerrilleros muertos en combate; además de esta situación, se presenta maltrato físico, verbal y psicológico que causa miedo y desplazamiento, y el robo de comida de restaurantes escolares, cultivos de pancoger, animales de corral y de cría en territorios indígenas[70].

Algunas situaciones presentadas en este resguardo son:

22 de Abril de 2004 Integrantes de la Policía Nacional asesinaron a Héctor Orlando Taicus
15 de Junio de 2005 Miembros del Ejército Nacional asesinaron al indígena Germán Efraín Guanga1
17 de Abril de 2006 Un grupo armado no identificado asesinó al ex-gobernador del resguardo, Manuel Arturo García Guango1
  • Tortura: el 2 de Diciembre de 2006, miembros de la Policía Nacional torturaron al indígena Jesús Orlando Chicaiza Rodríguez, que se encontraba detenido en la Estación de Policía de Ricaurte[71].
  • El resguardo se encuentra en la zona de influencia del Plan IIRSA (Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica), que tiene un tramo denominado Carretera Tumaco-Pasto, de 284 kilómetros en el corredor Multimodal Tumaco-Belém do Pará, Eje Amazonas. A pesar de que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial consideró que el proyecto es ambientalmente viable, INVIAS no ha presentado aún el Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de la obra antes de la construcción[72].
  • Desplazamientos forzados: la etnia Awá, a la cual pertenece este resguardo, es una de las más afectadas por el fenómeno de desplazamiento forzado, y se han presentado actos que involucran esta problemática en distintos sentidos, como: individuales y masivos definitivos, temporales, interveredales y de reincidencia. Es posible reconocer el problema si se observa, por ejemplo, el desplazamiento masivo del 15 de Junio de 2005, cuando 1400 indígenas de este y de los resguardos de Cuchilla y Palmar Maguí, se vieron obligados a abandonar sus tierras debido a enfrentamientos entre los grupos armados legales e ilegales.
  • Un segundo caso se presentó el 12 de Marzo de 2004, en el marco de la operación militar “Río Blanco-Gladiador”, que dio como resultado el asesinato del indígena Germán Efraín Guango, además ocurrieron saqueos y hurto de alimentos de la escuela, robo de animales de cría, quema de pertenencias de la comunidad y el desplazamiento de unos 1400 indígenas, de este y de los resguardos de Pialapi Pueblo Viejo, Maguí y Cuchilla del Palmar[73]. Por último se presentó un desplazamiento masivo el 3 de Agosto de 2006, cuando 1816 indígenas de la etnia Awá se vieron obligados a salir de sus tierras debido a enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla[74].
  • Presencia y accidentes con Minas antipersonales (MAP) y Municiones sin estallar (MUSE): utilizadas por los grupos armados ilegales como estrategia para frenar el avance de los adversarios; son ubicadas en territorios indígenas que son paso obligatorio, en lugares sagrados, sitios de caza y pesca, sometiendo así a las comunidades a afectaciones físicas y psicológicas, cuyos principales afectados son los niños6. El 18 de Agosto de 2007, dos indígenas Awá fueron víctimas de campos minados instalados en sus territorios[75].
  • Amenazas: el 12 de Febrero de 2008 se presentaron amenazas en contra de Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá –UNIPA-, a través de un correo electrónico, enviado por el grupo paramilitar “Organización Nueva Generación”, en el que se tilda a la organización indígena de guerrillera.
  • Detenciones arbitrarias: el 26 de Octubre de 2005, el Sargento Ramírez de la Policía Nacional, detuvo a dos líderes indígenas Awá: el Coordinador de Justicia del Cabildo Mayor del pueblo Awá de Ricaurte y el Secretario General de la Organización Zonal CAMAWARI; el hecho sucedió en la vereda Chucunés, del Municipio de Mallama, luego de ser retenidos fueron llevados al Municipio de Ricaurte[2].


Actores armados

Grupos armados ilegales:

  • FARC: Frente 29.
  • ELN: Mártires de Barbacoas[76].
  • Grupos paramilitares post desmovilización de las autodefensas: Rastrojos y Águilas Negras[77].

Fuerza Pública:

  • Brigada XXIX del Ejército: creada en el año de 2005 para ejercer control sobre la zona de expansión de cultivos ilícitos y para que realice labores de erradicación, fumigaciones e incautaciones de insumos.
  • Brigada Móvil XIX del Ejército: creada en 2007 para contribuir con el desarrollo de las tareas de erradicación de la Brigada XXIX[78].


Respuestas al conflicto

La Corte Constitucional, mediante Auto 174 de 2011, solicita al Ministro del Interior y de Justicia que, de manera coordinada con los Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Educación Nacional, de la Protección Social, de Defensa Nacional, los Directores del Departamento de Planeación Nacional, del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersona, y de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, así como al Gobernador del Departamento de Nariño, que:

  • “Adopten como medida cautelar un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, que atienda de manera inmediata e integral las necesidades más apremiantes de seguridad física – incluida la relativa al desminado humanitario , de atención humanitaria en salud, educación, refugio o alojamiento temporal y cualquier otra medida urgente requerida para asegurar la pervivencia del Pueblo Awá, de tal manera que ofrezca una respuesta de atención continua, temporal y congruente con la crisis humanitaria que padece esta etnia, tendiente a garantizar su vida física y cultural, su integridad, seguridad y dignidad, mientras se avanza de manera acelerada en el cumplimiento de las órdenes impartidas en el auto 004 de 2009.
  • Las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del pueblo Awá en el marco del Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, deberán dar plena aplicación a los principios del DIH, de tal manera que las autoridades responsables, al evaluar las distintas alternativas operativas y estratégicas posibles, opten por aquella que implique mejores resultados en términos de seguridad y de protección efectiva de los derechos del Pueblo Awá, así como medidas concretas para reducir los riesgos que puedan surgir como reacción a la presencia de la Fuerza Pública. Las medidas de protección a la vida y a la integridad personal, que deban adoptarse de manera urgente e inaplazable, no requerirán ser consultadas previamente.
  • Sin embargo, las medidas relativas a los demás componentes del Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia, deberán ser consultadas con la comunidad en el espacio creado al instalarse la consulta para efectos de cumplimiento del auto 004 de 2009, según lo ordenado en este Auto.
  • Esta medida cautelar además deberá ser formulada e implementada de manera coordinada entre las distintas entidades involucradas, del orden nacional, departamental y municipal, dando aplicación adecuada a los principios de concurrencia y subsidiariedad, de tal manera que se garantice la atención integral y el uso adecuado de los recursos y que cumplirá con las siguientes características: (1) Deberá mantenerse hasta tanto entren en operación efectiva el Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Awá y el Programa de Garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado y persistan las actuales condiciones de inseguridad, necesidad y vulnerabilidad; (2) adopción, como medida cautelar, no sustituirá ni aplazará el cumplimiento de lo ordenado en el auto 004 de 2009, en relación con el Pueblo Awá, ni con los demás pueblos indígenas protegidos por el mismo”[79].

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, destaca la necesidad de que la fuerza pública y los grupos armados ilegales acaten de manera inmediata y obligatoria, y den cumplimiento, a las normas de Derecho Internacional Humanitario. Así, será necesario abstenerse de realizar ataques contra la población civil y limitar los efectos contraproducentes, para la comunidad, de las operaciones militares[80]. Por su parte, la ONU en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratifica el derecho de estos a ser diferentes y respetados como tales, libres de toda forma de discriminación y capaces de ejercer su derecho al desarrollo de acuerdo con sus necesidades e intereses. Además, reconoce la imperiosa necesidad de respetar y promover los derechos propios de dichos pueblos, tales como la libre determinación, la autonomía y el autogobierno en cuestiones políticas, sociales y culturales, y afirma que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas pertinentes para asegurar la protección de los mismos[81]. El convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado colombiano y aprobado por el Congreso, mediante Ley 21 de 1991, busca reivindicar los derechos a la autodeterminación, el autogobierno y la propiedad de sus territorios ancestrales[82]. Según el Auto 004 de 2009, el Estado colombiano tiene la obligación de prevenir las causas de desplazamiento forzado y atender con enfoque diferencial a la población indígena que lo padece; para ello, ordena que se diseñen e implementen planes de salvaguarda étnicos y programas de garantías de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado y el conflicto armado[83].


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